“La gestión del urbanismo no es para nada democrática, los cargos públicos están al servicio de intereses particulares como los promotores de suelo y no hay una visión a largo plazo en beneficio de la población”.

Así de contundente se mostraba Carlos García, de la asociación ecologista Arca, preguntado en EL FARADIO DE LA MAÑANA por la inclusión, con voz y voto, de representantes de la Asociación de Promotores y Constructores en la CROTU, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en la que se tramitan y aprueban proyectos urbanísticos (por allí pasó, por ejemplo, el Alto del Cuco).

Derribo del Alto del Cuco, anulado por el Supremo.

“Es un escándalo, ya se sabe la influencia que tienen los constructores en los partidos políticos, especialmente alta, supone evidenciar lo que ya se sabe, dejarles que sigan ocupando el territorio”, aseveraba.

Y llamaba la atención sobre el hecho del contraste con el PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio, tramitado recientemente con un proceso de participación ciudadana): “si se hizo con el PROT esa escenografía de participación, pues que mantengan esa dinámica para otros proyectos”.

En la CROTU estarán los constructores, pero no grupos ecologistas o ciudadanos como ARCA o DEBA, algo que “estaría bien”, si bien admite que dado lo complejo de los proyectos “no sería fácil tener una presencia eficaz”.

En general, todo se basa en un “funcionamiento político muy oscuro”, hecho “de espaldas a los ciudadanos”, con un “esquema de poder enormemente cerrado” y con un modelo igual al de hace 30 años: “siguen vendiendo el suelo y construyendo aunque no haga falta•, denunciaba.

Recientemente, Arca acaba de proponer una ubicación alternativa para la depuradora de la Vuelta Ostrera, en Suances, una instalación anulada por el Supremo porque las instituciones no cumplieron las normas, y cuyo derribo, dado su carácter de depuradora, se supeditó a la construcción de una nueva. Este paso, que tenían que dar las instituciones, no se dio, hasta el punto de que el Tribunal Supremo las amonestó públicamente por no cumplir sus órdenes.

¿A QUIÉN BENEFICIAN LOS PLANES EN SANTANDER?

Por otra parte, Carlos García se preguntaba “a quién benefician” las soluciones que se persiguen para solucionar el problema creado por la anulación del Plan General de Ordenación de Urbana de Santander por el Tribunal Supremo, y que pasan por unas normas transitorias que salven partes del plan anulado, con la cobertura de una modificación de la Ley del Suelo.

El Plan General agotó el suelo de la ciudad

Según explicaba, en base a ese plan viejo, se anularían zonas en expansión como los desarrollos de la S-20 y San Román, y había previstos equipamientos sociales (espacios verdes, dotaciones culturales…) en el centro, lo que se denomina la “ciudad consolidada”.

Por eso, considera que el equipo de Gobierno del PP quiere las normas transitorias para “construir más donde ya se ha construido” y “construir más en el frente marítimo”, de modo que se preguntaba si esa apuesta “beneficia a la calidad de vida de los ciudadanos o a los intereses de poder”. “¿La ciudad es para los ciudadanos o para los constructores?”, inquiría.

En la misma línea, Javier Ceruti, abogado, militante de Arca, criticaba, en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA, que el concejal de Urbanismo de Santander César Díaz derive a otros organismos la responsabilidad por la anulación del PGOU, incidiendo en que no ha sido por una circunstancia externa (la posterior anulación por el Supremo del bitrasvase, como argumenta el Ayuntamiento, obviando que cuando se aprobó el Plan ya había una sentencia de la Audiencia Nacional contra el bitrasvase cuyo contenido no se tuvo en cuenta al elaborar estas normas urbanísticas).