Se le acumulan los problemas al Centro de Emprendedores de Torrelavega, la polémica infraestructura cuestionada tanto por su excesivo presupuesto como por los detalles que han llevado al convenio urbanístico sobre sus terrenos a los tribunales.

Al hacer las obras aparecieron en la zona trozos de amianto, un material contaminante y prohibido por sus efectos sobre la salud de los trabajadores, lo que provocó su paralización hasta que se resolviera este asunto.

Obras del Centro de Emprendedores de Torrelavega

Una solución que pasa por la construcción de una tubería, lo que implica un modificado cifrado en torno a 6.400 euros respecto al proyecto original en La Carmencita, en el barrio de La Inmobiliaria.

El secretario del Ayuntamiento ha advertido en un informe, difundido por ACPT (partido de corte vecinal con representación en la Corporación que está siendo muy crítico con el proyecto) del riesgo de que los retrasos sufridos ponga en riesgo el plazo de finalización.

Tendría que ser antes de que acabara el año, y de no ser así, se perdería el 50% de financiación que aporta el Fondo Social Europeo, uno de los motivos que siempre han argumentado para defender el proyecto PP, PSOE y PRC.

Si se exceden los plazos, todo el dinero que se gaste luego implica la pérdida de la citada subvención y que el proyecto tenga que ser financiado por el propio Ayuntamiento de Torrelavega con sus fondos.

En la misma línea se pronuncia el Interventor Municipal, que alerta de que sería necesaria una modificación del presupuesto.

EN TODOS LOS FRENTES

ACPT está atacando el proyecto en todos los frentes: desde la propia institución del Ayuntamiento, con avisos a miembros del equipo de Gobierno, hasta la Confederación Hidrográfica del Cántabrico, a la que informa de que estas obras se están desarrollando sin su autorización.

Y está también el frente judicial, con una investigación en los tribunales abierta, a instancias suyas, en torno a la modificación del convenio urbanístico respecto a lo aprobado por el Pleno con un añadido que permitió al constructor Luis del Río Diestro (Terrenos Adarzo) solicitar una indemnización de 4,5 millones de euros, en caso de que hubiera retrasos, como ya ha hecho.

En su última declaración como imputado, el constructor se negó a declarar y aludió a la animadversión personal que, aseguraba, hacia él muestra Iván Martínez, concejal de ACPT.

El último paso fue la toma de declaración a los testigos presentados por el Ayuntamiento, al que le siguió el estudio de la posibilidad de que los hechos hayan prescrito (es decir, que haya pasado demasiado tiempo para que los presuntos delitos se consideren vigentes).

Es algo que pasó con la parte que tocaba a Javier López Marcano, alcalde por el PRC el año en que se firmó el convenio, y que el Ministerio Fiscal quiere ahora estudiar si pasa con toda la causa.