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Los miembros del Gobierno deben inhibirse en decisiones sobre empresas en las que trabajaron

12 de enero de 2016. POR

Hasta catorce cargos del Gobierno de Cantabria deben abstenerse de tomar decisiones (inhibirse) en determinadas materias de su competencia por haber riesgo de conflicto de intereses al afectar a su experiencia en el mundo de la empresa previa a su llegada a la Administración.

Estas inhibiciones (14 de un total de 78), que se pueden consultar en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, pueden ser por distintos motivos: desde ser socios de empresas hasta estar casados con directivos de sociedades privadas sin que estos sean propietarios, según esa información consultada por EL FARADIO.

Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria

Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria

(Son inhibiciones que, en cualquier caso, se ciñen a los dos años inmediatamente anteriores a la toma de posesión del cargo, y que no se contabilizan ni se detallan para los presidentes y directivos de las empresas públicas).

Pero en al menos una decena de casos las normas que llevan a inhibiciones van más allá de la propiedad de acciones o la relación familiar.

Y se extienden al haber pasado por empresas, en distintos niveles de responsabilidad

(a diferencia del Ayuntamiento de Santander, donde hasta tres directivos del grupo constructor SADISA gestionan áreas relacionadas con el Urbanismo sin que se haya dictaminado ningún tipo de inhibición ni incompatibilidad).

-Y así, sí que se dan casos de miembros del Gobierno que eran socios de empresas sobre las que no pueden decidir.

Como Jesús García, el director del CIMA, debe inhibirse en los asuntos que trató en su época como autónomo o como socio de la empresa Gestión Urbanística.

-A caballo entre ser empresario y trabajador se encuentra la figura del autónomo, régimen habitual en el mundo de los abogados.

Hay cargos del Gobierno que lo son y que no pueden tomar decisiones sobre expedientes que abordaran en aquella época

Por ejemplo, el gerente del organismo mediador de conflictos laborales ORECLA, José Antonio Alonso, por su condición de mediador, y el director general de Justicia, Pedro García Carmona, abogado también.

En otros la relación viene por su condición de consejero, que sigue sin ser socio o propietario, como le sucede a Rafael Pini, que lo fue de Puntida, una empresa que pertenecía a Caja Cantabria centrada en sus activos inmobiliarias y que cuenta entre sus consejeros a numerosos cargos políticos.

De hecho, como empresarios de forma pura, es decir, como socios de empresas, sólo figuran el citado Jesús García y Raúl Pelayo, director general de Industria, socio de varias firmas (hostelería, construcción, y Pelayo e Hijos), quien no puede tomar decisiones que afecten a estas sociedad. Pero tampoco a una firma en la que trabajó como técnico, Igenercan.

En esa circunstancia, en la de tener que inhibirse en la toma de decisiones de empresas en las que han trabajado o tenido responsabilidad, se encuentran varios altos cargos:

-Julián Pérez Gil, gerente del Servicio Cántabro del Salud, tiene que inhibirse en la toma de decisiones que afecten a la consultora COGESA, en la que trabajó.

-José Luis Gallo, miembro del ICASS, que debe inhibirse en los asuntos que afecten a la empresa en la que trabajaba antes (GFI Norte), de la que no era socio.

-El director general de Vivienda debe inhibirse en asuntos de una empresa de instalaciones eléctricas (OHMSA) de la que ha sido director comercial.

-El director de Gabinete de Medio Rural, Esteban Ruiz, tiene que inhibirse en los expedientes relacionados con una editorial de la que fue director de contenidos.

En el caso de las inhibiciones por causas familiares, la directora general de Ganadería debe hacerlo porque su marido es secretario del Consejo de Administración de una empresa veterinaria y la de Pesca porque su cónyuge es gerente de SERISAN. En ambos casos, en los asuntos que afecten a estas empresas, y, en ambos casos, son directivos, pero no socios o accionistas.

Las inhibiciones llegan a situaciones como la de la directora general de Deportes, Zara Ursuguía, no puede tomar decisiones en materia de subvenciones que afecten al club de voleibol Textil Santanderina, en el que es jugadora (no directiva).

Jorge Muyo, director general de Innovación, debe inhibirse en lo relacionado con los expedientes concretos que tratara tanto en la Cámara de Comercio como en la CEOE, instituciones con una fuerte carga pública en las que tuvo responsabilidades  en materia de innovación.

Y se dan paradojas como que las personas relacionadas con empresas del propio sector público deben inhibirse en asuntos relacionados con el sector público, caso de Marina Bolado, directora general de Cultura, que trabajó como Relaciones Públicas en el Festival Internacional de Santander, sociedad pública, y que debe inhibirse en asuntos que afectan y que entran directamente en su área de competencias, todo mientras no se difunden ni se contemplan del mismo las actividades privadas de miembros de empresas públicas del Gobierno de Cantabria.

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