La Federación Cántabra de Fútbol celebró ayer su Asamblea General. Fue una asamblea doble, ya que tuvo que repetirse la de 2012, que había sido impugnada ante los tribunales porque en su momento se llevó a cabo omitiendo uno de los puntos del día. La asamblea correspondiente al ejercicio 2013 se celebró sin novedad: todos los puntos del día fueron aprobados, incluyendo el balance y la cuenta de resultados de 2013 y el presupuesto para 2014.

En cuanto a la asamblea de 2012, se aprobaron todos los puntos del orden del día salvo uno, el correspondiente a las cuentas del ejercicio 2011-12, que son objeto de una investigación judicial después de que una auditoría revelara la desaparición de varios cientos de miles de euros. Un asunto por el que la Fiscalía de Cantabria mantiene abierto un proceso judicial por apropiación indebida contra el anterior presidente de la Federación, Alberto Vilar.

El acto se desarrolló sin grandes contratiempos. Solo uno de los asambleístas impugnó las cuentas de 2013 alegando que las cifras no habían sido revisadas correctamente, algo que el actual presidente del organismo, José Ángel Peláez, desmiente categóricamente, ya que, según explica, todos los asambleístas recibieron el balance con veinte días de antelación a la celebración del acto.

Peláez asegura que la Federación ha cumplido estrictamente los plazos fijados por el Gobierno de Cantabria, tanto en lo referente al envío de la documentación como a la aprobación de las cuentas y los presupuestos.

En cuanto a las cuentas de la temporada 2011-12, el actual presidente del fútbol cántabro denuncia que la Federación ha tenido que soportar una regularización de 242.000 euros como consecuencia de los pufos heredados de la anterior gestión.

Los actuales responsables del organismo denuncian la gestión de Vilar durante su mandato, que a día de hoy sigue lastrando las cuentas de la Federación. Según Peláez, el anterior presidente, Alberto Vilar, no se presentó al concurso de acreedores del Racing de Santander, por lo que la Federación perdió los 97.000 euros que la entidad racinguista debía a la organización.

A esos casi 100.000 euros que se han perdido sin posibilidad de recuperación, hay que sumar otros gastos a los que la Federación debe responder por la anterior gestión: 65.000 euros por asientos contables erróneos, 45.000 euros de gastos inmovilizados que se incluyeron en las cuentas y de los que no hay constancia, y una presunta subvención del Gobierno de Cantabria que nunca se llegó a recibir.

«Todo esto está ahora mismo en los tribunales», explica Peláez, que asegura que el anterior mandatario, que está siendo investigado por la Fiscalía, se negó a declarar ante el Juzgado y no ha querido responder a los requerimientos de la Federación.

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