La Plataforma Vecinal de Navajeda ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para luchar contra el proceso urbanístico que ha denunciado recientemente IU Trasmiera y el Circulo Podemos Medio Cudeyo-Entrambasaguas.

La nave levantada en Navajeda (Foto: Alfonso García-Oliva)

El caso ha saltado a la opinión pública después de que las formaciones denunciaran que el Ayuntamiento de Entrambasaguas ha otorgado licencia de edificación a un proyecto de nave industrial en suelo rústico, incumpliendo supuestamente la normativa vigente.

Los movimientos consideran que este hecho, además de ser ilegal, es una agresión visual en una zona de gran valor paisajístico. Y es que aseguran que el Ayuntamiento no ha ejercido su potestad para hacer cumplir los condicionantes impuestos por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, a pesar de las reiteradas quejas del vecindario.

Por ese motivo han comenzado a recoger las firmas para pedir al Consistorio que detenga este proyecto y derribe la edifición. Por el momento ya se han lografo recoger cerca de 200 firmas de vecinos que son contrarios a esta obra.

La edificación parece ser de una construcción de tipo industrial en suelo rústico, a pesar de que el proyecto dice ser de un taller artesanal, algo sobre lo que alertó en EL FARADIO Alfonso García-Oliva, coordinador de Izquierda Unida en la zona, en una tribuna.

Se trata de una nave de casi 300 m2 de planta, de 4,6 metros de altura, cubierta plana y estructura y revestimientos de hormigón, que, según señalan, no parece corresponder a las necesidades y dimensiones de un taller artesano.

Al parecer, el Ayuntamiento de Entrambasaguas ha autorizado su construcción, a pesar de contradecir las Normas Subsidiarias de su planeamiento urbanístico, así como las leyes autonómicas del Suelo, Conservación de la Naturaleza y del Paisaje, entre otras normas.

Tras las denuncias de García-Oliva, desde el Consistorio, advertidos por la CROTU (el órgano autonómico responsable del urbanismo) advirtieron al constructor de que debía cumplir con unas condiciones y paralizar la obra (sin que se hiciera, ni la paralización ni la subsanación de los errores, y esgrimiendo un informe municipal en el que se habla de que el paisaje es un concepto “subjetivo”.

OTROS CASOS DE PERVERSIÓN PAISAJÍSTICA

Este caso sigue, al igual que otros proyectos de perversión paisajística, la misma tendencia que los de años anteriores, en plena burbuja inmobiliaria. Antes de que los jueces o las administraciones se percataran, ya estaban los avisos de los vecinos que criticaban lo innecesarios que eran.

Ocurrió en el Alto del Cuco, en Piélagos, donde se ha derribado la urbanización ilegal de 214 viviendas que se construyó desmontando una montaña en el proceso. Todo el que pasaba cerca veía que aquello era un ejemplo de lo peor del ladrillazo que no podía ser legal. Y no lo fue. El resultado derivó en un cementerio de estructuras que nunca se completaron, unos clientes que perdieron sus ahorros y un monte arrasado que dificilmente se recuperará en los próximos años.

En el Mirador del Bolao, en Cóbreces, hay también movimiento de los vecinos que temen que se produzcan unos excesos constructivos en las obras, similares a los que ocurrieron en la senda costera en Santander. Allí se quiere reformar el antiguo Molino y sus accesos, en un proyecto del que organizaciones como Ecologistas en Acción han denunciado su agresividad y la innecesariedad, toda vez que ya cuenta con accesos peatonales.

Y es que temen acabar como la senda costera, cuyos excesivos trabajos provocaron el enfade de los vecinos que consiguieron parar las máquinas y paralizar el proyecto. Sin embargo, no parecen demasiado contentos con el nuevo borrador que les han presentado desde el Ministerio de Medio Ambiente, pues este parece más un «maquillaje» del primer proyecto que uno nuevo.

La Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander defiende que el proyecto se ha llevado a cabo con estudios caducos, pues se elaboraron en el año 2004, cuando la geografía del lugar y la realidad socio-económica era muy diferente. Además, consideran que al cancelarse el contrato con la empresa adjudicataria, algo que costó a las arcas públicas más de 600.000 euros, también debería darse el proyecto por eliminado y requeriría empezar de nuevo con otro distinto.