Consenso parlamentario sobre comunicación ferroviaria

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Cuando el próximo día de Difuntos el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, se reúna con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, llevará un regalo bajo el brazo: no sabemos si seguirá fiel a su costumbre de las anchoas, pero lo que sí llevará fijo es un consenso en materia ferroviaria de todo el arco parlamentario autonómico, logrado en la sesión de este lunes.

Porque en Cantabria vivíamos en la paradoja de estar todos de acuerdo en las infraestructuras que hacían falta (y en su más que evidente carencia) y, pese a ello, habernos pasado décadas echándonos a la cara vías de tren, tramos de autovía, cabinas de peaje y trozos de BOE.

Porque en Cantabria las infraestructuras que debieran servir para unir han sido uno de los principales motivos de choque entre los partidos políticos.

El último consenso ha sido para una renuncia: ya se asume que Cantabria, dentro de tantos mapas en los habituales discursos triunfalistas, se queda fuera del mapa de la alta velocidad.

Y, en consecuencia, de lo que se habla ya es de el tren de altas prestaciones y de mejorar la red ferroviaria con Madrid, de forma lo más inmediata posible, y, más adelante, con Bilbao, toda vez que ahora que ya se ha inaugurado el tramo que queda de la A-8 entre Solares y Torrelavega, este mismo fin de semana, no se vislumbran en el horizonte grandes obras de infraestructura en Cantabria.

LA PROPUESTA APROBADA

En concreto, lo que se ha aprobado (a instancias de Ciudadanos, en una propuesta que luego ha ido evolucionando) es:

En 2016 se iniciarán los trámites para que el trayecto de Santander a Madrid se haga en menos de tres horas, según el estudio que existe de la Universidad de Cantabria, con el horizonte del final de las obras en 2019.

Que se liciten antes de julio los proyectos para duplicar la vía, y que se construya antes de fin de año lo necesario para la ampliación de la longitud.

El acuerdo también incluye la ejecución del resto de obras de mejora para antes de diciembre de 2017, así como obras en coordinación con la Autoridad Portuaria, ya que el Puerto tiene sus propias conexiones férreas.

Y en cuanto a la comunicación con Bilbao, que tampoco es precisamente buena, la idea es firmar en tres meses un convenio de colaboración con la Universidad y la entidad dependiente de la Real Academia de Ingeniería para elaborar un estudio de alternativas, como el que se hizo con Madrid, pero para Bilbao.

Después, este se presentaría en el Parlamento para su debate con el resto de grupos políticos y con los agentes sociales y económicos (patronal, sindicatos, colegios profesionales…)

UN CONSENSO CON DEBATE

Conviene recordar que esto es una petición del Parlamento, es decir, que no significa que se vaya a hacer, entre otras cosas, porque son obras que dependen del Estado, responsable último de las infraestructuras.

La diferencia es que al Gobierno central, sea cual sea el partido que lo ocupe, le llega ahora una lista de reivindicaciones de todos los partidos con representación en las instituciones cántabras.

Llegar a hacerlo no ha sido fácil, y no sólo porque se venía de otro debate previo en otra sesión y porque ha habido que enmendar y presentar enmiendas, de forma que lo presentado inicialmente no es lo que se ha terminado votando.

Porque en esa isla que a veces es el Parlamento de Cantabria sucede que estar de acuerdo no implica estar de acuerdo.

Y así, Rodríguez Argüeso, diputado del PP, exconsejero de Obras Públicas, recordaba (casi imitaba) la actitud de Revilla cuando era presidente y se produjo el apagón general de infraestructuras decretado por ‘Pepiño’ Blanco.

La portavoz socialista, Silvia Abascal, apelaba a la importancia de que Cantabria deje de ser “una isla” en materia de infraestructuras, tras incidir en la falta de consignación presupuestaria para proyectos de infraestructura en la comunidad autónoma.

Y lo achacaba a que en el PP, en Madrid, ya saben que “van a perder” en diciembre (porque, por si no os lo habíamos comentado, es que en diciembre hay elecciones generales).

El portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, leía una carta que le gustaría remitir en nombre de Cantabria al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Recordaba, en otro punto de la sesión parlamentaria, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, secretaria general socialista, como el Gobierno de Diego movilizó a toda la sociedad para reclamarle al Ejecutivo de Zapatero el pago de la “deuda histórica” con la comunidad autónoma en materia de infraestructuras y otras competencias.

Una “charlotada” de la que el PSOE no participó entonces, apuntaba Díaz Tezanos, quien añadía que cuando llegó Rajoy al Gobierno central esa deuda ni se pagó ni se reclamó.

“HAN INVENTADO LA PÓLVORA”

Quedaba en el aire el cambio de opinión de la semana pasada en Podemos respecto a una propuesta del PP que iban a apoyar, en una actitud que variaron durante el debate y que justificaron en el tono empleado en ese momento por el tono empleado por la diputada Isabel Urrutia, que acostumbra a ser, podríamos decir, vehemente.

Esa anécdota fue mencionada en esta ocasión por unos y otros, aunque al menos el debate acabó derivando hacia la risa, hasta el punto de que el portavoz de Ciudadanos, Rubén González, admitía que se había reído “muchísimo” e ironizaba con que en el PP habían “inventado la pólvora”.

OTROS TEMAS

Hubo más consensos: sobre el Puerto de Laredo (básicamente el consenso es que ya que está hecha y costó dinero, hay que sacarle beneficio económico).

Y también algo bastante parecido a un muy buen tono en el intercambio sobre abastecimiento de aguas entre José Manuel Igual (PP) y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, quien anunció que el Gobierno central va a reconocer los derechos de la comunidad autónoma sobre el Ebro, que ahora se tiene que devolver cuando hay trasvase.

También de anuncios fue el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, quien avanzó (entre los recelos de José Ramón Blanco, portavoz de Podemos y activista antidesahucios, que la Ley de Acompañamiento (un texto que va con los presupuestos) va a incorporar medidas antidesahucios,

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