IDERMAR a concurso de acreedores: Cantabria pierde otros 4,3 millones

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Izado del mástil de Idermar

Izado del mástil de la boya experimental de Idermar

El Juzgado de lo Mercantil número uno de Santander ha declarado en concurso de acreedores a Investigación y Desarrollo de Energías Renovables Marinas (IDERMAR), una empresa público-privada impulsada con 4,3 millones de euros por SODERCAN, en la anterior etapa de PRC y PSOE en el Gobierno de Cantabria, según ha adelantado este miércoles Voz Populi.

Tal y como informó EL FARADIO, el informe de intervención de SODERCAN que reveló debilidades en la contratación, cuestionó también las inversiones de la empresa pública en IDERMAR, tras su constitución en 2009, que dependían del beneficio privado.

Esta sociedad estaba participada en un 40% por Apia XXI, y el resto se repartía a partes iguales entre SODERCAN y otra privada, Oxital, señalada por el otro informe de intervención que ha trascendido en este primer año de legislatura, relativo a otra empresa pública: MARE.

IDERMAR estuvo presidida por Salvador Blanco (PSOE), que era el consejero delegado de SODERCAN, cargo al que ha regresado en 2015 fruto de la reedición del pacto de Gobierno entre PSOE y PRC.

Blanco está siendo motivo de una importante presión política desde los partidos de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos), que han hecho valer su mayoría parlamentaria para instar al Gobierno el cese del consejero delegado de SODERCAN (al trascender el informe de intervención), así como la vuelta de la empresa pública a la Consejería de Industria (controlada por el PRC).

LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DEPENDÍA DEL BENEFICIO PRIVADO

Según reflejaba el informe de intervención de Sodercan, la empresa pública se involucró en el proyecto de la boya marina en el que ya trabajaba Apia XXI, desde antes de que naciera IDERMAR.

Sodercan abonó préstamos por valor de 2,3 millones de euros a la empresa mixta para que, a su vez, abonara el precio de la boya marina a Apia XXI. Préstamos que sólo se recuperarían si IDERMAR generaba beneficios.

Además, la intervención resume que se incrementaron los presupuestos y que hubo sobrefinanciación del proyecto por parte de Sodercan, que acabó pagando el 40% de las cantidades a pesar de tener solo un 20% de las participaciones.

Con la declaración del concurso de acreedores se pone en peligro esta inversión del Gobierno de Cantabria que suman más de 4 millones de euros y que podrían perderse con la quiebra de la empresa.

LA BURBUJA DE LAS RENOVABLES EN CANTABRIA

El objeto de IDERMAR era la construcción de una plataforma flotante para la generación de energía eólica marina, a través del oleaje, y centró la inversión en una boya experimental que tuvo una gran atención mediática.

La principal empresa propietaria, Apia XXI, fue una de las grandes beneficiadas de la burbuja económica en Cantabria. Trasladó su sede al primer edificio del Parque Científico y Tecnológico de Santander y Cantabria (PCTCAN) y recibió encargos urbanísticos importantes, como la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, cuyo alcalde, Iñigo de la Serna, había trabajado previamente en la empresa.

Apia XXI fue la primera empresa en hacer valer la conocida ‘cláusula de la vergüenza’ (una indemnización millonaria para las empresas que decidieran abandonar su sede en el PCTCAN que evidenció que el Gobierno también asumió todo el riesgo de la construcción del parque tecnológico). Hoy ese edificio es sede de las consejerías de Industria y Medio Rural.

El proyecto IDERMAR nace en la misma legislatura del frustrado Plan Eólico, en el que tenían intereses los más importantes grupos empresariales de la comunidad autónoma. Entre los aspirantes a la adjudicación de potencia eólica estaba la familia Diaz (ASCAN), Huerta (Oxital) o el expresidente de CEOE-Cepyme, Miguel Mirones.

O la agencia de publicidad Fraile y Blanco, adjudicataria habitual de aquel Gobierno (sobre todo de las áreas socialistas), que se encargó de una campaña de publicidad que, tal y como denunciaron medios de comunicación como Alerta, Cadena SER o Cadena COPE (los menos favorecidos del reparto), tuvieron que financiar los empresarios que aspiraban a ganar el concurso, que refirieron presiones del propio Juan José Fraile.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitió el recurso de la asociación ecologista ARCA y anuló el Plan Eólico, que adjudicaba más potencia eólica de la prevista en el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN) y sin una evaluación ambiental conjunta de las instalaciones en el territorio.

 

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