Sede del ICASS y del EMCAN registrada por la Policía Judicial en diciembre de 2016 || Foto: Carlos A.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial, desde Madrid, investiga al presidente de la Plaza de Toros de Santander, Constantino Álvarez, junto a al menos otros siete funcionarios y exaltos cargos (PP y  PSOE) por las supuestas ‘mordidas’ dentro del Gobierno de Cantabria a las subvenciones a la formación.

Es decir, según las investigaciones, habría participado de una trama que, desde el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), actuó para beneficiar a unas academias y perjudicar a otras a cambio de comisiones ilegales.

Constantino Álvarez era funcionario en el EMCAN, en el área de homologación de las academias que pueden impartir cursos de formación, cuando, presuntamente, se producen los hechos que desencadenan los registros de la UDEF en sedes del Gobierno de Cantabria el pasado 15 de diciembre.

En la actualidad está jubilado pero su nombre destaca entre los funcionarios investigados porque sigue siendo el presidente del Consejo de Administración de la empresa municipal Plaza de Toros de Santander S.A.

En el año 2016 cobró 1.224 euros en dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa municipal.

Constantino Álvarez ha declinado hacer declaraciones por el momento.

LAS ACADEMIAS PERJUDICADAS

La investigación parte de denuncias presentadas por varias academias damnificadas por el reparto de los fondos del Gobierno de Cantabria y la Unión Europea.

Entre ellas, la de Cossío Formación, que en diciembre de 2015 presentó una querella criminal a la que ha tenido acceso El Faradio.

La denuncia, pendiente de un recurso ante la Audiencia de Cantabria cuando se han precipitado las investigaciones de la UDEF, apunta a una presunta trama organizada en la administración regional para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de cursos de formación

En la relación de los hechos, señala a varias academias y autoescuelas privadas, centros de formación de patronales sectoriales y de los principales sindicatos como principales beneficiarios de las adjudicaciones.

A esa querella se ha sumado, recientemente, la aparición de nuevas evidencias aportadas por la Policía Judicial, que son las que han llevado a la Fiscalía de Cantabria a autorizar los registros de las sedes del Gobierno en Peñaherbosa y General Dávila, del EMCAN y del Instituto Cántabro de los Servicios Sociales (ICASS).

En concreto, la Fiscalía autorizó a la UDEF a la consulta de miles de documentos oficiales, al apreciar indiciariamente nuevos delitos de cohecho a sumar a los ya denunciados de prevaricación y falsedad documental.

ALTOS CARGOS DE PSOE Y PP

La denuncia que precipita las investigaciones de la UDEF acusa a las dos últimas directoras generales del Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez Marzal (PSOE) y María Ángeles Sopeña (PP).

Marzal, directora del Servicio Cántabro de Empleo al comienzo de los hechos denunciados (2007-2011), dimitió en junio de 2016 del mismo cargo para el que había sido nombrada al regresar el PSOE al Gobierno en el verano de 2015, sin cumplirse un año de ese nuevo periodo de gestión.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, mostró entonces su sorpresa y el Gobierno de Cantabria justificó la decisión en “motivos personales” de la exdirectora.

Los medios de comunicación apuntaron a las irregularidades denunciadas en la selección de personal de varios ayuntamientos de Cantabria y tras la polémica por su negativa a aceptar el método del sorteo para adjudicar contrataciones municipales a desempleados en Marina de Cudeyo.

Podemos ha vinculado aquella dimisión con la investigación de la UDEF

Por su parte Sopeña estuvo investigada en la querella de los trabajadores de Ecomasa, por un presunto fraude en la concesión de las subvenciones para la formación solicitadas por la fábrica de estufas, que según los empleados nunca se imparió. Finalmente la juez instructora archivó todas las acusaciones contra ella.

DETENIDOS EN ASTURIAS

El pasado 17 de enero la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo a cinco personas en el marco de una operación relacionada con presuntas irregularidades en las subvenciones para la formación, entre ellos al ex secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga.

La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato en Asturias ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).