Para su primer gobierno, y pese a que conocía lo que es la Administración por dentro ya que había sido alcalde y director general, Ignacio Diego prometió cambiar Cantabria en 100 días.

Para su segunda legislatura, el Partido Popular sufre ya un cierto ataque de realismo al conocer por dentro las instituciones, y así lo refleja en un programa marcado por el balance de gestión y los ataques al “bipartito de la izquierda”, que no deja de ser una confesión de las cosas que han dejado de hacer, especialmente en el área urbanística y económica.

Un programa electoral, consultado por EL FARADIO, en el que se aprecia una voluntad de normalidad institucional, dando por superada la crisis, y en el que se percibe una hipertrofia administrativa, con la profusión de nuevas leyes (al menos seis) y entes administrativos (un mínimo de cuatro), pero sin memoria económica que cuantifique su coste.

Así como, ahora sí, esta vez sí, la detección de la necesidad de definición de líneas estratégicas y planes sectoriales en buena parte de las áreas de gobierno, hasta el punto de que se contabilizan una veintena de planes estratégicos y sectoriales, entre los que destacan los de Empleo, Turismo y el Plan Industrial..

Consulta aquí el programa electoral del PP cántabro. Y aquí todos los que están publicados.

ATAQUE DE REALISMO ECONÓMICO

El partido que desde la oposición, y todavía hoy, responsabilizaba directamente a Revilla de mandar trabajadores “a su casa”, sigue usando para la venta de titulares promesas de creación de empleo (10.000 puestos de trabajo al año, que, de cumplirse, dejarían el desempleo en Cantabria en menos de 5.000 personas al final de la próxima legislatura).

Sin embargo, el detalle de su programa evidencia un giro a la economía más real y más pequeña, en un cambio de modelo que asume que el nuevo mercado de trabajo gira hacia el autoempleo, con medidas orientadas hacia el emprendimiento y los autónomos.

Y así, se apuntan medidas para emprendedores, que pasan por la creación de un Centro Regional de Emprendimiento (algo que ya fue anunciado la pasada legislatura, y en el que habría que determinar su encaje con la veterana EJECANT –la Escuela Juventud Emprendedora- o el propio sistema de Cantabria Emprendedora, o con el CISE, la iniciativa emprendedora del Banco Santander y la UC).

Ignacio Diego y Cristina Mazas en la presentación del programa electoral

Y también por la creación de una Oficina Integral de Atención a Emprendedores, una especie de ‘ventanilla única’ con recursos de las tres administraciones, como el que tenía la Cámara de Comercio para la creación de empresas y que ya asumió el Servicio Cántabro de Empleo, o una Cooperativa de Impulso Empresarial Regional que se concibe como un banco de pruebas previo a la puesta en marcha de la empresa.

Se prevén medidas más discretas, como programas de apoyo a emprendedores que hayan fracasado en una primera iniciativa.

Y una formación virtual que recuerda demasiado a la segunda legislatura de PSOE-PRC, en un lote más amplio que incluye un Plan de Empleo Regional y una Estrategia de Garantía Juvenil, aunque no se alude en ningún momento al retorno del talento joven perdido estos años.

Se planea la descentralización por la comunidad de las medidas, con oficinas delegadas del Servicio Cántabro de Empleo (más sencillas y fáciles de poner en marcha) en unos núcleos rurales a los que se quiere llevar también el modelo de Lanzadera, una exitosa medida en la que (o precisamente por eso) son los parados los que toman las riendas de su futuro.

Dentro de las medidas para fomentar el modelo del autoempleo, para el colectivo de los autónomos se incluyen ayudas para que trabajadores de sectores estacionales sigan dados de alta todo el año o para los que hayan agotado el ‘paro del autónomo’, junto a aquellos que quieran invertir en municipios pequeños.

Y para el empleo de más tamaño, el que genera una industria en un cambio de modelo que no se refleja en ninguna esquina del PDF, se habla ya de la colaboración con las empresas para la elaboración de un nuevo Plan Industrial a ocho años con el que, implícitamente, se admite que el ya elaborado caducó o no servía según se firmaba.

Y que, además, tendrá que adaptarse al que ya han anunciado que elaborarán de forma conjunta directamente los representantes de los empresarios, esto es, la patronal Ceoe y la Cámara de Comercio, que trabajan en un documento que quieren trasladar al Gobierno de Cantabria.
Algo parecido sucede con el Comercio, para el que se creará un Consejo Regional en el que habrá integrantes del sector.

EL MODELO QUE NO CESA

Hay intentos de abrir paso a un nuevo modelo productivo más basado en el I+D+i, con un Plan Regional de Investigación, deducciones fiscales a quienes adquieran acciones de empresas tecnológicas (sigue saliendo más a cuenta montar una fundación que una empresa), o por complementar el PCTCAN con servicios como guarderías o gimnasios, así como por potenciar la parte educativa, allí en el Parque Científico y Tecnológico, del Espacio Cubo, puesto en marcha por PSOE y PRC y denostado en su momento por el Partido Popular.

Pero estos intentos chocan con la realidad o la propia administración: se habla de fomentar el autoconsumo energético con planes como, por ejemplo, la minieólica (con la ironía de que Cantabria es la sede de una empresa del sector, Sonkyo, que vende en todo el mundo y que aquí se encuentra en concurso de acreedores), con la apostilla de que se hará siempre y cuando no vulneran la normativa estatal que, recordamos, no hace más que poner trabas.

El programa del PP se apunta a la regulación de la ordenación del territorio y el urbanismo

No hay alusiones al Plan Eólico en el programa electoral del PP. Se habla de nuevas medidas para impedir el fracking, sin concretarlas, y se abre la puerta al Ciclo Combinado, que ya tuvo experiencias frustradas de instalación en el pasado.

Sin embargo, pese a estos intentos de abrir paso a la innovación, se asume que el modelo económico cántabro, si existe, pasa por el urbanismo y el turismo, sectores en los que primará una planificación inédita en el caso del urbanismo.

Y así, para el urbanismo se habla, otra vez, de un Plan Regional de Ordenación del Territorio en la comunidad que primero reguló el Litoral y que ha cambiado varias veces la misma Ley del Suelo en la misma legislatura.

Se sigue desatascando la aprobación de Planes Generales: hasta 30 se confía en que se aprueben la próxima legislatura, junto a medidas alternativas en los ayuntamientos más pequeños y la unificación de las competencias de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Las sentencias de derribo dejan de considerarse un problema.

La regulación y la estrategia llegan al turismo, con la fusión con la tecnología a través de los Destinos Turísticos Inteligentes (¿?), y varios planes: para comercializar las cuevas, en especial Altamira; el deporte del Golf, las zonas con menor dinamismo o las zonas consideradas maduras, a las que se quieren incorporar extras para evitar que mueran de éxito. Y además de estos planes, habrá un Plan Estratégico de Turismo para gobernarlos a todos. Se da por buena la apuesta por los teleféricos.

En materia de infraestructuras, pocas novedades, ya que se ciñen al cumplimiento del acuerdo parlamentario en este materia, junto a medidas como la inversión de 300 millones de euros en la línea Santander-Palencia para dejar en tres horas el trayecto en tren hacia Madrid (en un tren que ya es de altas prestaciones y no de alta velocidad), o un tercer carril en la A-8 a partir de Laredo.

Se vuelve a prometer estudiar alternativas a la terminal de mercancías peligrosas de Tanos y se vuelve a prometer una condición de referencia para un Puerto de Santander hastiado ya de ese constante presunto liderazgo que nunca termina de llegar. Hablando de transportes, se quiere poner una terminal en Valdecilla Norte, para canalizar el flujo de líneas de autobús.

Y aunque se intenta dar por zanjada la crisis económica, la situación asoma tibiamente en medidas como el programa de reflotación de empresas en crisis, los programas de recualificación para parados y para jóvenes, en las medidas para evitar que familias con personas en paro se queden en la calle por el impago de la hipoteca o el alquiler de su vivienda o las promesas de reducir las trabas burocráticas (admitidas ahora) en la Renta Social Básica.

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

En el medio ambiente, se anuncia una nueva Ley de Control y Evaluación Ambiental, con la agilidad como premisa básica en los procedimientos que deben conseguir planes y proyectos de instituciones y empresas a la hora de cumplir con el medio ambiente.

Llama la atención la reivindicación ante el Estado de que incluya en el Plan Hidrológico Nacional un uso más libre del agua del Pantano del Ebro: ahora, al comunicar dos zonas de agua, dos cuencas, y si se coge agua, luego hay que devolverla (concepto bitrasvase).

De hecho, en materia de gestión de agua se avanza la creación de una entidad pública para la gestión del agua de forma global e integral.

TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

Es un programa que le costaría mucho suscribir a un liberal, y no sólo por la sorprendente (por las críticas que recibió la Ley de Igualdad de Zapatero que introdujo ese mismo criterio) alusión a las medidas, no concretadas, para que las mujeres se incorporen a puestos de dirección en las empresas privadas.

El PP llevará al Parlamento hasta seis nuevas leyes

Y con la paradoja de pretender reducir las normativas, se crean nuevas leyes (de Universidades, de Garantía de Personas con Discapacidad, de los PSIRes, de Evaluación Ambiental, de Transparencia, de Espectáculos Públicos) y entes públicos (Instituto para la Evaluación Educativa, organismo para la gestión del agua, Oficina Integral de Atención a los Emprendedores, Observatorio de la Vivienda…).

Pero no vuelven los que se suprimieron en el primer plan de recortes de Diego, centrados en la participación: el Consejo de la Mujer, de la Juventud o el Económico y Social, cuyos regresos se anunciaron para tiempos mejores y de forma más económica.

Y en materia de transparencia y un buen gobierno que el PP parece haber convertido en sinónimo únicamente de control del gasto, y por eso se busca crear un órgano responsable de garantizar un modelo organizativo basado en la transparencia, junto a una Ley específica, además de generalizar las funciones de una Oficina de Supervisión del Gasto que quedó vaciada de contenido esta misma legislatura.

Parte de la política fiscal se orienta hacia la familia, incrementando deducciones por el cuidado de niños, discapacitados, familias numerosas, gastos sanitarios o los derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral. Se mantiene la supresión de los impuestos de donaciones y sucesiones, que se flexibilizan para extenderse a otros casos que tengan un “fin social” que se justifica en la necesidad de ayudar a familiares con problemas.

Y otra parte de la política fiscal (Actos Jurídicos Documentados, es decir, el pago por burocracias varias), trata de incentivar la puesta en marcha de negocios, la rehabilitación de viviendas o la compra de viviendas en situaciones específicas (jóvenes, discapacitados…)

Se regularán los PSIRes, los Proyectos Singulares de Interés Regional, una figura administrativa que PSOE y PRC usaron con profusión porque ahorra algo de tiempo a la burocracia al saltarse ciertos trámites, en especial municipales, pero que a la hora de la verdad generó mucha conflictividad y no aceleró tanto los proyectos. Una figura de la que ha sorprendido su nulo uso esta legislatura, en un asunto que encuentra respuesta en la confesión del PP en su programa de que se han encontrado trabas a la hora de intentar aplicarlos.

OTROS TEMAS

Más cosas, brevemente, la Universidad de Cantabria tendrá un nuevo Contrato Programa que garantice su financiación, habrá wifi en todos los centros educativos, se reordena el sector de la dependencia y las residencias, se extienden las aulas de dos años, se crea un Instituto de Evaluación Educativa, y hay diversas medidas de atención a las familias.

Y para acabar, un diálogo entre programas electorales que no sabemos si se ha producido entre los partidos pero que, desde luego, no se había producido entre las administraciones.

El programa del PP de Santander hablaba de seguir reivindicando ante la administración que corresponda que regulase y solucionase el problema de los permisos para los conciertos y espectáculos en la ciudad. Esa administración, según siempre ha dicho el PP, era el Gobierno de Cantabria, ocupado esta legislatura por un compañero de partido que no ha afrontado este problema.

Pues bien, el programa electoral del PP cántabro habla ya de una Ley de Espectáculos en la que abordar este asunto.

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