Miriam García, exdirectora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo

A una de las personas que redactó el Plan de Ordenación del Litoral la noticia de que es un texto constitucional he ha pillado en Filadelfia, documentándose en la Universidad de Pensilvania para su tesis doctoral.

En ella Miriam García estudia como las sociedades son capaces de aprender y organizarse de nuevo en su forma de relacionarse con la costa tras desastres de la magnitud de los huracanes Katrina o Sundy.

Uno diría que en Cantabria pasa al revés: que no supimos aprender del desastre de los efectos del huracán de la burbuja inmobiliaria sobre la costa.

En conversación con Buenas Tardes Cantabria desde Estados Unidos, esta arquitecta lamenta que, pese a quedar demostrado que el Plan de Ordenación del Litoral no es el texto inconstitucional que la oposición de entonces (el PP, el Gobierno de hoy) denunciaba, el Gobierno de hoy (la oposición de entonces) lo esté vaciando de contenido.

“El POL ha sufrido transformaciones que lo han debilitado, porque quienes han tenido que velar por él no lo han hecho. Es un documento mejorable, como todos, pero con más POL, no con menos POL”

Según explicaba, la principal novedad de ese documento, redactado en plena burbuja con el reto de ordenar la costa, es que concebía al litoral como algo más que una franja de tierra pegada al mar: lo veía como un ecosistema “complejo y dinámico”.

El matiz es importante: si se ve algo sólo como terreno, la única forma de regularlo es dejar construir o no. Pero sí ve de un modo más amplio, se tienen que regular más cosas, como la convivencia entre los distintos intereses que ocupan ese espacio.

“Y todas las acciones que se han hecho después han sido para pervertir ese entendimiento del litoral como un sistema”, remachaba.

EL PROT, «MÁS QUE URGENTE»

Además, Miriam García (que trabajó a las órdenes de Vicente Mediavilla) reclamaba una “reflexión” sobre la forma de convivir con el medio ambiente en un “momento de crisis” que “no es sólo económica, sino ecológica y de valores”.

Desde esa perspectiva, consideraba “urgente” que Cantabria cuente con un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), un documento que regule de forma integral el urbanismo y el territorio en Cantabria, y que vienen reclamando insistentemente grupos ecologistas y conservacionistas desde hace décadas.

“Una comunidad no puede seguir avanzando y desarrollar políticas económicas, de infraestructuras o de medio ambiente sin un documento rector, y ese documento es el PROT”, afirmaba.

Y lo consideraba “cada vez más urgente” ante retos de gestión que deben quedar reflejados, como pueden ser los efectos del cambio climático sobre el territorio.

LA SOLUCIÓN A LOS DERRIBOS, PENDIENTE DE LA JUSTICIA

Ayer mismo el Parlamento de Cantabria vivía una sesión, la última de la legislatura, en la que gran parte del protagonismo se lo llevaban los planes del Gobierno de Cantabria para uno de esos problemas de convivencia entre el urbanismo y la costa, el de las sentencias de derribo en urbanizaciones cántabras, más de 500.

Se puede concluir que, a diferencia de Estados Unidos con el Katrina, no se ha terminado de arbitrar una fórmula para convivir con los efectos del huracán urbanístico y el ladrillo y la costa seguirán pendientes de los tribunales para regular su convivencia.

Javier Fernández, consejero de Urbanismo

De momento, el Ejecutivo ha ideado una fórmula basada en las garantías provisionales, una especie de licencia simulada y anticipada, que permite ganar tiempo a los propietarios, toda vez que muchas de las viviendas cuya licencia se anuló pasarán a ser legales a través de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana en los municipios.

El objetivo es evitar el derribo, y reducir así sustancialmente el importe de la factura de los años de descontrol urbanístico: de los 300 millones que costaría al erario público tener que satisfacer todas las indemnizaciones a los propietarios perjudicados por la pérdida de vivienda a los 30 millones en que se estima que se quedará finalmente la minuta.

Con todo, el propio consejero, abogado especialista en urbanismo (y en quien en su día confió el Partido Popular para llevar el POL a los tribunales), admitía durante su intervención en un Pleno que acabó siendo especialmente crispado en este asunto que la solución final a este problema está en manos de los tribunales.

Los tribunales, los mismos que emitieron las sentencias, que han advertido de que la Ley está para cumplirla, que han ido tumbado las distintas fórmulas de sucesivos gobiernos para evitar acometer las demoliciones y que ya han avisado de que examinarán estos nuevos instrumentos.