Sede del ICASS y del EMCAN, departamentos del Gobierno que fueron objeto del registro de la UDEF el pasado 15 de diciembre || FOTO: Carlos A.

Los registros del pasado 15 de diciembre en dos sedes del Gobierno de Cantabria estuvieron orientados a la búsqueda de miles de documentos que probarían la existencia de una trama organizada en la administración regional con el objetivo de repartir el dinero de mordidas.

Estas comisiones a los centros de formación habrían sido recaudadas, presuntamente, por funcionarios del Servicio Cántabro de Empleo, en colaboración con otros departamentos del Gobierno de Cantabria, como el ICASS.

Según ha podido saber EL FARADIO, la Policía Judicial lleva más de un año trabajando en una investigación impulsada en origen por la denuncia de la Academia Cossio, que lleva 8 años en pleitos con la administración al quedar excluida del reparto de los cursos.

A esta denuncia se han sumado posteriormente los testimonios de otras dos academias, Gesfonor y Rutas 4×4.

En este sentido, existen indicios de trato de favor del Gobierno a otras academias privadas y centros de formación de los sindicatos CC.OO. y UGT o de patronales sectoriales e incluso autoescuelas, que imparten cursos subvencionados y que incumplirían requisitos exigibles para optar a determinada formación subvencionada.

Los cursos están financiados por el Gobierno de Cantabria y la Unión Europea.

LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS POR LA UDEF

En concreto, tres departamentos del Gobierno de Cantabria fueron objeto del registro de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal desplazados desde la Comisaría General de la Policía Judicial en Madrid.

Registraron las oficinas del Instituto Cántabro de los Servicios Sociales (ICASS) y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), en General Dávila, y la sede de Presidencia, en Peñaherbosa, sobre el Centro de Interpretación del Ebro en Fontibre.

Los agentes de la UDEF fotocopiaron documentos y expedientes completos desde el año 2007, cuyos originales se llevaron incautados, relacionados con la valoración de los centros de formación, la homologación y certificaciones para impartir las materias y la adjudicación de los cursos en concurrencia competitiva.

Los cursos de formación bajo sospecha están cofinanciados por la Unión Europea || Foto: Carlos A.

Los indicios de irregularidades detectados afectan a funcionarios y altos cargos de Empleo y Servicios Sociales en las tres últimas legislaturas, con gobiernos alternativos del PRC-PSOE y el PP.

Están afectados, principalmente, el EMCAN, encargado de homologar los centros y los cursos y el ICASS, que tiene la competencia de certificar la accesibilidad de las instalaciones, a través del CAT, el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT).

Los registros de la policía judicial habían recibido previamente la autorización de la Fiscalía de Cantabria, que expidió la orden de registro al apreciar, indiciariamente, la posibilidad de que se hayan podido cometer nuevos delitos relacionados con mordidas (cohecho)  sobre los hechos que ya había denunciado en diciembre de 2015 la Academia Cossio.