Leticia Díaz sigue insistiendo en cobrar la compensación económica

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Mediante un comunicado elaborado por su Gabinete de Prensa, el Gobierno de Cantabria ha anunciado que el Consejero de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Miguel Ángel Serna, y el Director General de Justicia en funciones, Ángel Santiago Ruiz, renuncian a cobrar las retribuciones de compensación económica que habían solicitado por haber ‘perdido’ dinero en su función en el Gobierno en comparación con los sueldos que cobraban en su labor como funcionarios de la Administración.

No es el caso de la Consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, que continúa adelante con la reclamación de los 4.000 euros de más que habría ganado de continuar con su puesto de funcionaria, en vez de integrarse en el Gobierno de Nacho Diego.

Todo esto se ha producido tras la polémica que ha estallado este martes, después de que El Diario Montañés publicara que tanto ellos como la aún Consejera de Presidencia, Leticia Díaz, habían solicitado cobrar la diferencia entre sus sueldos de funcionarios y de consejeros.

En definitiva, los tres habían solicitado ‘recuperar’ la diferencia de sueldo que dejaron de ganar durante los últimos cuatro años, en los que pertenecieron al Gobierno. Se trata de 114.000 euros entonces los tres.

LA PETICIÓN ESTÁ AMPARADA EN UNA LEY DE 1999

Y, aunque esto ha levantado mucha polvareda, hay que recordar que es una medida legal, tal y como han señalado Serna y Ruiz al renunciar a este “derecho de abono de los atrasos en las retribuciones”.

Se trata de una ley aprobada en 1999, que está incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del año 2000. En dicha ley se recogía el derecho de los funcionarios fijos que cobrasen menos como altos cargos que en su puesto de origen, a exigir la diferencia.

Tal y como cuenta El Diario Montañés, esta ley la rescató el pasado mes de abril el propio Santiago Ruiz, que es fiscal coordinador de segunda categoría. Tras su exigencia, los otros dos Consejeros se unieron a su petición.

Hoy, tanto Miguel Ángel Serna como Santiago Ruiz se han echado para atrás, asegurando ser conscientes “del enorme sacrificio realizado durante estos últimos años por todos los empleados públicos y la sociedad en general como consecuencia de la crisis económica”.

También valoran que la acumulación de los complementos mensuales ha derivado en una única cuantía de cifras importantes “que llama la atención en las circunstancias actuales de nuestra sociedad”, por lo que renuncian a este pago.

Se trata de 56.828 euros en el caso de los Consejeros Serna y Díaz, y 60.577 euros en el caso de Santiago Ruiz, como Director General de Justicia.

En la nota de prensa afirman también que su decisión se ha producido ante la petición de Nacho Diego, que este mismo martes rechazaba condenar su actitud en un acto de entrega de Viviendas de Protección Oficial. Diego ha declarado a los medios que su petición es de carácter personal y que él, al no ser funcionario, no puede valorarlo ni podría acogerse a dicha ley. Además, ha recordado que es una petición amparada por la legalidad.

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