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El ‘tripartidismo’ controlará la comisión de investigación de Nestor Martin

1 de julio de 2016. POR
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Imagen viral que denunció en redes sociales la situación de la fábrica de estufas

PP, PRC y PSOE coparán la mesa de la comisión de investigación de Ecomasa / Nestor Martin, el proyecto fallido en el que el Gobierno del PP dilapidó 18 millones de euros de dinero público la legislatura pasada, así como los 3,2 millones aportados por los 88 empleados que renunciaron a sus indemnizaciones en Teka.

De esta manera, los dos nuevos partidos que ingresaron en el Parlamento tras las elecciones de mayo de 2015, Podemos y Ciudadanos, se quedan fuera de la mesa de esta comisión de investigación, el órgano que controla el plan de trabajo, el orden del día de las sesiones y el calendario de citaciones y las comparecencias.

La formación morada, que originalmente había registrado en noviembre la petición de crear una comisión de investigación, había solicitado con insistencia en los últimos meses su impulso, con preocupación por el “reiterado encubrimiento” de la mala gestión.

Y es que desde finales del mes de marzo había quedado definido el órgano de investigación de la comisión de Ecomasa, los diputados (cuatro del PP, tres del PRC, dos del PSOE, uno de Podemos y otro de Ciudadanos) a los que se les entrega la documentación que obra en poder del Gobierno para que, tras su estudio, cada grupo requiera las comparecencias que estime oportunas.

ANTECEDENTE

No es la primera vez que los nuevos partidos quedan bloqueados por decisiones de los partidos tradicionales. Podemos fue muy beligerante con el acuerdo de PP y PSOE, que vetaron la retransmisión en streaming –al mismo nivel que los responsables públicos- de los afectados por el urbanismo en la capital.

Es decir, lo que vetaron PP y PSOE fue dar publicidad a las comparecencias de los vecinos afectados por las políticas de urbanismo del Ayuntamiento de Santander, que reaccionaron con críticas a la falta de transparencia en el Parlamento de Cantabria.

Fue en el marco de la que se ha llamado Comisión de Investigación del Urbanismo en Santander, que en la práctica es una comisión de urbanismo para la preparación de la modificación de la Ley del Suelo aprobada en el Pleno, para que incluya el derecho al realojo de los vecinos afectados por proyectos de renovación urbana.

Fue a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, asumiendo el discurso del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santander de que la solución al problema concreto de los vecinos de El Pilón está en la Ley del Suelo y, por lo tanto, en el Gobierno de Cantabria; y no, por tanto, en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como subrayan el resto de partidos.

NESTOR MARTIN EN EL PARLAMENTO

Aunque el asunto está judicializado, en una querella presentada por los trabajadores a la que se ha sumado el Gobierno de Cantabria, siguiendo indicaciones de la Fiscalía, el Parlamento de Cantabria aprobó el pasado mes de febrero la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades públicas.

Una comisión de investigación que fue aprobada en la cámara por consenso, con el apoyo del Partido Popular, que era el partido que estaba en el Gobierno, durante la Presidencia de Ignacio Diego, que fue el valedor de los empresarios privados, que pusieron poco más de 200.000 euros y ahora están investigados por la Justicia: Andrés de León y Jesús Lavín.

Entonces, el portavoz popular, Eduardo Van den Eynde, daba la bienvenida a esta comisión de investigación porque será “sumamente aclaratoria” e insistía en que el problema de la empresa (Ecomasa) había sido de “liquidez” y que habría salido adelante “de haberse llevado a cabo los acuerdos que se aprobaron en el pleno”.

Es el argumento principal del PP, que acusa al actual Gobierno PRC-PSOE de “matar” el proyecto por “una vendetta política” que, en su opinión, se llevó a cabo “por encima de los intereses de los trabajadores”.

La de Nestor Martin será la tercera comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria y la primera de la legislatura, después de las de GFB y CANTUR, impulsadas por el Partido Popular al llegar al Gobierno con mayoría absoluta en el año 2011.

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