La Gerencia Regional del Catastro está confirmando una de las consecuencias más directas de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander por el Tribunal Supremo: al volverse al plan anterior, el de 1997, eso supone que los terrenos vuelven a tener la calificación que tenían entonces.

Recorrido por la senda costera para presentar ‘Expulsados’

Y eso en la costa norte de Santander (Cueto, Monte, San Román…) supone que lo que el Plan del 2012 consideró urbano vuelve a ser como era, es decir, rústico en su mayoría, lo que tendrá consecuencias en el catastro (un registro que tiene efectos fiscales, cuyos valores se usan como base, por ejemplo, para el pago de impuestos como el IBI).

En concreto, como consta en documentación a la que ha tenido acceso EL FARADIO, el Catastro le está trasladando a los vecinos que tras la anulación del PGOU el plan “vigente” es el del 97, y “como consecuencia, el terreno ha dejado de estar clasificado como suelo urbanizable delimitado, por lo que pasa a valorarse de acuerdo a su cultivo e intensidad».

Según estimaciones de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera y la Costa Norte de Santander, la bajada media del valor de los terrenos (no vale lo mismo un terreno rústico que uno urbano o urbanizable) oscila entre el 400 y el 600%.

Este colectivo, surgido a raíz de la preocupación de los vecinos de la zona por los excesos constructivos en el frustrado proyecto de la senda costera, recuerda que el equipo de Gobierno del PP dijo que la subida del catastro sería “pequeña”.

Además, tras la anulación del plan negaron que esa sentencia del Tribunal Supremo fuera a tener consecuencias sobre los ingresos del Ayuntamiento de Santander (a pesar de que el propio PGOU los cuantificaba y figuraran ingresos por IBI, en base a la clasificación del suelo del documento urbanístico, en los presupuestos municipales para este año).

“La Asamblea Senda Costera tenía razón, era un catastrazo, basta calcular la diferencia entre las dos valoraciones que se están enviando desde la Gerencia Regional del Catastro”, aseveran desde este movimiento, que acusa al Ayuntamiento de Santander de “volverse a equivocar” al “intentar minimizar el problema”.

La preocupación por el denominado ‘catastrazo’ tras la revisión de los valores llevó a que vecinos de la zona presentaran, asesorados por la Asamblea y expertos como la abogada Ana Huerta o el arquitecto Jesús Molinero, ante la “desidia” de otras asociaciones, más de 600 recursos ante Tribunal Económico Administrativo.

E inciden en que las previsiones de población del plan anulado en las que se basaba el plan eran irrealizables (harían falta 35.316 viviendas en una ciudad que ha perdido 10.000 habitantes en los últimos años).

“Ahora queda una pregunta, si los responsables municipales, dejaran en un cajón esta nueva valoración o nos devolverán el impuesto de IBI que nos cobraron en el año 2016, o nuevamente los vecinos tendrán que demostrar, colapsando organismos oficiales con más reclamaciones o recursos, de sentido común”, apuntan.