Este viernes, 20 de mayo, el Grupo por la Renta Básica Andarivel, Libres.org, la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión, partidos como Santander Sí Puede y los sindicatos CNT y CGT se han unido de nuevo para organizar un pasacalles amordazado por las calles de Santander.

El pasacalles partirá a las 19.30 h. desde la Plaza de Numancia hasta la Delegación de Gobierno para destacar que precisamente Cantabria tiene el récord de sanciones en España por las Leyes Mordaza, que es el nombre popular que han adquirido las precisamente impopulares Leyes de Seguridad Ciudadana. El objetivo de este pasacalles es protestar precisamente contra ese conjunto de leyes.

Manifestantes amordazan a la estatua de la pescadora situada junto al túnel de Tetuán.

También reclaman una amnistía social a todos aquellos activistas que, desde su implantación, han sufrido sanciones o están a la espera de ellas, por protestar contra los bancos, como es el caso de la PAH, acampada desde hace unos días en la Porticada, o por luchar por una sanidad o educación públicas como lo hacen otras plataformas ciudadanas.

CONTRA LAS LEYES MORDAZA Y POR UNA AMNISTÍA SOCIAL

Con el pasacalles, estos colectivos también quieren recordar que esta Ley Mordaza no es la primera polémica que recortar libertades en democracia en nombre de una seguridad. Hablan también de la Ley Corcuerda, concebida al principio de los años 90, más conocida como Ley de Patada en la Puerta, que es el mayor precedente de la actual, o la situación que provocan las leyes de extranjería, criticadas por numerosos organismos internacionales.

“No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física por lo que estamos sufriendo”, reza su manifiesto que asegura que no piden “ni clemencia ni indultos”, sino que “reclamamos y exigimos justicia social”.

Con la amnistía socialexigen que se supriman todas las causas abiertas en los juzgados, derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales; así como la anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores, que vengan de la intervención gubernativa, en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos.

También exigen la libertad inmediata y la eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía en casos de desahucios, huelgas
generales y luchas sectoriales o individuales; así como la derogación de las diferentes ordenanzas municipales que restringen el uso del espacio público como lugar de encuentro y reivindicación, también en los casos que afectan a personas «sin techo» y que viven en la calle, así como aquellas que atañen a las que ejercen la prostitución.

En materia de extranjería, estas organizaciones se unen a otras ONGs a nivel nacional e internacional para exigir el cierre de los CIES, los centros donde se retiene a los inmigrantes considerados ilegales a su llegada a España.

Centros que esta misma semana han sido duramente criticados por la ONU, que ha suspendido a nuestro país en materia de discriminación racial y en los derechos de los inmigrantes, así como en el uso excesivo de la fuerza en las fuerzas de seguridad, amparadas precisamente por las leyes mordaza.