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Masivo apoyo a los imputados por el escrache a Diego

17 de febrero de 2015. POR
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Más de 200 personas han apoyado a los imputados || Foto: Carlos A.

 

El acto que esta mañana ha tenido lugar en el Interfacultativo de la Universidad de Cantabria (UC) en solidaridad con los nueve imputados en el escrache a Ignacio Diego ha tenido un apoyo masivo.

Más de 200 personas, entre las que había familiares, amigos, profesores, alumnos y activistas, se han reunido en el vestíbulo de la planta baja del edificio. Se han colocado tras los imputados mientras ha durado la rueda de prensa, en un claro apoyo a su causa.

Han acudido a la convocatoria activistas de Cantabria No Se Vende, la PAH, la Plataforma contra la Exclusión Sanitaria en Cantabria, Podemos; y muchos familiares y amigos, además de alumnos de la UC.

También han contado con la solidaridad de los docentes y parte del equipo administrativo. Han agradecido el apoyo otorgado tanto por la Delegación de Estudiantes como por el Decano de la facultad de Filosofía y Letras. En contraste, han denunciado que se sienten “desamparados” por el rectorado y por el Consejo de Estudiantes de la UC, que no les han mostrado ningún apoyo.

En diferentes ocasiones los presentes han estallado en aplausos y palabras de ánimo a los nueve jóvenes que se enfrentan a penas de entre tres y doce años de prisión, en el caso más grave. Los delitos de los que se les acusan, y de los que el juez ve indicios, son de coacciones, alteración continuada del orden público, injurias y amenazas o atentado contra la autoridad.

Las acusaciones más graves son del delito de daños agravados, cuya pena es de entre 1 a 3 años de cárcel, y delito de atentado agravado, que supone de 4 a 6 años. Además, se trata de acusaciones que pueden sumarse, por lo que podrían suponer hasta 12 años de prisión. Cuarenta y dos años entre todos los imputados.

LOS IMPUTADOS HAN RECURRIDO EL AUTO

Una de las abogadas de los jóvenes, María Luz Ruiz Sinde, ha anunciado en la rueda de prensa que han presentado un recurso contra el auto ante el mismo juez de instrucción, y que ha sido trasladado al Gobierno de Cantabria.

El propio Gobierno negó hace unos días, al saber que los acusados eran imputados, haberse presentado como acusación particular. Algo que negaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a Europa Press, al confirmar que se personó “a última hora”, poco antes de que el juez dictara el auto que pone fin a la instrucción.

En caso de ratificarse el auto, este pasará a la Audiencia Provincial. La defensa de los imputados pide la nulidad del auto porque en ningún momento se ha tenido en cuenta el contexto de los hechos.

También se pide el sobreseimiento de los acusados por falta de pruebas de la acusación. Asimismo, han anunciado que presentarán tres testigos más, de periodistas que acudieron ese día al acto, después de que el testimonio de una de las periodistas no fuera tenido en cuenta frente a la versión oficial.

Además, piden una declaración del presidente Ignacio Diego para que confirme si en algún momento sintió que su integridad física estaba en peligro, como así parece suponer el auto. Han anunciado que presentarán “nuevas y definitivas” pruebas

CAMPAÑA #PREGUNTARNOESDELITO

La campaña #PreguntarNoEsDelito ha comenzado hoy.

La campaña #PreguntarNoEsDelito ha comenzado hoy en los pasillos de la UC.

Desde hoy ha arrancado una campaña para dar a conocer su caso y canalizar la solidaridad a través de un formado de “autoinculpación simbólico”. Por ello han hecho un llamamiento a acompañar la etiqueta #PreguntarNoEsDelito con la pregunta que se le quiera hacer a Ignacio Diego.

“Nos negaron el derecho a preguntar y lo vamos a reconquistar con creces, entre todos y todas”, han asegurado, agradeciendo la solidaridad y muestras de apoyo recibidas.

Esta campaña tendrá lugar en las redes sociales, pero también en distintos ámbitos, donde las personas podrán trasladar las preguntas dirigidas al Presidente de Cantabria a través de cartulinas o fotografías.

Los organizadores quieren impulsar esta simbólica campaña para “visibilizar todas las injusticias y abusos que sufrimos en Cantabria, en cada pueblo, en cada barrio, en cada centro de estudios y en cada puesto de trabajo”.

SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

Algunos de los primeros carteles que se han unido a la campaña.

Algunos de los primeros carteles que se han unido a la campaña.

Los jóvenes han recordado los hechos ocurridos hoy hace un año, cuando se les negó el acceso al acto que se celebraba en el edificio de las Tres Torres, y que se llamaba ‘Tengo una pregunta para usted’. El evento era público y de “libre acceso hasta completar aforo” para todo el que quisiera participar, como ya lo habían hecho con otros políticos en anteriores sesiones.

Sin embargo, ese día la seguridad de la UC negó el acceso a cualquier persona susceptible de ser contraria al presidente, basándose en el aspecto físico. Muchos estudiantes y activistas que habían acudido a preguntar por el futuro de la educación pública vieron cómo se les prohibía el paso, “ni siquiera presentando el carnet de la Universidad”.

El resultado fue una sala medio vacía, solo ocupada por periodistas y por miembros de las Nuevas Generaciones del PP, y estudiantes afines.

Los imputados han asegurado que acudieron al acto en actitud pacífica, y que al no poder ejercer el derecho a preguntar trasladaron su malestar a la salida del acto. En todo momento su versión defiende que Ignacio Diego se montó en su coche y abandonó el lugar sin el menor impedimento. Como prueba, han presentado las declaraciones que el presidente realizó a El Diario Montañés al día siguiente, donde confirmó que había estado “muy a gusto”.

Los hechos sucedieron después de la marcha del presidente, cuando uno de los escoltas propinó un puñetazo en la nuca y una bofetada a dos de los jóvenes. Estas agresiones generaron los reproches de los presentes, y la petición a la Policía, que llegó después, de que se les identificara. Esta pidió la identificación de los jóvenes agredidos.

Lo siguiente que supieron, ocho días después, fue que se había puesto en marcha una investigación judicial sobre 9 jóvenes. “No supimos que se trataba de nosotros hasta que nos llamaron a declarar”, han afirmado.

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