Es algo así como el Debate sobre el Estado de la Nación, en el que habla el presidente, Emilio Botín, el líder del grupo –con sus anuncios y sus pronósticos económicos–, con su grupo de apoyo –los accionistas satisfechos—y con los partidos de oposición, los accionistas “forzosos” por culpa de sus productos financieros (preferentes, Valores), o los que aprovechan su condición de accionistas y su derecho a intervenir para lanzar mensajes críticos.

Es el principal banco español, uno de los más destacados de todo el mundo, y por eso una Junta de Accionistas del Banco Santander puede convertirse en un termómetro fiel de determinadas situaciones, en un país en el que el sector financiero tiene un protagonismo destacado durante la crisis económica .

Una crisis que ya da por finalizada el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que presumía de haber capeado el temporal sin pérdidas y estar pensando ya en “aprovechar todas las posibilidades de crecimiento” que se les presenten.

Todo en un nuevo escenario, internacional, europeo y español en el que Botín se siente más cómodo, toda vez que tras la reestructuración del sector ya no hay cajas de ahorro y el Santander confía en aprobar con nota los test de estrés del Banco Central Europeo, en su nuevo papel de supervisor del mundo financiero.

Pero al margen del discurso del presidente, las intervenciones críticas también sirven para poner de manifiesto la otra cara del sector financiero, la de los excesos cometidos por entidades que comercializaron productos tóxicos, como los Valores Santander o las preferentes que también vende el banco.

Productos por los que la entidad presidida por Emilio Botín comienza a recibir sentencias en contra y sanciones económicas por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Al responder, Botín ha defendido la comercialización de los Valores, “transparente y ajustada a las normas y el procedimiento, y que además dieron una rentabilidad “muy interesante”.
Además, ha señalado que en la judicialización de estos productos, que están llegando a los tribunales, no se está cuestionando la “adecuación” de la documentación que manejaban los empleados a la hora de comercializarlos.

Las hipotecas de “riesgo” a través de su financiera UCI también se colaron en esa visión más crítica de la que no escapaba el papel del Banco en el sector inmobiliario, con hitos como la reforma y venta de su Edificio España, convertido en “paradigma de los disparates financieros e inmobiliarios de los últimos años”.

Los impagos de hipotecas están llevando a muchos ciudadanos a perder su vivienda en desahucios. La cántabra Teresa Toledo expuso a la Junta su problema: tras el fallecimiento de su marido está sola a cargo de su hijo, con unos ingresos de 800 euros que le llevan a una situación de “extrema vulnerabilidad y exclusión”, temiendo incluso por perder su casa ante la falta de alternativas que le está dando el Banco Santander para solucionar su problema.

Teresa se dirigía directamente a Botín ante la imposibilidad de llegar a acuerdos en las oficinas, al igual que Francisca, otra afectada por Valores y por UCI desplazada desde Calahorra, que, con muchos problemas en la voz, le pidió «más consideración».

«Mientras ustedes refuerzan sus balances, los nuestros van a peor».

A ella le respondió Botín en el acto, comprometiéndose a pedir a los responsables de su oficina que estudien su caso para buscarle soluciones.

Por no olvidar la presencia de miembros del 15M o de accionistas que pusieron el acento en otros aspectos: los trabajadores del sector financiero como paganos de la política de fusiones (con despidos y extensas jornadas de trabajo), el papel del banco en la venta de armas o la escasa presencia de mujeres en los consejos de administración, como denunció una de las pocas mujeres accionistas que intervino en la Junta.

ACCIONISTAS “FORZOSOS” Y CRÍTICOS

En las Juntas, año tras año, hay un activo grupo crítico, entre los que se encuentran los afectados por Valores Santander, un producto del banco que les ha convertido en “accionistas forzosos”.

En nombre de ellos, representando un millón de acciones, hablaba Alejandro San Millán, de ADICAE, la asociación de usuarios de banca y seguros que asesora a afectados y que está canalizando demandas colectivas.

San Millán reprocha al banco la falta de información suministrada a los clientes por el “engaño masivo” de este producto (con el que financiaron la compra del holandés ABN Amro), a los que suma los créditos de “riesgo” a través de su entidad para el sector inmobiliaria UCI.

Un grupo de afectados por Valores se desplazó desde Madrid a Santander para intervenir, animando la Junta ya desde el principio con carteles y pancartas contra la gestión del banco.

A los Valores añadía otro accionista las preferentes que también vende el banco, preguntando por qué sigue haciéndolo después de la sanción de un millón de euros que le ha impuesto recientemente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, también por la falta de información.

Y Juan Manuel Moreno, presidente de ACTIVA, una asociación en defensa de afectados por preferentes, censuró la gestión de los activos sociales del banco así como el “colapso” del fondo Banif para el sector inmobiliario.

En este punto, se refirió al Edificio España, antigua propiedad del banco que el presidente madrileño Ignacio González asegura que se ha vendido a un ciudadano chino, y que, a través de un documental “vetado” por el Santander, se ha convertido en el “paradigma de los disparates financieros e inmobiliarios de los últimos años”.

Sobre la responsabilidad de los bancos en la burbuja inmobiliaria habla otro accionista, en representación del 15M y del “tribunal ciudadano” frente a la banca, que reclamó un mayor control crítico por parte de los accionistas y advirtió de que se está generando una nueva burbuja, la de los créditos de baja calidad que están sirviendo para “dar dinero a los bancos”.

Teresa Álvarez apelaba al origen cántabro de Botín para pedirle ayuda y que su caso fuera incluido en el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras.