Borradores con comentarios y comunicaciones internas para justificar la venta del Racing

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El Gobierno PSOE-PRC trató de justificar que las ayudas que concedió al Racing de Santander (y que beneficiaron a empresarios que fueron máximos accionistas, en distintas épocas, como a Montalvo, al que se perdonó su deuda con Cantur) no vulneraban la legislación comunitaria contra la competencia, que entiende que el sector privado no puede recibir ayudas públicas que lo coloquen en situación de ventaja frente a otras empresas.

Ese fue un tema espinoso que provocó numerosas dudas. Por aquel entonces, ya se encargó un informe para que lo determinaran, cuyo contenido resultó negativo. Un informe que encargó y redactó la propia administración.

A pesar de tener ese informe, se encargó otro, al despacho de abogados de Gómez-Acebo y Pombo (que inicialmente se encargó de todo lo relacionado con la venta del club), por el que este despacho cobró 21.000 euros.

Una comunicación interna, ni siquiera un documento definitivo, entre abogado y cliente (la empresa pública) es el texto que han remitido desde la empresa pública CEP a la jueza Paz Hidalgo, que había requerido esa documentación que los imputados en el proceso del Racing (a punto de ir a juicio oral) esgrimen para justificar que la operación se hizo contando con informes previos y garantías.

La jueza está investigando la operación de compraventa del Racing: el club pasó en una década de pertenecer a un grupo empresarial, el de Santiago Díaz, acuciado por las deudas, al propio Gobierno, a través de la empresa pública Cantur, que a su vez se lo pasó a una empresa de la familia Montalvo (conservando aún así participación y ayudando económicamente a estas firmas) y que acabó llegando, en los acuerdos de Zurich, al indio Ali Syed.

En este periodo, la magistrada ha cuantificado el quebranto patrimonial de las arcas públicas por la participación en el Racing en 43,8 millones de euros.

En concreto, lo que se envía a la magistrada es un índice de documentos: Informe ayudas de estado, la revisión de un informe interno del ICAF (el Instituto de Finanzas) sobre los problemas de Dumviro y diversos certificados y pólizas que acreditan que hubo de recurrirse a aportaciones económicas para compensar el desequilibrio generado por toda la operación.

Pero son o bien comunicaciones internas entre abogados o clientes, o bien borradores con comentarios y anotaciones, no documentos definitivos ni informes jurídicos que demuestren una evaluación previa de la operación de venta del club.

ARGUMENTOS

El documento, en realidad una “comunicación abogado-cliente” sin fecha ni firma, enumera jurisprudencia sobre lo que se considera ayuda de Estado y no para la Unión Europea, citando otras sentencias y casos.

Entre ellos se refiere a uno concreto en el que no se considera ayuda si el comportamiento hubiera sido similar al que se hubiera mantenido en una empresa privada, y, en este caso, en lo relacionado con el cobro de deudas, hay acreedores que no reclaman el pago de sus deudas si eso acaba suponiendo la desaparición de la empresa, criterio que Gómez-Acebo y Pombo extiende a la renuncia de Cantur a cobrar 1,4 millones de euros de la deuda que mantenía Dumviro.

Es un trabajo por el que Gómez-Acebo facturó 21.000 euros: la factura se emitió en enero de 2011 y se cobró en abril.

La venta del Racing fue en enero de 2011 (con varios capítulos, los días 15, 28 y 29). Pues la factura por el informe de si la operación se ajusta a las ayudas europeas se emite tres días después, pero el documento definitivo nunca ha llegado al Tribunal Superior de Justicia, donde se instruye la investigación.

UN BORRADOR CON COMENTARIOS

Eso es en lo que respecta al informe sobre las ayudas europeas, pero también se ha enviado otro del propio ICAF, emitido este en enero de 2011, justo en las fechas en las que se estaba culminando la operación de compraventa.

Este documento es de carácter interno, un borrador sin finalizar del que no se ha remitido la versión final.

De hecho, en lo que se ha enviado se aprecian comentarios y apreciaciones por parte del encargado de su revisión.

Encargado que, por cierto, se revela como alguien muy pendiente de los eufemismos, que se esfuerza en suprimir expresiones que puedan tener connotaciones negativas, como que el estudio fuera para abordar las “consecuencias económicas” de la operación para Cantur, un “de nuevo” cuando se habla de que volvería a necesita fondos para garantizar su equilibrio patrimonial, o una sustitución en todo un apartado del título de “Riesgo de crédito para Cantur” por un “Grado de solvencia de Dumviro” – la empresa de Montalvo que se hizo propietaria del Racing-.

O, directamente, relaciones de hechos que no convienen – tachadas en el documento-, como el estado de deudas del Racing y su accionariado antes de la entrada de Cantur y los pasos dados desde el Ejecutivo; o que el incumplimiento del pago de deudas con la propia administración (ejemplo, con Hacienda) “pone en peligro la justificación de la subvención concedida” (cuando una empresa pide una subvención se le exige no tener deudas con la administración); o la descripción de la operación de venta de las empresas de Montalvo a las empresas de Ali Syed con el ‘indulto’ del Gobierno de parte del préstamo que le había concedido.

También se solicita información en varios momentos. “Por favor, confirmen que esto es así”; o “Por favor, faciliten más información sobre este préstamo” son expresiones literales en el documento, en el que incluso se dejan huecos para que se rellene la información de carácter económico y en el que hay correcciones a las cifras aportadas inicialmente.

Entre las preguntas que se hacen se encuentra si el ERE en una de las sociedades ligada a los Montalvo (Silver Eagle) perjudicó el grado de solvencia (incrementó el riesgo de cobrar el crédito de dinero público) de la empresa de la que dependía la propiedad del Racing e incluso se preguntan cuestiones de calado como si el grupo se encontraba en concurso de acreedores.

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