La constructora Copsesa ocultó al Gobierno de Cantabria información sobre la actividad a la que se iba a dedicar en la planta de Camargo, y lo hizo para evitar someterse a determinados trámites de evaluación ambiental ante el Gobierno autonómico.

Esta empresa es propiedad de José Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales de la victoria y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria, adjudicatario habitual en el Ayuntamiento de Santander (donde acomete el polémico vial de Amparo, sobrecostes incluidos).

José Domingo San Emeterio

Al no informar de que se iba a desarrollar ese proyecto, se evitaba empezar desde el principio con los trámites, y en concreto, con los medioambientales, ya que lo que Copsesa intentó trasladar es que seguiría con la actividad anterior de la planta (que había comprado a otra constructora, Emilio Bolado).

Todo lo relacionado con la actividad de esta planta que comenzó a funcionar sin la pertinente evaluación ambiental está pendiente de una investigación judicial que está en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander por delitos contra el medio ambiente.

Y también está pendiente de una investigación europea, ya que desde ella se fábrica el asfalto ecológico del proyecto Green Road, que cuenta con fondos europeos y cuya existencia la empresa ocultó al Gobierno de Cantabria para evitar la evaluación ambiental.

EL PROYECTO GREEN ROAD

Desde esa planta se fabrica el asfalto ecológico del proyecto Green Road, en colaboración con la Universidad de Cantabria y con el Ayuntamiento de Santander (institución de la que Copsesa es adjudicataria recurrente de obra pública, entre ellos, el polémico vial de Amparo Pérez y otras obras caracterizadas por los posteriores sobrecostes.

La carretera hacia el faro es el banco de pruebas del proyecto Green Road en Santander

El proyecto cuenta con una subvención europea por valor de 643.000 euros (es decir, la mitad del total de 1,3 millones que cuesta), lo que ha llevado a que la Unión Europea, en respuesta a una pregunta de la eurodiputada de UPYD Mayte Pagazaurtundúa le haya abierto otro frente a la empresa al decidir investigar el correcto destino de estos fondos públicos.

DE CONSTRUCTORA A CONSTRUCTORA

El asunto del dinero europeo es una de las claves en el caso, y la otra tiene que ver con la génesis de la planta: esta existía ya con anterioridad (desde los años 80), y su primer propietario era la ya desaparecida constructora Emilio Bolado que se la vendió a Copsesa.

Esa planta, de confusa tramitación, no tenía el permiso ambiental, algo a lo que se aferró Copsesa alegando que continuaba con esa actividad en las mismas condiciones cuando empezaron a arreciar las críticas de los vecinos.

Porque llegó un momento en que estos, preocupados por los ruidos y la contaminación, evolucionaron de la queja a la acción y se dirigieron a la Fiscalía, constituidos en la Plataforma por el Aire Puro y la Transparencia en Camargo, con el respaldo de la organización Ecologistas en Acción y el apoyo jurídico de la abogada Luz Ruiz Sinde.

Planta de cemento (Foto: Ecologistas en Acción)

En un momento del proceso, el responsable de la empresa, José Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales de la Victoria, imputado en la causa, presentó al Gobierno (en concreto, a la Dirección General de Industria) una declaración responsable en la que remarcaba la continuidad de su actividad respecto a la anterior.

San Emeterio esperaba de esa forma no tener que someterse a unos trámites ambientales que no cumplían ni él ni sus predecesores en Emilio Bolado.

Lo que sucede es que para esas fechas ya se le había concedido la subvención europea para el proyecto Green Road de asfalto ecológico, que es una actividad diferente y que además no quedaba englobada en la descripción de la actividad que prácticamente acaba de realizar.

Es decir: en la descripción que realizaba de lo que se iba a hacer en la planta de Camargo no reflejaba que desarrollaría un proyecto diferente, Green Road, para el que ya se la había concedido una subvención económica.

Días después de esa declaración responsable, una vez ya concedida la autorización de Industria eximiéndole de la evaluación de impacto ambiental, el responsable de la empresa comunicaba al Gobierno un cambio de actividad.

EL PAPEL DEL GOBIERNO

Otro de los aspectos que se dirime en la investigación del caso Copsesa es el papel del Gobierno de Cantabria en los trámites para la planta.

De momento está imputado el responsable de la empresa, pero también el director general de Medio Ambiente del Gobierno, David Redondo: su falta de respuesta a una petición de Copsesa (un recurso contra la orden de cierre de la planta) se interpretó como un silencio positivo que permitió que la constructora prosiguiera con su actividad.

Y también estaba imputado el director general de Industria, Fernando Javier Rodríguez, aunque el juzgado decidió levantarla y archivar la parte del caso que le correspondía, centrando las responsabilidades administrativas del asunto en el de Medio Ambiente.

Pero es que el de Medio Ambiente recibió información (documentación, escritos…) del de Industria en el que se le inducía a pensar que la planta no requería de trámite ambiental.

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Y eso a pesar de que en Industria constaban cambios en la planta de Emilio Bolado respecto a la original, como significativos aumentos en la potencia, así como nuevas instalaciones asociadas que se fueron incorporando.

La causa se encuentra en una fase inicial, la de investigación.

Cuando el juez termine de recabar testimonios y de examinar la documentación, decidirá si cierra la instrucción y pasa a un juicio, en el que ya habrá acusaciones formales.