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“Cualquier cántabro que tenga una hipoteca puede tener cláusulas abusivas”

17 de Marzo de 2017. POR

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander ha lanzado una campaña para que todo el mundo pueda reclamar a las entidades bancarias cualquier cláusula abusiva que pueda haber en sus contratos hipotecarios.

La estrategia consiste en presentar una serie de documentos que faciliten a los ciudadanos poder reclamar en tres fases: el Gobierno cántabro, la propia entidad bancaria y, finalmente, a la justicia.

Desde la PAH destacan que la cláusula suelo o de vencimiento anticipado (que permite desahuciar aunque el cliente solo deba tres letras; y lo que el Tribunal Europeo ha declarado ilegal) son solo dos de las muchísimas cláusulas abusivas que hay en los contratos. “Conocemos sentencias en contra que hablan de 11 o 12 cláusulas abusivas”, declara el portavoz de la PAH de Santander, Óscar Manteca.

“Cualquier cántabro que tenga una hipoteca es susceptible de tener cláusulas abusivas”, insiste Manteca; por lo que en la página web de la Plataforma los ciudadanos podrán acceder a los documentos preparados para reclamar. También plantearán un día a la semana de reunión para ayudarlos en los trámites.

LA NUEVA LEY HIPOTECARIA SE ESTÁ HACIENDO “DE FORMA TORTICERA”, DENUNCA LA PAH

La acumulación de casos de desahucios y problemas con la vivienda llevó en Cantabria a la creación desde el Gobierno autonómico de una Oficina de Emergencia Habitacional, que se encuentra en la calle Juan de Herrera, con funciones de asesoría e intermediación, página Web  http://emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es, cita previa teléfonica ( 942 318 980 y 942 318 982), y la dirección de correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es

Todo esta campaña se está llevando a cabo mientras el Gobierno central está planeando la renovación de la Ley Hipotecaria, que la PAH denuncia que “se quiere hacer de forma torticera”.

“Quieren que las personas firmen test de idoneidad, para saber que entienden los contratos, pero no para evitar los abusos”, critica Manteca que asegura que es un caso parecido al de las Preferentes.

“Les hacían firmar un papel en el que decían que entendían los riesgos, aunque luego los tribunales acreditaron que eso no era cierto. Pues aquí van a hacer lo mismo. En vez de beneficiar al consumidor, siempre tiran a favor del banquero”, añade.

 

“LIBERBANK SIGUE MANTENIENDO UNA ACTITUD RELATIVAMENTE DISTANTE”

Manteca también celebra el cambio de actitud de Liberbank sobre negociar casos de desahucios, aunque insiste en que la entidad “sigue manteniendo una actitud relativamente distante”.

“Muy poco a poco se digna a sentarse y trata de llegar a algún tipo de acuerdo, pero van cediendo muy lentamente”, cuenta. Actualmente, en la zona de Santander y sus alrededores, la Plataforma tiene pendientes con ellos entorno a siete u ocho casos, de los cuales ninguno es inminente.

“Son familias que se hipotecaron en plena burbuja, que a día de hoy por circunstancias sobre venidas no pueden pagar; y que se pueden encontrar en una fase anterior a ser ejecutados judicialmente, o que ya están a la espera tras ejecutados”, revela Manteca, que asegura que todas cumplen el mismo patrón.

“También hay casos de personas que se ha sobreseído el caso al haber cláusulas abusivas en su contrato y se ha considerado que la ejecución no se ajustaba a derecho”, añade, haciendo referencia a los casos abusivos a los que ahora han puesto el foco.

El problema de Liberbank en Cantabria es que “tiene muchísimas hipotecas”, y “no quieren abrir la espita de las soluciones porque perderían dinero”, asegura el portavoz de la PAH. Esto, en una entidad que ha tenido problemas económicos y ha sido rescatada, ha provocado una grave crisis que ha afectado a su voluntad para negociar.

Por ello, las relaciones con la PAH siempre han sido tensas. Fue en varias ocupaciones bancarias donde se fraguaron las primeras multas por la Ley Mordaza en Cantabria. El propio Manteca tuvo el dudoso honor en ser el primero en estrenar esta multa administrativa en Cantabria, y que posteriormente fue anulada judicialmente.

“La instrucción de la administración no tenía sentido y daba la sensación de que estaba decidido de que me tenía que caer a mi encima una multa”, insiste, y añade que el Delegado de Gobierno, Samuel Ruiz, utilizó este “arma administrativa” con el objetivo de “amedrentar” a la PAH. “En este caso funcionó el Estado de Derecho. En otros no”, asegura Manteca.


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