Samuel es el nombre ficticio de este menor camerunés amenazado por la expulsión de España || Foto: Guillem Ruisánchez

94.000 firmas digitales en change.org piden «protección para los menores migrantes» en lugar de «expulsión», a partir del expediente a Samuel (nombre ficticio) que forzó el Gobierno de Cantabria en junio de este año 2016.

La fuerte reacción social, que este jueves se ha viralizado, surge después de trascender, hace una semana, que el Ejecutivo cántabro (PSOE-PRC) reactivó la expulsión del menor camerunés no acompañado, con una comunicación a la Fiscalía de Menores en la que dudaba de su edad, cuando la Administración General del Estado ya lo había archivado.

Y lo hizo a pesar de que conocía que el primer expediente de expulsión se había archivado en Delegación del Gobierno, al dar validez a su partida de nacimiento, el pasaporte que aportó en aquel primer procedimiento y los informes de la Abogacía del Estado y el Defensor del Pueblo, así como ocho sentencias del Tribunal Supremo, directivas de la Unión Europea y convenios internacionales sobre los derechos de la infancia que obligan a la tutela administrativa de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) cuando están debidamente documentados.

El caso Samuel es el de un menor camerunés que llegó a Cantabria en el año 2015 después de un periplo de dos años a través de África, durante los cuales tuvo que sufrir a las mafias, los golpes de la policía de Marruecos en la frontera de Melilla y un rescate en aguas del Mediterráneo que le salvó del naufragio junto a los pasajeros de la patera a la que pudo acceder.

Tras la publicación en EL FARADIO de la noticia, las autoridades del Gobierno de Cantabria, que se negaron a hacer comentario alguno a este medio de comunicación, han accedido a reunirse este viernes con Pasaje Seguro Cantabria, colectivo que reivindica los derechos humanos de los refugiados y migrantes económicos.

La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, reaccionó a la exclusiva de este periódico digital con un comunicado en el que negaba que el actual Gobierno de Cantabria hubiera reactivado la expulsión, aunque en la práctica reconoce la secuencia de todos los hechos. 

Lois ligaba el criterio de los Servicios Sociales del Gobierno regional al de la Fiscalía de Menores, que se basa en el Protocolo Marco asociado a la Ley de Extranjería, que contempla la realización de pruebas médicas de determinación de la edad de los MENAS, a pesar de que la ONU lo considera ilegal.

En el caso de Samuel, se encargaron por la Fiscalía y se realizaron en Valdecilla, sin consentimiento informado ni intérprete: sin que el menor supiera en qué consistían las pruebas radiológicas ni las consecuencias del resultado que arrojaron: «18 años o más».

Durante el proceso de expulsión, un informe de la Abogacía del Estado, entre otros, que subrayaba la jurisprudencia del TS en la que prevalece la documentación oficial válidamente expedida por el país de origen del migrante, por lo que quedó archivado.

Pero cuando la representación legal del menor reclamó al Gobierno de Cantabria la tutela administrativa de Samuel y un permiso de residencia, como es preceptivo, los Servicios Sociales volvieron a ponerse en contacto con la Fiscalía de Menores.

En un escrito fechado el 3 de junio para solicitar la realización de pruebas de edad a este «ciudadano» – el Ejecutivo cántabro no se refiere a Samuel como menor- y que se ratificara en el decreto anterior, que determinó la mayoría de edad del mismo“.

Tres meses antes, el 3 de marzo, la propia directora del ICASS incoaba expediente de protección y resolución de ingreso en el Centro de Primera Acogida, al considerarle menor de edad, después de que el Estado hubiera estimado antes, el 21 de enero, el recurso extraordinario de revisión de expediente anulando la expulsión de Samuel, tras haber acreditado su pasaporte camerunés “en el que se determina la minoría de edad”.

Esta semana concluye el plazo de 30 días que el Gobierno central daba a Samuel para abandonar voluntariamente España, aunque está pendiente de que se resuelva el recurso que pide la suspensión cautelar, así como la celebración de un juicio en el que pueda probarse que la minoría de edad del camerunés y la obligación de Cantabria de concederle la tutela y el permiso de residencia.

SOS RACISMO, EN SANTANDER

En su carta al Gobierno de Cantabria, Pasaje Seguro acusaba a la administración de «racismo institucional«, en una actuación que califican de empecinada. Desde la oposición, Podemos Cantabria ha advertido de más casos como el de Samuel y han denunciado la poca sensibilidad del Ejecutivo regional en materia de derechos humanos.

En este ámbito, la librería La Vorágine-Cultura Crítica (C/Cisneros 15) ha programado un evento abierto al público hasta completar aforo, para este viernes 11 de noviembre, con el periodista y activista Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid.

El acto está organizado por eldiario.es en Cantabria y se centrará en los recientes episodioss de racismo y xenofobia ocurridos en España, y se prestará especial atención al estado de reclusión al que se somete a los migrantes en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) que hay repartidos por todo el país, que ha sido actualidad recientemente después del motín en el Centro de Aluche (Madrid).