Familiares de una de las víctimas en el derrumbe del Cabildo de Arriba junto a Marco, nieto de Amparo Pérez, en la cuesta del Hospital || Foto: Joaquín Gómez Sastre

Este martes se cumple el octavo aniversario de la muerte de tres vecinos de Santander, en el derrumbe del número 14 de la Calle Cuesta del Hospital en el Cabildo de Arriba. Perdieron la vida Gumersinda Colmenero, su hijo, Jesus Manuel Gómez Colmenero, y un amigo de la familia, Raúl Teodoro Monzón.

Fue un día de la Inmaculada, por la tarde. Recuerdo que era sábado y yo estaba en casa de mis padres. Esa noche había fútbol en la televisión, algo que fue utilizado para construir rápidamente un bulo, con la mala idea de culpabilizar a las víctimas de su propio destino.

Recibí una llamada de un contacto alertándome de que algo grave había sucedido en el Cabildo: se había desplomado otro edificio. No era la primera vez que se caía un bloque de viviendas en el barrio, un castillo de naipes que había dejado más víctimas mortales en el pasado.

Llamé a mi jefe en la Cadena SER. Le conté lo que sabía y me puse a disposición. En poco tiempo me devolvió la llamada. Aquella tarde, mientras los bomberos trabajaban en localizar el tercer cadáver, tendría que atender a los boletines hasta la noche; a la mañana siguiente, madrugar para contar la tragedia en el A vivir que son dos días de Angels Barceló.

Visitó el barrio el entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que estaba de mitin en Santander. También el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y su consejero de vivienda, José María Mazón.

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ofreció una rueda de prensa el domingo, para ordenar los primeros datos disponibles. Se convertiría en la primera y la mayor crisis política que ha afrontado De la Serna, y para superarla activaría todos los medios a su alcance.

NEGLIGENCIA E IMPUNIDAD

Ya había tres muertos encima de la mesa, y la hija de Gumersinda, la anciana fallecida en el suceso, había registrado en el Ayuntamiento, horas antes del derrumbe, el último escrito en el que se denunciaba el estado de alarma por la situación del edificio.

Era la enésima advertencia de los vecinos sobre una actuación urbanística negligente que precipitó los acontecimientos. Semanas antes, una constructora había iniciado obras en el edificio contiguo al que se derrumbó la tarde del día de la Inmaculada de 2007, en el número 12 de la misma calle Cuesta del Hospital.

La licencia que el Ayuntamiento había concedido era de obra menor, para el arreglo de la fachada y el tejado. Pero la iniciativa inmobiliaria vulneró toda la normativa municipal y acometió el vaciado integral del edificio, que se quedó en un solar, excediendo, por mucho, la licencia con la que contaban.

El trabajo de las máquinas excavadoras removió los cimientos del número 14, que empezó a resquebrajarse sin remedio, hasta el derrumbe final. Días antes, un técnico municipal había girado una visita. Supuestamente, el Ayuntamiento había recomendado el desalojo de los vecinos y había ofrecido unos apartamentos. Pero el relato se fue construyendo sobre mucha confusión.

La acción municipal fue de contemporización de la indignación vecinal y de los partidos políticos de la oposición. Se hizo un gran esfuerzo en el escrutinio del estado de los edificios y de las propiedades. Hubo declaraciones de ruina y algún desalojo. Y se programaron actuaciones que nunca se han llegado a desarrollar.

BUROCRACIA

En la Comisión Mixta diseñada para contener la crisis política, cobró relevancia la presidenta de una Asociación de Vecinos que había sido siempre muy combativa. Pero su iniciativa se fue desactivando paulatinamente, según los planes para el barrio se enredaban en la falta de entendimiento de las administraciones o en la propia burocracia.

Poco a poco se fue desentendiendo hasta renunciar a seguir llevando la voz de los vecinos al Consistorio.  Los medios nunca contaron que su pareja había aceptado el puesto de la Oficina de Atención a las Víctimas, en el Cabildo de Arriba.

En la acción política primó el control de la información, en los medios y en el juzgado, donde el Ayuntamiento se llegó a personar como acusación particular para, una vez descartadas las responsabilidades públicas, dejar de ejercer esta acción. Salieron inmaculados, como el día del trágico derrumbe.

Paralelamente, se convocó con cuentagotas una Comisión Mixta que estaba encargada de modernizar el barrio, dotarle de mayor seguridad ciudadana, revisar las viviendas en mal estado y ofrecer soluciones a los vecinos para su rehabilitación. Se convocaron ruedas de prensa, se publicaron infografías.

Se invirtió poco dinero. Se asfaltó alguna calle y se mejoraron las aceras. No hubo ninguna actuación de fondo; en todo caso quedaron enterradas con el paso de los plazos de figuras urbanísticas, ambiciosas sobre el papel, que contemplaban grandes partidas de dinero, pero que han ido caducando con los años. Os sonarán el PERI, el ARI, el ARU, el ARCU, el ARRU…

Las víctimas se sintieron solas e incomprendidas, cuando no atacadas directamente por la confrontación pública con el equipo de Gobierno, tal y como ha vuelto a suceder años más tarde en el asunto de Amparo Pérez o ahora con El Pilón.

El juicio se resolvió en 2013, seis años y medio después del derrumbe, con indemnización económica de 400.000 euros para los herederos y acuerdos para la rebaja de la condena al ingeniero, de 4 a 2 años de cárcel (con lo que no ingresaría) y la eliminación de ella para el constructor, que libró con el pago de una multa de 1.500 euros.

Han pasado ocho años. En el lenguaje político que todo lo invade, el tiempo transcurrido es de dos legislaturas. Las víctimas sienten que no se ha hecho Justicia y los vecinos tienen memoria.

El próximo plazo para acometer la renovación expira en 2016 y las dudas sobre su concreción aumentan, en un barrio tan acostumbrado a la lucha como a la resignación. En el Cabildo de Arriba casi todo sigue igual.