Para las empresas que participan en procesos públicos de las dimensiones del proyecto del teleférico en la Vega de Pas la solvencia financiera es casi como el valor en la mili, que se les presupone. Pero, con todo, hay que demostrarlo y conseguir que te lo reconozcan.

Esta semana conocíamos un contratiempo para el denominado Mirador del Pas, uno de los proyectos estrella del Gobierno de Cantabria para la legislatura: la empresa que se iba a encargar de hacerlo realidad, Casacal, se echaba para atrás alegando que los bancos no le concedían aval para el 5% del importe del proyecto (es decir, la cantidad de 80.000 euros)

El detalle lo revelaba en el Parlamento de Cantabria el consejero de Industria (de quien dependen las competencias de Turismo), Eduardo Arasti, quien también avanzaba que el proceso de adjudicación volvía a empezar y que en esta nueva fase sería el Gobierno el que actuaría de avalista ante los bancos, en línea con la tendencia de ‘rescates’ sectoriales desde lo público a lo privado.

EMPRESA SOLVENTE

El caso es que la empresa pública Cantur, encargada de las políticas turíticas y responsable de la adjudicación del proyecto, ya había acreditado la solvencia de Casacal.

Lo hizo en noviembre de 2014, cuando se abrieron los sobres con las ofertas de las aspirantes (al final sólo hubo una) en la Mesa de Contratación, presidida por Alejandro Fernández Berjano, entonces director general de Cantur y con el abogado Pedro Labat como secretario (con voz pero sin voto).

En el acuerdo, consultado por EL FARADIO, se especifica textualmente, y por unanimidad de todos los miembros, que esta empresa tenía acreditada su capacidad y solvencia.

Bajo estos términos se refería a dos conceptos. Por un lado, la capacidad para realizar contrataciones y, por otro, la solvencia, entendida en varios sentidos: económica, financiera, y técnica o profesional, es decir, con constancia explícita de la solvencia financiera que confirmaron los miembros de la Mesa de Contratación.

LO EXIGÍA EL PLIEGO

No podía ser de otro modo: la solvencia financiera es una de las condiciones que debían presentar las empresas participantes a la hora de formular su oferta.

Recorrido del teleférico

Así lo especifica desde el principio el pliego de condiciones, consultado por EL FARADIO, en el capítulo 1, que tiene un apartado exclusivo en el que regula todo lo relacionado con la solvencia de las empresas, derivadas de la Ley de Contratos del Sector Público.

En él se habla de que la empresa debe “gozar de una situación financiera suficientemente saneada” con la que pueda disponer de financiación “suficiente”, ya fuera con recursos propios o ajenos, obtenidos a través de operaciones financieras.

También se debían aportar las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios presentadas ante registros oficiales, y una declaración sobre el volumen global de negocios de los tres últimos ejercicios.

La solvencia económica y financiera debía acreditarse con una declaración sobre el volumen global de negocios durante cinco años en el ámbito de las actividades que se correspondieran con el objeto del contrato, y acreditarse una cifra de negocio de 15 millones de euros en los últimos tres.

Asimismo, se debía aportar una declaración de entidades financieras que acreditaran su solvencia económico-financiera.

La exigencia de acreditación de la solvencia se extiende a la explotación de la concesión, mediante declaración de entidades financieras que confirmaran que la empresa pudiera disponer de recursos propios o bancarios, al igual que las cuentas y el volumen de negocio de los tres últimos años, e incluso a las empresas subcontratadas, de cuya solvencia debía comprometerse a responder la adjudicataria.

“INSEGURIDAD JURÍDICA”

El ingeniero Carlos Díez Díez, muy crítico con el proyecto, advertía en Buenas Tardes Cantabria sobre la “inseguridad jurídica” creada para este proyecto en el que “sería fácil acabar en los tribunales”.

Díez, que este jueves impartía una charla en la librería La Libre, siempre ha sido muy crítico con un proyecto que considera desde el principio un “auténtico disparate” y cuya viabilidad e interés para las empresas ha cuestionado en todo momento.

El ingeniero ponía el acento en que las cifras manejadas por Turismo “no encajan”, y que, de hacerlo, supondrían “una transformación de calado” para la zona pasiega, abocada a un turismo “de masas”.

Además, recordaba que desde Cantur se aseguraba a la empresa un número de usuarios, y criticaba también el sistema utilizado, el de una concesión, algo que cree que no es posible en este caso al hacerlo una empresa, pública, y no la Administración directamente.

EL PROYECTO

Zona por donde irá el teleférico

El Gobierno de Cantabria siempre ha tenido muchas expectativas en este proyecto, por un importe global de 16 millones de euros y formalizado mediante una concesión a 40 años, pero que en sus cifras tendría un impacto de 21 millones de euros y la creación de 17 puestos de trabajo directos y 150 indirectos.

A través de él, la comunidad recibirá de la empresa un canon inicial de 50.000 euros y después un canon variable una vez que la infraestructura supere las 120.000 visitas (el umbral en el que se ha establecido el equilibro económico de la concesión), y que será progresivo del 4 al 12 por ciento de los ingresos, al que habría que sumar otro canon que se abonaría al Ayuntamiento de Vega de Pas.

El teleférico saldrá de las inmediaciones de la estación de Yera, junto al túnel de La Engaña, y acabará en el alto del Muro de Peñallana, a 1.030 metros de altitud, conectados así por un trazado de 2.317 metros de longitud y 424 de desnivel en un recorrido que durará entre 7 y 10 minutos y para el que se emplearán dos vehículos, con una capacidad de 40 viajeros para cada uno.

No es el único teleférico por el que ha apostado el Ejecutivo, ni tampoco el único que se les ha atascado. El del Parque de la Naturaleza de Cabárceno se encuentra paralizado, después de que el Ayuntamiento de Penagos denegara la licencia municipal.