El Gobierno de España y el Ejecutivo cántabro se han planteado dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Suelo, que se llevó a cabo el pasado mes de octubre para incluir el derecho al realojo y retorno en Cantabria.

Para resolver estas dudas, el Gobierno del país ha propuesto al cántabro la celebración de una reunión de la Comisión Bilateral en la que están representados ambos Ejecutivos.

Esta Comisión es el paso previo de colaboración entre las dos administraciones implicadas para intentar aclarar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley, con el objetivo de evitar, en su caso, la presentación de recurso de inconstitucionalidad.

Representantes de Podemos, Ciudadanos y PP anunciando su propuesta sobre la Ley del Suelo el pasado mes de octubre.

Todo se debe a una discrepancia en las competencias, que se plantea sobre el apartado 4 de la nueva redacción, ya que el Tribunal Constitucional señala que el tipo de derechos relativos al realojo y retorno se integran dentro de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil.

Por ello, el Gobierno español considera que la legislación de Cantabria carece de derecho civil especial para regular el contenido y alcance del derecho de adquisición preferente.

UNA REFORMA IMPULSADA POR LA OPOSICIÓN

La reforma de la Ley del Suelo partió por iniciativa de Podemos, a la que se unieron el Partido Popular y Ciudadanos, los tres partidos de la oposición del Parlamento que en esta legislatura suman mayoría parlamentaria.

El pasado mes de octubre llegaron a un acuerdo para reformar la Ley del Suelo que garantizara los derechos de realojo y retorno en proyectos urbanísticos como los de El Pilón o Prado San Roque, en Santander.

Las protestas de los vecinos de ambos barrios santanderinos situaron el problema en un primer plano de la actualidad desde la anterior legislatura, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que contemplaba más de 80 actuaciones urbanísticas en la ciudad consolidada y que ha sido anulado recientemente por el Tribunal Supremo.

El equipo de Gobierno del PP en Santander elevó el problema al Gobierno de Cantabria, jugando la baza de la Ley del Suelo, y resaltando que no contemplaba los derechos de realojo ni de retorno. Desde el Gobierno del PRC-PSOE se opusieron a la reformar asegurando que la nueva Ley del Suelo ya está en un estado muy avanzado.

PRESIONES A LOS POLÍTICOS

Tras la aprobación de esta reforma, los miembros de los partidos políticos de la oposición admitieron haber sufrido presiones para no sacar adelante la modificación de la Ley de Suelo.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión de urbanismo, Juan Ramón Carrancio, relató a EL FARADIO que ha recibido “presiones telefónicas” de “varias personas interesadas” en que “reconsideraran” su postura.

Fueron, “por desgracia”, llamadas “no identificadas” que, sin ser “amenazas directa” le pidieron “amablemente” un cambio en la modificación de la Ley del Suelo y preguntándole “si lo habíamos pensado bien”, tal y como afirmó Carrancio en declaraciones a EL FARADIO.

Por su parte, el diputado del PP, José Manuel Igual, también ha confirmó que le habían llamado “personas para que dejara encima de la mesa la ley”. “No sé si la palabra es presión, pero si ha habido llamadas para que le diéramos una vuelta, no lo puedo negar”, insistió.

En Podemosno recibieron llamadas de ningún tipo, y alegaron que los promotores saben que “es imposible que nos hagan ceder”, pero sí incidieron en que se produjeron “presiones por los pasillos” y “llamadas telefónicas”.