Francisco González Buendía, Juan Manuel Alegre Ávila, José Manuel Gómez Oviedo y Francisco Lorenzo Monteagudo.

El director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González Buendía, ha anunciado que el Ejecutivo regional quiere llevar al Parlamento cántabro el borrador del anteproyecto de la futura Ley del Suelo de la comunidad autónoma “antes de que acabe el año”, un documento que ya está “preparado”.

González Buendía ha hecho este anuncio antes de comenzar el encuentro que sobre ‘El urbanismo en Cantabria: perspectivas de futuro’ se ha celebrado este jueves en la sede de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) de El Torco, en Suances.

Junto al director general de Urbanismo, han participado en esta jornada los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, Juan Manuel Alegre Ávila, – al que el Gobierno regional le ha encargado un dictamen sobre el borrador del anteproyecto de ley -, José Manuel Gómez Oviedo y Francisco Lorenzo Monteagudo.

González Buendía ha explicado que, con este encuentro, se ha buscado suscitar un primer debate para ir recibiendo sugerencias y aportaciones porque, según remarcó, la idea “no es tener algo cerrado, sino un texto abierto” en el que puedan participar colectivos y profesionales para, a partir de ahí, “ir viendo lo que podemos encajar con las ideas que ya tenemos preparadas”.

SE BASARÁ EN LA NORMATIVA VIGENTE QUE CONSIDERAN «UNA MUY BUENA LEY»

Respecto al borrador del anteproyecto, González Buendía reconoció que “no van a ser grandes innovadores” porque, a su juicio, sobre el urbanismo “está todo prácticamente escrito”, pero sí apuntó que se incluyen “novedades” con el objetivo de “suscitar el debate para ver qué aportaciones se hacen”.

Así, explicó que la nueva normativa parte de la ley vigente, la de 2001, que, en su opinión, es “una muy buena ley”, la cual “tiene cosas buenas que vamos a aprovechar”. Pero Buendía ha argumentado que la sucesión en los últimos 15 años de una serie de acontecimientos “tremendos”, sobre todo, económicos, junto a la aparición de “muchas” leyes estatales y a las modificaciones puntuales realizadas en Cantabria, “aconsejaban” redactar un nuevo texto.

Las novedades que se introducen están relacionadas con la “compactación” de las ciudades, desde el punto de vista de la renovación o de “aprovechar” barrios “degradados” para ponerlos en valor. Entre las novedades también contemplan “acabar” con la dispersión “indiscriminada” de edificación que provoca el encarecimiento de los servicios o regular “muy bien” los derechos de retorno y de realojo para evitar que se produzcan “conflictividades sociales”, apoyando actuaciones en el interior de las ciudades que están “más degradadas”.

Asimismo, se incluirán medidas como la agilización de los planeamientos urbanísticos de los municipios, la simplificación de trámites, la simplificación de la gestión urbanística y de las clasificaciones de los suelos.

Buendía también ha hablado de la figura del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y es que la nueva ley de suelo contempla apoyar la labor de los ayuntamientos, incluso “subvencionando sus competencias o tutelando”, dado que “gran parte” del urbanismo es competencia municipal.

Además, ha resaltado que la nueva normativa no solo será una ley de urbanismo, sino también de ordenación del territorio, ya que regula, por ejemplo, con “bastante detalle” la figura del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) o establece figuras “novedosas” de ordenación territorial.

EL PARLAMENTO ESTUDIA UNA PROPUESTA ESPECÍFICA SOBRE REALOJOS

Zona de El Pilón.

En enero, el Parlamento de Cantabria aprobó creó una comisión para regular el derecho específico al realojo en suelo sistemáticos. Esta propuesta, que nació del PP para que fueran las instituciones regionales las que solucionaran el problema del Ayuntamiento de Santander que afecta a vecinos del Pilón, salió adelante por consenso pero tuvo un giro de guión cuando Podemos reclamó la presencia de los vecinos afectados para conocer sus exigencias y lo que iba a ser una comisión rutinaria se convirtió prácticamente en una Comisión de Investigación del Urbanismo en Santander.

Este recurso existe en el Parlamento, aunque casi nunca se ha llevado a la práctica. Es la posibilidad de que en la tramitación de las leyes se escucharan otras voces aparte de la de los propios diputados de los grupos.

La mesa del Parlamento aceptó las intervenciones de los vecinos y colectivos pero los ‘silenció’, asegurándose de que las comparecencias de estos fueran a puerta cerrada. Algo que indignó especialmente a los vecinos, que denunciaron falta de transparencia de la cámara regional, aunque Podemos se encargó de ‘subsanarlo’ filtrando sus declaraciones a la prensa.

En ellas, los vecinos señalaron al Plan General de Ordenación Urbana de Santander como principal responsable de los problemas urbanísticos de los barrios, que amenazan su permanencia en los barrios y la propia existencia de sus casas.

Entre los llamados a exponer su opinión estaba Marco Santamaría, nieto de Amparo Pérez, la anciana que falleció después de que su casa fuese derribada para construir el vial de la S-20, que acabó con un sobrecoste de más de 200.000 euros.

Santamaría solicitó a los redactores de la nueva Ley de Suelo que el desarrollo urbanístico no se haga a costa de los vecinos, ni se repitan casos como el de su abuela.