El ‘toma y daca’ en el caso del Pilón tiene pinta de ir a hacerse eterno. Este lunes los vecinos se reunieron por primera vez con el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que por una vez no delegó toda responsabilidad sobre el concejal de Urbanismo, César Díaz.

Pese a eso, el discurso no ha sido diferente. El Consistorio continúa mandando balones fuera, tratando de responsabilizar al Gobierno regional de la solución urbanística provocada por su Plan General y delegando cualquier otra opción a los vecinos, y con limitaciones.

En la reunión que los vecinos han mantenido este martes con todos los grupos municipales y los servicios técnico-jurídicos municipales, la mayor preocupación por parte del equipo de gobierno parecía ser que se eliminara la moción presentada por Izquierda Unida para llevar al pleno del Ayuntamiento las pretensiones de los vecinos.

Zona de El Pilón

Esa es la sensación con la que han salido los afectados, que además presentarán 5 preguntas en el pleno que tendrá lugar este miércoles, día 25. A la moción de Izquierda Unida se han unido Ganemos, el PSOE y el PRC. No así Ciudadanos, que les ha trasladado a los vecinos que debía hablarlo con su partido antes de tomar una decisión.

Por lo tanto, esta moción de IU a día de hoy no logrado aún el apoyo para aprobarse. Se necesitarían para ello los votos de Ciudadanos, de cuya decisión los vecinos están «expectantes». Y es que los de Albert Rivera solo han votado en contra del PP en una moción desde que se inauguró el curso plenario (fue en el Pleno del 30 de julio cuando la oposición sacó adelante la moción que interpelaba al Consistorio a que instara al Gobierno a derogar la Ley Mordaza).

En el Pleno municipal, la causa de los vecinos depende de la decisión de Ciudadanos, que no se ha pronunciado en la reunión de este martes

Sobre la causa del Pilón, los servicios técnicos del Ayuntamiento han respondido a cada una de las peticiones hecha por los vecinos. Por supuesto, denegándolas todas. Y, es más, utilizando punto por punto todos los argumentos previamente esgrimido por los responsables políticos, César Díaz e Iñigo de la Serna.

Un movimiento curioso, si se tiene en cuenta que la situación debía haber sido al revés. Que las declaraciones políticas vinieran precedidas de los informes jurídicos. Este informe está firmado por el director jurídico municipal, José Francisco Fernández García, y el jefe del servicio jurídico de fomento y urbanismo, José Ramón de la Torre Valdés.

Sin esperar un solo día, los vecinos han contraatacado rechazando punto por punto las denegaciones por parte del Ayuntamiento, en un informe firmado por su abogado urbanista, Juan Mantilla.

Un cruce de argumentos que peligra de inundarse de tecnicismos y que trataremos de explicar lo más sencillamente posible.

LA VIVIENDA DE 60 FAMILIAS ES EL INTERÉS PÚBLICO QUE NO PARECE VER EL AYUNTAMIENTO

Por un lado, se encuentra la petición de los vecinos de modificar puntualmente el PGOU de Santander en su área específica.

Desde el Ayuntamiento se deniega esta opción alegando que no tendría efectos suspensivos ni tampoco serviría de fundamento para desestimar la aprobación de los estatutos o bases de actuación. Además, insisten en que dicha modificación requeriría la previa justificación de la conveniencia e interés público, pues «de Io contrario estaríamos ante el ejercicio arbitrario de una potestad administrativa, e incurriendo en desviación de poder».

El Ayuntamiento niega la existencia de un interés público para modificar el Plan General, y considera que podría caer en «el ejercicio arbitrario de una potestad administrativa, e incurriendo en desviación de poder»

La respuesta por parte del abogado urbanista que asesora a los vecinos, Juan Mantilla, es simple e indiscutible: «¿Qué mayor interés público puede haber que el de garantizar que 60 familias no se van a quedar en la calle o se van a ver obligadas a mudarse a un barrio o ciudad completamente distinto y lejano de aquel en el que han desarrollado toda su vida?».

Para colmo, el propio Ayuntamiento esgrime esa justificación para solicitar la modificación de urgencia de la Ley de Suelo de Cantabria. Si es urgente y pertinente para las leyes regionales, esta justificación sería suficiente de cara a las leyes municipales.

Vecinos del Pilón y Prado San Roque.

Además, el abogado insiste en que en ningún caso el Consistorio trató de encontrar justificación para colocar 140 viviendas en menos de una hectárea «sin que existiera ningún estudio económico documentado, fiable, contrastado, que justifique esta excepción».

Por último, Mantilla aplica otros casos en los que el Ayuntamiento sí que ha modificado el Plan General, como el caso del chiringuito Rema en el Sardinero, que estaba fuera de ordenación, y para lo que no exigió justificación de interés público.

En segundo lugar, el Ayuntamiento tampoco contempla cambiar el sistema de actuación de compensación a cooperación, pues considera que «sin que se haya producido un incumplimiento previo de los interesados en sus obligaciones urbanísticas», esta sustitución chocaría con las determinaciones de los Arts. 149 y 150 de la LOTRUS. Además, alegan que este cambio no resolvería el problema del realojo, que seguiría planteándose en idénticos términos.

Juan Mantilla califica el uso del sistema de compensación en el caso del Pilón como «una aberración», pues este se utiliza «en los casos de desarrollo de Suelo Urbanizable en el que no existen edificaciones o esta son muy escasas y casi nunca viviendas de primera residencia».

Por otra parte, en el Sistema de Cooperación, que es el que quieren los vecinos, la actuación urbanizadora es desarrollada directamente por la Administración, y no por el propietario de la mayoría del terreno como ocurre con el Sistema de Compensación. Los afectados pueden constituirse en Asociación cooperadora que dialogue directamente con la administración, proporcionándoles una mejor defensa de sus derechos.

EL ABOGADO DE LOS VECINOS DENUNCIA DISCRIMINACIÓN Y VULNERACIÓN DE DERECHOS

En cuestión de realojo, el Ayuntamiento asegura que en las propias bases de actuación se incluye el compromiso vinculante del promotor de asumir la carga del realojo. Claro que el Ayuntamiento también aseguró que los tres meses de prórroga que dio fue para que la empresa constructora negociara con los vecinos, y hasta les mostró un compromiso firmado por Costa Verde Habitat.

Y claro, aquello se convirtió en papel mojado cuando, pasados los días, un vecino se puso en contacto con la constructora y esta dijo que no tenían intención alguna de negociar. Por lo tanto, las promesas del Ayuntamiento valen poco para los vecinos tras estos antecedentes.

Más cuando se sienten discriminados en referencia a otros vecinos de Santander, tal y como refleja la respuesta de Juan Mantilla al Consistorio. «En el propio Plan General existen otras Unidades de Actuación o Áreas específicas en las que sí está contemplado el derecho de realojo de los vecinos como una carga urbanística más para los promotores», como es el caso del Promontorio de San Martín.

Además, Mantilla recalca que la inclusión del deber de realojo a la que se refiere el Ayuntamiento tiene un contenido genérico. «No determina en detalle las condiciones en las que debe llevarse a cabo este proceso» y «no ofrece las mínimas garantías exigibles por los actuales habitantes del barrio, propietarios o inquilinos y titulares de negocios en activo, sobre el cómo, dónde y por cuánto, con qué coste se va a realizar ese realojo».

Juan Mantilla (abogado de los vecinos): «Los actos del ayuntamiento contradicen sus manifestaciones»

Y, de hecho, considera que la «prueba de esta insuficiencia de garantías de realojo» en el contenido de las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación, la pone de manifiesto, de forma inequívoca, el propio ayuntamiento en su petición al Gobierno regional de incluir una modificación de la Ley del Suelo en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016.

A pesar de todo, el Ayuntamiento insiste en que, de prosperar su propuesta dirigida a modificar la Ley de Suelo de Cantabria, esta podría resultar de aplicación al Área Específica de El Pilón. Pero, como recuerdan los mismos vecinos, estas leyes no tienen carácter retroactivo, y es imposible que la nueva Ley de Suelo llegue antes de la creación de la Junta de Compensación.

«Los actos del ayuntamiento contradicen sus manifestaciones», concluye el abogado de los vecinos, que insiste en que «el actual PGOU de Santander vulnera derechos constitucionales de los vecinos afectados por la ordenación de las Áreas Específicas».

Hay hasta 90 unidades de actuación como la de Pilón, previstas en Santander.