La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) lanzará en todo el país una campaña para que las víctimas de desahucios de los últimos años soliciten la revisión judicial de sus casos para detectar si su hipoteca contenía cláusulas abusivas, sea cual sea la fase, incluso aunque el desahucio ya se haya formalizado.

Ocupación de una oficina bancaria por parte de activistas antidesahucios

Es una de las consecuencias más inmediatas de la sentencia conocida el pasado viernes, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se pronunciaba así ante una consulta que había planteado un juez cántabro, Jaime Anta, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, sobre un caso concreto.

“Lo que dice la sentencia es que cualquier procedimiento de ejecución se debe revisar si hay cláusulas abusivas, da igual en qué momento se encuentre, en ejecución y a desahuciado, siempre y cuando ningún juez lo haya revisado”, explicaba en EL FARADIO DE LA MAÑANA Oscar Manteca, portavoz de la PAH de Santander.

Además, el activista reclamaba una revisión de la legislación hipotecaria española para que deje de haber cláusulas abusivas.

Y recordaba que los tribunales europeos ya se han pronunciado en varias ocasiones sobre cómo la legislación española en materia de hipotecas va en contra de las leyes de protección a los consumidores: “la relación con los bancos debería ser la misma que con un supermercado u otro servicio”, aseveraba.

LA SENTENCIA

El juez Anta preguntaba a la justicia europea sobre la repercusión que tenía el hecho de que la cláusula de vencimiento anticipado -presente en las hipotecas y contratos de préstamo- tenga la consideración de abusiva y sobre qué debían hacer los jueces al detectarla, al entender que si una cláusula se declara abusiva, no debería aplicarse.

El tribunal europeo respalda ahora esta interpretación en base a la cual ya había juzgados que estaban archivando todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se les están planteando contra consumidores.

No obstante, el archivo de los procedimientos de ejecución hipotecaria no supone la desaparición de la deuda. Los acreedores podrán iniciar un procedimiento ordinario para reclamar sus derechos, de modo que el crédito se podrá cobrar, pero ya sin acudir a la vía especial de la ejecución hipotecaria, la que desemboca en el desahucio.

LOS DESAHUCIOS

El problema de los desahucios motivó en Cantabria esta legislatura la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Esta oficina ha atendido desde su creación, hace ahora un año, a 339 familias de Cantabria y ha abierto 189 expedientes, de los que ya se han resuelto 39 casos y están pendientes de resolución otros 73.

Activistas antidesahucios en un desahucio en Santander (noviembre 2015)

Respecto a las soluciones encontradas desde este servicio público, gratuito y extrajudicial, habilitado por el Gobierno, 19 han consistido en nuevos alquileres de emergencia habitacional, en siete se ha conseguido reestructurar la deuda y en otros seis casos la Oficina ha intermediado para que la entidad bancaria ofrezca la misma vivienda en alquiler a sus usuarios.

Del mismo modo, otros cinco casos se han solucionado con la suspensión del lanzamiento con el alquiler en la misma vivienda y, por último, en dos ocasiones el Gobierno de Cantabria ha intermediado para la dación en pago de sus viviendas.

En el año que ha estado prestando servicio en las dependencias de Juan de Herrera, ha desestimado 77 casos, bien porque no han requerido posterior intermediación o se trata de situaciones en que las personas afectadas no han vuelto a la oficina.

Este servicio realiza labores de intermediación con las entidades bancarias en los procedimientos de ejecución hipotecaria, busca soluciones en una situación de emergencia habitacional que asesora en la tramitación de las ayudas autonómicas previstas en este ámbito.

Para este año, el Gobierno de Cantabria dedicará en su presupuesto unos 510.000 euros para atender la emergencia habitacional a través de la Oficina de Intermediación y en ayudas directas a las familias.

Para atender las situaciones de emergencia habitacional y de aquellas personas en situación extrema, el Gobierno de Cantabria cuenta a fecha de hoy con un Parque Público de Viviendas en alquiler, que cuenta con 238 inmuebles.

La Oficina, que se encuentra en la calle Juan de Herrera, atiende en los números de teléfono 942 31 89 82 y 942 31 89 80. Los interesados pueden dirigirse también a la Oficina a través del correo emergenciahabitacional@gesvican.es y encontrar toda la informaciónwww.emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es