El expresidente del Racing, Francisco Pernía, declara este viernes como testigo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ante la juez Paz Hidalgo que investiga la venta del Racing a Ali Syed en 2011, a partir de una querella de la empresa pública Cantur por un quebranto patrimonial a las arcas públicas de 7,7 millones de euros

De esta manera, Pernía tendrá que contestar a las preguntas de la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, después de haber eludido hacer lo propio el pasado 29 de octubre, cuando no pudo serle notificada la primera citación, en lo que los abogados de la acusación calificaron como «nueva treta» del expresidente del club verdiblanco ante la Justicia.

«A un juzgado se puede entrar como testigo y salir como imputado», coinciden en señalar todos los que conocen en profundidad la trama del Racing y el procedimiento de la querella de Cantur. De manera que la citación testifical sería estrategia procesal, ya que, como testigo, Pernía tiene la obligación de decir la verdad al juez, mientras que como imputado puede no hacerlo en su defensa.

El expresidente del Racing estuvo omnipresente en la compra-venta de Zürich (y en los años anteriores, como hombre de confianza del empresario Javier Montalvo) pero no firmó un sólo papel sobre lo que la magistrada del TSJC investigaba en el origen: el quebranto a las arcas públicas de 7,7 millones de euros al levantar Cantur las garantías de cobro del crédito participativo a Dumviro, días antes de cerrarse la operación con Ali Syed.

Sin embargo, en el mismo auto en el que citaba a declarar como testigo a Pernía, la juez Paz Hidalgo cifraba en 43,8 millones de euros el quebranto a las arcas públicas de las operaciones del Gobierno regional (PRC-PSOE) en el Racing, desde que interviniera decisivamente en el año 2003, cuando liberó al anterior propietario, Santiago Díaz, de deudas por un valor de 20 millones de euros.

López Marcano, Revilla, Ali Syed, Pernía, Montalvo y Agudo, el 29 de enero en el antepalco de los Campos de Sport de El Sardinero.

Francisco Pernía es el keyman, el hombre «llave» de la compra-venta del Racing, de Dumviro Ventures a WGA Sports, de la empresa de Jacobo Montalvo a la empresa del indio Ali Syed, según figura en los contratos que se negociaron y firmaron en Zurich el viernes 28 de enero de 2011 y se sellaron en los Campos de Sport de El Sardinero al día siguiente, el 29 de enero.

Lo que investiga la juez Paz Hidalgo son las posibles responsabilidades que se derivan de la pérdida patrimonial del Gobierno de Cantabria en las operaciones de compra-venta del Racing, ya que para facilitar la operación de Zurich, Cantur levanta las garantías de cobro del préstamo participativo. Y efectivamente es un dinero público que nunca recuperaría el Gobierno.

Pernía llegó a la presidencia del Racing en el año 2006, cuando aterrizó en Santander Ramiro Cid, empresario ahora vinculado a la red de corrupción madrileña desarticulada en la Operación Púnica, que dejó el terreno allanado para la llegada de Jacobo Montalvo, siempre a través de la sociedad instrumental que diseñó Emiliano Garayar, Dumviro Ventures.

Para sus pesquisas, la juez Paz Hidalgo solicitó toda la documentación de los libros mayores del Racing, Cantur y CEP Cantabria, y también al propio Garayar, a quien ha requerido sus facturas tras la creación de Dumviro. Garayar facturó en los años posteriores más de 3,6 millones de euros con el Gobierno de Cantabria PSOE-PRC.

Garayar, uno de los testigos señalados por el querellante, el actual Gobierno del PP a través de la empresa pública Cantur, todavía no ha sido llamado a declarar.

Tampoco ninguno de los principales acusados: Ángel Agudo, exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria (2003-2011) y actual presidente del PSOE; Francisco Javier López Marcano, exconsejero de Deporte del mismo Ejecutivo, expresidente de la empresa pública Cantur y actual diputado del PRC y Luis Egusquiza, exdirector de CEP Cantabria y del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas).

Cantur les acusa de haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a ente público y delito societario por administración fraudulenta o desleal.

También están acusados Jacobo Montalvo y Dumviro Ventures, como cooperadores necesarios para la comisión de los anteriores presuntos delitos.

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