Cantabria da los primeros pasos contra la represión de las protestas

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Este fin de semana está resultando clave para la articulación de la reacción social a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y al clima de represión de las protestas de los movimientos sociales que se va imponiendo.

La librería La Vorágine, en Santander (cuyo propietario, el periodista y activista Paco Gómez Nadal era juzgado esta semana por participar en una protesta en una oficina bancaria en Torrelavega), acogía a última hora de este viernes una reunión para la creación de una Asamblea en Defensa de las Libertades Públicas.

Cita que se suma a la constitución de una plataforma específica contra la represión, que se ha creado recientemente en Torrelavega, ante la preocupación por situaciones como las sanciones administrativas a los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) que participaron en el escrache al alcalde Ildefonso Calderón, entre otros casos.

Y este sábado a las 12.30 horas está convocada una manifestación “contra la nueva dictadura”, en Castro Urdiales, a cargo de todos los colectivos que se mueven en el municipio, (como las plataformas por las preferentes, contra los desahucios o contra el paro), que discurrirá desde La Barrera hasta la Plaza del Ayuntamiento.

Una manifestación que es la traslación local de otra cita importante de este sábado sobre el mismo tema: una nueva edición de ‘Rodea el Congreso’, convocada a las siete de la tarde en Madrid, en Neptuno, en lo que es uno de los tipos de protesta más penalizado con el proyecto de Ley de Seguridad Ciudana.

Al acto asistían en Santander asistieron ciudadanos a título particular, movidos por la preocupación común por la criminalización de las protestas que implica la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, para esbozar los primeros pasos a dar en la reacción, y que continuarán su trabajo.

ANTECEDENTES

De momento, y antes de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en Cantabria ya hay varios avisos a navegantes sobre las consecuencias de las protestas de calle.

Protestas Policia

Contra la criminalización de la protesta

María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT Cantabria, ha sido condenada a una multa de cien euros por arrojar clavos a la calzada en la huelga general (en unos hechos que ella siempre ha negado) y en los que al final se produjo una rebaja en la petición de penas que se planteaba inicialmente, y que rondaba los 30.000 euros de multa.

Un poco en la misma línea que Paco Gómez Nadal, periodista y activista impulsor de La Vorágine, quien se enfrentaba esta semana a un juicio por participar en una protesta en una oficina bancaria en Torrelavega, aunque finalmente la Fiscalía (el Ministerio Público) ha solicitado su absolución.

Allí, en Torrelavega, la sensibilidad al respecto es mayor, con una plataforma específica, toda vez que buena parte de los casos se concentran en una comarca en la que las protestas han sido mayores debido a los también más duros efectos de la crisis económica (con el cierre de Sniace como principal símbolo).

En Torrelavega se impusieron sanciones a activistas de la PAH que el pasado mes de abril participaron en el escrache a Calderón, decididas desde la Administración después de que una sentencia judicial las descartara y sin que se identificara a los participantes, reconocidos a través de una serie de fotos de ellos con que, según se admitió, cuentan los cuerpos de seguridad.

En Torrelavega, durante la última huelga general también se sancionó a otros dos activistas, uno de ellos de Izquierda Anticapitalista, por un incidente con la Policía, por el que la Fiscalía les pide 16 meses de prisión y multa de 4.000 euros.

Al margen de esto, otro caso siginificativo en Cantabria es el de Oscar Manteca, militante del Frente Cívico y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander (uno de los históricos del 15M en la capital), que pasó este verano una semana de arresto domiciliario por negarse a pagar la multa que le impuso una sentencia por participar, hace un año, en las protestas que recibieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a su llegada a un curso de la UIMP. La condena fue por los “insultos” al ministro.

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