Hace ya cuatro años que se celebró la última reunión del Consejo Cántabro de Cooperación, según denuncia la Coordinadora Cántabra de ONGDs.

Este organismo, creado en abril de 2008, es el máximo órgano consultivo y de participación de la sociedad en la definición y aplicación de las políticas de cooperación al desarrollo en Cantabria, y está compuesto por miembros del Gobierno de la región, los tres grupos con representación parlamentaria, una representación de las ONG y otros agentes sociales como la Universidad de Cantabria, la CEOE, UGT, CC.OO o la Federación de Municipios de Cantabria.

Entre las funciones del Consejo se encuentran las de proponer e impulsar iniciativas de sensibilización y educación; asesorar y asistir a las administraciones públicas; conocer los anteproyectos de ley o emitir dictámenes sobre cooperación, entre otras.

Funciones que, para la Coordinadora Cántabra de ONGD’s, “el Gobierno está claramente interesado en que no sean ejercidas, negándose reiteradamente a cumplir con su obligación de convocar al Consejo Cántabro de Cooperación Internacional a pesar que de éste debe reunirse de manera semestral, y a pesar de los numerosos requerimientos” que les han trasladado.

La Coordinadora critica este “incumplimiento” del Gobierno de Cantabria, que “desde 2011 se limita a decir que está reformando el Consejo”, un organismo que, recuerdan, no cuesta “ni un euro” a la ciudadanía de Cantabria ya que sus componentes no cobran compensación alguna por asistir a sus reuniones ni tiene ningún personal o sede asignado.

Además, la Coordinadora Cántabra de ONGD, en representación de las más de cuarenta organizaciones que la integran, exige “una vez más” al Ejecutivo cántabro que cumpla con su programa electoral, con el Pacto Cántabro contra la Pobreza (suscrito también por el Partido Popular) y con la Ley Cántabra de Cooperación, y que convoque “de manera inmediata” una reunión del Consejo Cántabro de Cooperación Internacional, “sin manipular su composición”.

También le piden que “rectifique su política de desmantelamiento de la política pública de cooperación de Cantabria, que se suma al resto de recortes en políticas sociales perpetrados por el actual Gobierno”.