El Gobierno de Cantabria modificó la pasada legislatura una ley para dar cobertura legal a la concesión de un aval público al Grupo SADISA, del que dependen, entre otras, la constructora ASCAN o la sociedad adjudicataria de las basuras en la capital cántabra.

Es un cambio legal que se hizo en una legislatura en la que SADISA y el Ejecutivo del PP mantuvieron serias discrepancias, con anulaciones de proyectos adjudicados previamente (Valdecilla, Puerto de Laredo o Colegios del Mundo) y con declaraciones muy críticas en prensa del responsable del grupo.

Y lo desgrana un informe del Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador dependiente del Gobierno central, al que ha tenido acceso EL FARADIO.

Sede del Grupo

En concreto, lo que sucedió es que en mayo de 2012 este grupo del sector de la construcción solicitó al ICAF (el Instituto Cántabro de Finanzas) un aval para poder formalizar un crédito de 5 millones de euros.

La empresa, como tantas otras en tiempo de crisis, se resentía de la difícil mezcla entre el bajón del sector, la reducción en la obra pública (más acuciante en su caso por el contraste entre las adjudicaciones de la época del PSOE-PRC y las anulaciones en la época de Ignacio Diego como presidente) y la falta de crédito por parte de las instituciones financieras.

Fue precisamente al plantearse esta petición de aval ligada directamente a un crédito cuando el ICAF, organismo público dependiente del Gobierno de Cantabria para operaciones de financiación, indicó en su informe de riesgos que la actividad solicitada, la petición de un crédito, no se consideraba estratégica (el que la actividad fuera estratégica era la condición necesaria para que se pudieran conceder avales públicos a empresas privadas), dentro de las líneas así consideradas por el Consejo de Gobierno sólo unos meses antes.

UN PRIMER CAMBIO

Entonces, según relata la documentación del Tribunal de Cuentas manejada por EL FARADIO, se optó por recurrir, para permitir a esta operación, a considerarlo una excepción.

Esto requería un mandato expreso del Consejo de Gobierno que autorizara el aval concreto para actuaciones que, como esta, no estaban definidas como estratégicas por el propio Ejecutivo.

En consecuencia, el 14 de junio de 2012 el Consejo de Gobierno acordó, argumentando la situación de crisis económica y financiera, sumar un nuevo objetivo estratégico a los que ya había definido meses antes.

Y este objetivo era, directamente, el “mantenimiento del empleo en aquellas empresas que, teniendo un elevado volumen de plantilla y una situación razonablemente saneada, estén sufriendo, temporalmente, dificultades para acceder a la financiación bancaria”.

Y gracias a eso, a la semana siguiente, en la nueva reunión semanal de los miembros del Ejecutivo cántabro, el ICAF ya había informado positivamente de la operación y el Consejo de Gobierno aprobó un aval por valor de 4 millones de euros, por un plazo de un año, que se renovó en al menos dos ocasiones.

Con todo, se trataba de una disposición del Gobierno de Cantabria, por tanto, de una norma inferior en rango a la de una ley autonómica, y, según explican a EL FARADIO fuentes jurídicas, una norma no puede ir en contra o modificar una norma superior, como sucedió en este caso, con un acuerdo de Consejo de Gobierno que excedía las previsiones de una ley autonómica.

LOS CAMBIOS LEGALES

Las condiciones para las operaciones de créditos vienen marcadas en la propia Ley por la que se creó el Instituto Cántabro de Finanzas, en 2008, bajo los gobiernos de PSOE y PRC.

En ella se habilitaba a este ente para conceder créditos, avales u otro tipo de garantías a personas naturales o jurídicas pertenecientes al sector privado, siempre que su domicilio social, establecimiento permanente o centro de dirección se situasen (o fueran a situarse) en Cantabria y se encontrasen dentro de las actividades estratégicas definidas por el Consejo de Gobierno mediante sucesivos acuerdos aprobados posteriormente.

La redacción original de la ley, con las referencias a que los avales serían en sectores estratégicos

Ese parte de la Ley se modificó en 2013, aprovechando la llamada Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la comunidad autónoma (un texto que recoge cambios normativos y fiscales, concebido como complemento al presupuesto y utilizada para modificar distintas leyes de golpe, en una práctica criticada por los partidos en la oposición pero llevada a la práctica por ellos mismos en el Gobierno).

Y lo que se hizo fue cambiar un artículo de esa ley: en concreto, la referencia en el artículo 11.2 a que los avales al sector privado “únicamente podrán concederse cuando se utilicen para financiar inversiones de interés estratégico para Cantabria”, líneas que se definirían cada año y por un período que se extendería a cuatro.

Esa referencia a las líneas estratégicas desapareció, ciñéndose así los requisitos para la concesión de los avales a la domiciliación de la empresa, presente o futura, en Cantabria, y a los criterios del propio ICAF, fijando la cantidad a avalar en 15 millones (de los que 4 fueron los autorizados a este grupo constructor)

La nueva redacción, excluyendo ya los sectores estratégicos y otros criterios.

AVISOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas llama la atención sobre que en ese cambio legal ya no se establece “ningún tipo de requisito adicional a cumplir”.

En una ausencia que este organismo fiscalizador de las cuentas públicas considera “especialmente significativa” ya que para entonces el ICAF no contaba con normas internas que desarrollaran estos criterios.

Y también incide este organismo en que desde las instituciones no se establecieron mecanismos de publicidad para que todas las empresas pudieran conocer estas líneas de financiación (con la excepción de los préstamos y microcréditos, no avales, arbitrados para microempresas y autónomos en colaboración con las entidades financieras).

Y eso pese a que en las prioridades estratégicas establecidas inicialmente, antes de estos cambios, se había sido previsor y se daba una “diversidad” de sectores económicos considerados estratégicos, y, entre ellos se había incluido expresamente el mantenimiento del empleo en empresas con un elevado volumen de plantilla.

La novedad que se incorporó fue la de una realidad que vivieron y siguen viviendo todas las empresas, las dificultades para conseguir crédito, pero detectada a raíz de una solicitud de SADISA que fue la que activó toda la maquinaria administrativa.

Todo esto se sustanció en 2012 y se fue arreglando administrativamente a finales de 2013, cuando se produjo la modificación legal.

Para entonces, ASCAN, la constructora del Grupo SADISA, ya había optado por un preconcurso de acreedores, una fórmula con la que se blindó ante la posibilidad de que alguien le reclamara el pago de las deudas.

Y que superó tras llegar a un acuerdo de financiación de su deuda con distintas bancos, capitaneados por el Santander.