PSOE, Ganemos e IU se unen contra la opacidad en la liquidación de la senda costera

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ARCO IRIS SENDA

Estado actual de la senda costera. || Foto: Pedro González

Partido Socialista, Ganemos Santander e Izquierda Unida llevarán el jueves al Pleno del Ayuntamiento de Santander una moción que pide que se hagan públicos los datos de la liquidación y su desglose en la obra de la senda costera, y que se haga “en el menor plazo posible si ya hay conocimiento de los mismos”.

La moción está motivada por el anuncio del Ayuntamiento de Santander, el pasado 22 de enero, de que el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa constructora, Dragados, habían alcanzado un acuerdo para la liquidación, pero sin desvelar el coste para la administración pública.

Así lo hizo el Consistorio en un comunicado enviado después de una reunión en el Ministerio entre la titular, Isabel García Tejerina, y el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que estaba en Madrid con motivo de la celebración del día de Cantabria en la Feria Internacional del Turismo (FITUR).

Pero todavía no se ha dado a conocer la cifra de dicho acuerdo entre el Gobierno de España y la empresa, a pesar de las reiteradas peticiones de los vecinos a todas las administraciones competentes.

Los tres grupos políticos que impulsan la moción plantean que el equipo de Gobierno del PP traslade los pormenores de la liquidación del contrato en la comisión de desarrollo sostenible o “tan pronto como se tenga constancia de los mismos”.

OPACIDAD EN LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

La obra de la senda costera se licitó en dos millones de euros y fue adjudicada por menos de la mitad a la constructora Dragados, del grupo ACS, que presentó la mayor de todas las bajas temerarias ofertadas.

Los “excesos constructivos” provocaron la alerta de los ciudadanos de la costa norte, que pronto se agruparon en la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte para frenar el avance de las obras peatonal entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar.

El Ayuntamiento y la Demarcación de Costas de la Delegación del Gobierno en Cantabria anunciaron que paralizarían los trabajos que ejecutaba la constructora, pero no fue hasta que varios vecinos se plantaron delante de las excavadoras cuando las administraciones procedieron a paralizar la obra.

Entonces, los colectivos ciudadanos y ecologistas, que habían seguido el proceso advirtieron que la empresa había aprovechado el periodo de indefinición de las administraciones en detener efectivamente las obras para completar hasta un 80% del proyecto.

Por lo tanto, la indemnización por la rescisión del contrato se tendría que calcular sobre el 20% restante.

Ese importe es el que todavía se desconoce, por la opacidad de las dos administraciones competentes (Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España y Ayuntamiento de Santander).

PETICIONES PARA UN NUEVO PROYECTO DE SENDA

ATARDECER SENDA

El Panteón del Inglés, en Cueto, al inicio del recorrido entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar. || Foto: Pedro González

La moción, a la que ha tenido acceso EL FARADIO,  incluye una batería de medidas sobre la senda costera  que los partidos de la oposición quieren que el PP asuma y se comprometa a cumplir.

De esta manera, piden al gobierno popular que inste de forma pública a la Demarcación de Costas, en dos semanas, a iniciar “de forma inmediata” las labores de limpieza, retirada de material defectuoso de la obra, recuperación del entorno, vigilancia y control y limitación de accesos a vehículos a motor, a la zona de la senda.

En caso de que, transcurrido un mes desde la instancia, Costas no hubiera iniciado tales labores, piden al Ayuntamiento que asuma las competencias mediante “los cauces reglamentarios oportunos” y con el correspondiente permiso de actuación.

Los tres partidos solicitan revertir el daño medioambiental, eliminar las estructuras y pasarelas construidas y  reponer las paredes de piedra seca (moríos), catalogadas tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander como en el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

De cara a la redacción de un nuevo proyecto, exigen que “cumpla con las con normas y leyes urbanísticas y medioambientales vigentes a las que tanto el Gobierno de Cantabria como el Defensor del Pueblo “se han referido durante todo este tiempo”.

Se refieren al Plan de Ordenación del Litoral y el Plan de Sendas de Cantabria, así como toda la normativa medioambiental española y europea que se incumplió en el primer proyecto.

Por último, reclaman al equipo de Gobierno del PP que cualquier nuevo proyecto o acción que en un futuro se plantee sea remitido, para su análisis y aprobación, a todas las Administraciones Públicas competentes en la cuestión.

Y que sea sometido a un proceso de información pública y de participación ciudadana, tal y como pide el Defensor del Pueblo.

 

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