La seguridad jurídica en la costa cántabra está lejos de ser un valor seguro pese a los cambios normativos. Arca, la asociación ecologista que ha promovido los procesos judiciales que han desembocado en las más de 500 sentencias de derribo de viviendas en la zona litoral, advierte de que va a seguir con esa estrategia tras la aprobación de la reforma del Plan de Ordenación del Litoral (el POL, que aprobaba este lunes el Parlamento).

El portavoz del colectivo, Carlos García, lo dejaba claro en Buenos Días Cantabria: en Arca van a recurrir «casa a casa» todas las construcciones que se vayan autorizando con este nuevo POL.

Porque ellos, al igual que la exdirectora de Urbanismo y madre del anterior POL aprobado por PRC-PSOE, Miriam García, en Arca consideran que esta reforma supone un retroceso en la protección del mediambiente.

Ellos reivindican que con el anterior POL se satisfizo una «demanda social», la de impedir los excesos del urbanismo que se habían producido en los años 70 y 80, con el resultado de paisajes como los de Laredo, Noja o Castro, entre otros.

Con él, destacaban, se han «salvado» grandes zonas de pradería de consta en lugares como Santillana del Mar o Langre, mientras que, a partir de ahora. «con esta modificación no sería de extrañar el que ahora empezaran a proliferar viviendas por esas zonas».»No podemos consentir que esta conquista social se eche abajo», aseveraba.

POSIBLE PREVARICACIÓN

El portavoz de Arca negaba una de las afirmaciones lanzadas por el Gobierno de Cantabria al defender la reforma del POL: que no sea necesaria su evaluación ambiental.

Y se remitía a la Ley cántabra de Evaluación Ambiental de 2006 que sitúa dentro de la recopilación de instrumentos en los que es necesario este paso al Plan de Ordenación del Litoral.

En consecuencia, Arca ha pedido a Medio Ambiente que les especifique «quién ha dicho eso» y «en base a qué informes técnicos», porque, si ha sido el director general de Medio Ambiente el que sostiene que no hace falta esa evaluación de impacto ambiental «podríamos estar ante un presunto delito de prevaricación».