La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha decidido mantener la ejecución del derribo de la urbanización Las Llamas I de Argoños en el modo en que fue acordado en distintas resoluciones de 2011, esto es, a cargo de la empresa pública Tragsa.

Las Llamas es una de las urbanizaciones de viviendas en la costa cántabra que tiene sentencia firme de demolición debido a que se les concedió licencia, municipal y avalada luego por el Gobierno de Cantabria, en base a normas urbanísticas que luego fueron anuladas, en un problema que afecta a más de quinientas famlias en Cantabria y cuya solución lleva enquistada décadas por los recelos de las administraciones al cumplimiento de lo marcado en las sentencias, esto es, el derribo.

En este caso, El tribunal confirma así el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander, que el pasado mes de enero resolvió mantener la ejecución a cargo de Tragsa, rechazando la solicitud del Ayuntamiento de modificar este mecanismo aludiendo a circunstancias que se lo impedían.

Explicaba el magistrado de instancia en su auto que “la propuesta formulada nunca ha llegado a concretarse, ni en las formas, ni en el calendario, ni menos aún en los medios financieros”.

“Todo queda pendiente de futuribles, como el contenido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana o la voluntad de los futuros gobiernos autonómicos de asumir o no el coste; es decir, aprobar la propuesta supone suspender de facto la ejecución a la espera de acontecimientos y buenas voluntades”, añadía el juez en su auto.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo respalda la tesis del magistrado de instancia, cuyo auto califica de “impecable”, y señala que “no siendo posible adoptar las medidas o medios propuestos por el Ayuntamiento, se debe continuar ejecutando conforme se había previsto anteriormente”.

Además, resalta que la tramitación de este incidente se llevó a cabo “para favorecer una vía consensuada de ejecución en un tema tan sensible y económicamente relevante como éste”, pero dado que “la solución consensuada no fue posible” procede mantener la ejecución en los términos ya fijados.

Finalmente, el tribunal responde a las alegaciones del Gobierno acerca de la diferencia de criterio entre la Sala y el Juzgado, aludiendo a resoluciones en las que sí se han aceptado modificaciones en la forma de ejecutar. La Sala rechaza los casos propuestos por el Gobierno y explica que son supuestos distintos y no vinculantes para el Juzgado.

LA ÚLTIMA PALABRA

Los tribunales seguirán teniendo la última palabra en la resolución a este problema, como la fórmula ideada por el Gobierno saliente de Cantabria para legalizar las viviendas, las denominadas autorizaciones provisionales (una especie de licencia provisional hasta que se construya una vivienda con la que compensar al propietario, en una zona ya legal o regularizada a través de nuevos Planes Generales).

Recientemente el Senado aprobada, con aportaciones cruzadas de PP y PSOE, modificaciones legales que permiten una indemnización a los propietarios por el daño sufrido antes de que se produzca, un asunto controvertido, pues la doctrina establece que para indemnizar primero hay que sufrir el daño, y al ser este el derribo, pues no se ha producido. Intenciones similares ya fueron anuladas en el pasado por el Tribunal Constitucional.

Al hilo de esta modificación, el histórico activista ecologista Emilio Carrera, de Ecologistas en Acción, denunció que con el problema de los derribos se han arbitrado soluciones económicas para las arcas públicas pero sin fijar responsabilidades en quienes las concedieron, es decir, que había «delito sin delincuentes».