Ecomasa, la frustrada fábrica de estufas que además quiso absorber a los trabajadores despedidos de Teka, ocultó al Instituto Cántabro de Finanzas (el ICAF, el organismo del Gobierno de Cantabria que canaliza inversiones y créditos al sector privado) el desvío de fondos por valor de 2,7 millones de euros a empresas del propio grupo, según consta en documentación del Gobierno manejada por EL FARADIO.

La historia de Ecomasa (Néstor Martín) centrará buena parte del comienzo de curso político, con una comisión de investigación parlamentaria que se suma a un proceso judicial.

Ecomasa-Nestor Martin, la empresa que cerró llevándose la indemnización de sus trabajadores.

Lo que está en debate es el uso del dinero público (los avales y préstamos dados desde el Gobierno, en este caso de Ignacio Diego) para una empresa privada, pero también el dinero de particulares, ya que los trabajadores de Teka aportaron su indemnización por el despido a este nuevo proyecto industrial.

Toda la operación fue compleja, ya que el Grupo Ecomasa cuenta con varias empresas en distintos países (como Francia, Bélgica o Chile) y fases del proceso, y, además, su estructura de relaciones internas fue cambiante por la adquisición de nuevas empresas.

Ecomasa recibió inicialmente (abril 2012) el apoyo del ICAF (el Instituto Cántabro de Finanzas) por dos vías: un aval de 5 millones de euros para conseguir crédito ante bancos, y un crédito de 5 millones de euros para adquirir una sociedad comercializadora.

No fue suficiente: pronto pidieron medio millón de euros más al mes, y a la operación se sumó SODERCAN, la empresa pública de políticas industriales, entrando en el capital de la firma con 1,5 millones de euros (un 30,59%) que fueron, además, aportación de capital (contraviniendo de paso el discurso contrario a la entrada en empresas privadas que había construido el PP en la oposición a raíz del fiasco de GBF).

Y siguió sin ser suficiente: el caso es que entre distintas operaciones financieras del ICAF y SODERCAN, que incluyeron refinanciación y nuevos avales, el riesgo público acabó situándose en 15 millones de euros. Y, además, consiguió subvenciones superiores a medio millón de euros.

El asunto acabó mal por distintos motivos: los problemas económicos de sus propias empresas, los retrasos, el hecho de ser un producto muy estacional (estufas, con alta demanda en invierno y escasa en verano), la falta de liquidez, los retrasos en los pagos a los proveedores…

Se retrasaron los pagos a proveedores para conseguir aire, se habló con bancos de fórmulas financieras, y se llegó a culpar a los trabajadores de los retrasos (a su falta de formación al proceder de otra fábrica, de Teka, pese a que se cobraron subvenciones y las propias indemnizaciones de ellos para invertirlas en su formación).

LAS EMPRESAS SE PRESTABAN DINERO ENTRE SÍ SIN CONTRATO

La operación fue muy compleja, en parte por la propia estructura del grupo, que contaba con distintas empresas.

Y una de las particularidades de lo sucedido fue el importante movimiento de fondos entre las empresas, articulado a base de préstamos de unas a otras de los que no constan contratos y de los que no se informó al ICAF pese a que buena parte de sus ingresos eran de origen público y así quedaba recogido expresamente en sus acuerdos de colaboración.

Ecomasa

Las relaciones económicas entre empresas fueron constantes: firmas como EWI (Ecomasa World Investments, titular de la fábrica) prestaba dinero a EIH (Ecomasa International Heat, encargada de su explotación): importes de cifras como 643.000 euros para el pago de intereses bancarios, pero también se daba el movimiento a la inversa: EIH le prestó 791.000 euros.

Otra sociedad, Ecomasa 2, asumió una deuda total que llegó a sumar 1,8 millones de euros. En total, EWI llegó a prestar 2,1 millones de euros.

Se llegó a asumir un préstamo de 17.000 euros a un particular, sin que se supiera el objetivo ni constara documentación. Y se acabó considerando en las cuentas de la empresa como gasto.

Las relaciones implicaron el uso de derechos de cobro que no se podían usar, porque se habían traspasado, y no se hallaron contratos al respecto.

En estos casos, cuando unas empresas tienen deudas cruzados, proceden a lo que se llama compensación de saldos, y eso es lo que hicieron, un acuerdo por el que compararon sus respectivas deudas para ver a quien le acaba quedando más a pagar. Llegaron a articular un sistema de pagos mensuales.

Y los responsables del Instituto Cántabro de Finanzas, al revisar lo sucedido, advirtieron de que el sistema que habían empleado supuso, de facto, la eliminación de las garantías públicas, y la reducción de la cobertura por riesgos que daba el ICAF, una reducción “considerable” que les hizo pensar en la búsqueda de nuevas garantías o un “mayor compromiso” por parte de los socios.

Lo primero no sucedió, y se acabó fiando todo a un nuevo socio que nunca llegó, y el riesgo final se estableció en 15 millones de euros. Es más, las garantías se redujeron, porque las empresas que habían ido comprando (y que servían como garantía de recuperar la inversión) fueron depreciando su valor y se derivó la garantía a la última apuesta del grupo, la expectativa que mantenían en Chile.

En general, en el Gobierno empezaron a dudar cada vez más de la posibilidad de recuperar el dinero, o de que la propia empresa recuperara el dinero que ella misma había prestado a sus compañeras de grupo.

Y eso que EWI recibió 8,7 millones de euros por distintos conceptos, o que el aval del ICAF le permitió acceder a financiación bancaria por valor de 2,5 millones de euros. Pero en el Gobierno llegaron a la conclusión de que “es complicado determinar con exactitud el destino de los fondos”.