Llevan ya un tiempo trabajando y prometen ser un agente importante en la transición urbanística abierta en Santander tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana: la sucesión de casos (Amparo, Prado San Roque, El Pilón, la senda costera…) en los que el urbanismo está perjudicando a los vecinos.

Primero fueron las distintas plataformas en cada uno de los casos, –descalificadas públicamente por el entonces alcalde Íñigo de la Serna, quien se refirió a ellas como “plataformitis” surgidas por las elecciones–, y luego el apoyo de colectivos como Arca o DEBA (Plataforma en Defensa de la Bahía, que surgió inicialmente a raíz de la construcción del Centro Botín, para el que pedían un emplazamiento diferente, y convertido en gran símbolo del urbanismo a medida de unos frente a la falta de escucha a los otros).

Vecinos de la calle Antonio Cabezón junto a otros movimientos vecinales de Santander

Poco a poco, ese germen del trabajo conjunto entre barrios que tradicionalmente habían sido aislados entre sí en la concepción oficialista del entramado vecinal santanderino empezaron a entretejer sus causas y caminar juntos. Los vecinos de Antonio Cabezón se vieron reflejados en el Prado San Roque como el futuro de expulsión de sus casas que les esperaba a su presente de degradación, y el cambio, de los vecinos críticos, llegó incluso a la Asociación de Vecinos ‘Los Arenales’, en Castilla Hermida, mientras unos asisten a los actos y reivindicaciones de otros.

Será precisamente allí, donde surgió el término plataformitis, donde se presente este viernes a las 9.30 horas el Concejo Abierto de Santander, el movimiento de movimientos de Santander, al que ya hemos escuchado pronunciarse sobre el modelo urbanístico y que ahora da un paso al frente.

Lo hacen en un momento especial: el Tribunal Supremo ha anulado, a raíz de una denuncia de la asociación ecologista Arca, senda costera, cueto, Monte, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander porque se aprobó sin tener en cuenta que ya había una sentencia de la Audiencia Nacional contra el abastecimiento de agua, ratificada por el Supremo después (desde el equipo de Gobierno se insiste en que ha sido por un motivo sobrevenido pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional es previa al PGOU).

En este nuevo panorama, pendientes de que el Boletín Oficial de Cantabria publique la sentencia de la anulación del Supremo y la indicación de qué normas urbanísticas rigen a partir de ahora –en principio, el plan anterior, el del 97—el Ayuntamiento desgrana a cuenta gotas los proyectos afectados o no por esta situación– e insiste en su solución provisional: un cambio en la Ley del Suelo que salve parte del plan, algo que el Gobierno de Cantabria ha descartado ya y que colectivos y asociaciones desaconsejan por miedo a que suceda en Santander como con las sentencias de derribo, con planes varios que intentan no cumplirlas rechazados sistemáticamente por los tribunales.

Todo se encamina a, tarde o temprano, la aprobación de un nuevo Plan General en Santander, que le corresponderá encauzar a una nueva alcaldesa, Gema Igual (tras el ascenso de su predecesor al Ministerio de Fomento), que se presentó públicamente prometiendo más contacto con los vecinos, y para el que los afectados por el urbanismo ya han reclamado más participación ciudadana (arquitectos como Domingo de la Lastra han pedido incluso que el próximo PGOU se apruebe por referéndum).