El empresario Jacobo Montalvo ha asegurado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que acordó con el anterior Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) no devolver la deuda de su empresa, Dumviro Ventures, con la empresa pública Cantur (7,7 millones de euros) hasta que el Racing no le pagase a él «lo que le debía».

Asimismo, el expropietario ha afirmado que no participó en la gestión del club y ha pedido la imputación del presidente en la etapa que se investiga: Francisco Pernía.

Montalvo ha declarado ante la magistrada Paz Hidalgo, en el marco de la querella de Cantur (PP) contra los presuntos responsables de la pérdida de dinero público en la venta del Racing de Santander a Ahsan Ali Syed en Zurich, aunque en el proceso de instrucción la juez ha ampliado el periodo de investigación hasta el inicio de la participación del Gobierno en el Racing (2004) y ha elevado el quebranto patrimonial a 43,8 millones de euros.

Más de seis horas ha durado un interrogatorio, de la juez, las acusaciones y la defensa, en el que Montalvo se ha reafirmado en la versión que dio en la comisión de investigación de Cantur sobre su entrada en el Racing, aunque ha suavizado un poco las presiones a las que se refirió en sede parlamentaria.

Entonces dio a entender que el exconsejero de Economía, Ángel Agudo, y su mano derecha financiera, Luis Egusquiza, habían condicionado la adjudicación de un proyecto inmobiliario con plusvalías multimillonarias, Ecoparque Besaya, a la entrada de la familia Montalvo como máxima accionista del Racing de Santander, en una cena en un conocido restaurante santanderino.

Así lo ha vuelto a asegurar ante la magistrada Paz Hidalgo, aunque ha reconocido que no lo consideró una amenaza. En cualquier caso ambos hechos sucedieron: Ecoparque Besaya se adjudicó a una empresa del grupo de la familia Montalvo (Alcalá 120), aunque el proyecto acabó tumbado por los tribunales, y Jacobo Montalvo entró en el Racing a través de Dumviro.

En su declaración, Montalvo ha asegurado que tras la cena con Agudo y Egusquiza entre otros, en el conocido restaurante de la zona de Puertochico, reunió al consejo de administración de Silver Eagle, que tras comentar lo ocurrido decidieron entrar en el Racing por motivos de «estrategia empresarial».

Por otra parte, el empresario ha asegurado que no participó en la gestión del club y ha pedido la imputación del presidente en aquella etapa, Francisco Pernía, que era empleado de Silver Eagle, su grupo de empresas. Y en relación a la venta de Zurich ha implicado a otro Pernía, Pablo, el hijo de Francisco, que era trabajador de Deloitte, una de las auditoras que asesoraron la operación.

La declaración de Montalvo se produce después de que la semana pasada comparecieran como imputados el expresidente del CEP Luis Egusquiza y los exconsejero de Economía Ángel Agudo y de Deportes Francisco Javier López Marcano, mientras que el 7 de noviembre ya lo había hecho el expresidente del Racing Francisco Pernía como testigo.

MUCHAS NOVEDADES EN EL PROCESO

El proceso ha contado con muchas novedades al inicio de una semana que se presentaba decisiva, aunque la fase clave de la instrucción no se completará hasta el 11 de diciembre, fecha a la que se ha aplazado la comparecencia del abogado Emiliano Garayar, que al hilo de las investigaciones la magistrada ha estimado citar en calidad de imputado. Su defensa ha argumentado la petición en base al tiempo necesario para estudiar toda la documentación.

Garayar es el cerebro jurídico de la participación del Gobierno en el Racing. Custodió el expediente del club verdiblanco en las Torres Kio y creo la sociedad instrumental Dumviro Ventures, horas antes de que el Ejecutivo le vendiera el club. Posteriormente facturó sus informes jurídicos tanto al Racing como al sector público empresarial del Gobierno, por importe de al menos 3,6 millones de euros.

Además, cumpliendo las recomendaciones de la juez Hidalgo en el auto del 10 de octubre que instaba a la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP Cantabria) y al Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) a personarse en el proceso, el Consejo de CEP accedió finalmente el pasado viernes y hoy se ha presentado su asistencia letrada (del despacho de Luis Revenga).

Además de la asistencia letrada de CEP, el Gobierno de Cantabria, a través de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia, no ha renunciado a participar en el proceso y ha recurrido el auto de la juez Hidalgo que denegó la semana pasada su personación, al entender que debían presentarse las entidades a las que se causó un  «perjuicio directo».

La otra novedad en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha sido el Sindicato Manos Limpias, que busca ser acusación popular en el proceso después de depositar la fianza de 6.000 euros impuesta por la Sala de Gobierno de la autoridad judicial.

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