Hasta 50 ciudades se han adherido ya a la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria, y se han comprometido a interponer una querella criminal para que los juzgados competentes investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y que afectaron a los vecinos de sus municipios.

Presos republicanos en el campo de concentración de La Magdalena.

En Santander, el partido de Antonio Mantecón pretende que la ciudad se una a esta iniciativa para apoyar los derechos olvidados de muchos de sus ciudadanos. Lo pedirá en el próximo pleno municipal en una moción, en la que piden que el Consistorio se una a ciudades como Barcelona, Vitoria o Zaragoza y presente una querella, que se una a la ya presentada en Argentina.

El contenido de la moción hace un recorrido por la represión franquista en Cantabria y particularmente en Santander. Según los datos que aporta la formación, la ciudad se convirtió, con la caída del Frente Popular, “en el presidio más grande del mundo proporcionalmente hablando”, lo que correspondería a unos 50.000 presos para una población aproximada de 100.000 habitantes fueron repartidos entre los campos de concentración que se habilitaron en la Magdalena, la plaza de Toros de Santander, el seminario Monte Corbán, los campos de “sport” del Sardinero o el hipódromo Bella Vista el hacinamiento.

Desde el año 1937 al año 1943 se celebraron 24.504 consejos de guerra y, sin olvidar a los paseados –ejecutados sin juicio previo –, 1.125 personas fueron asesinadas en Santander. 836 de ellas yacen en las fosas comunes del Cementerio de Ciriego.

CINCUENTA CIUDADES ESPAÑOLAS SE HAN UNIDO A LA RED QUE PEDIRÁ JUSTICIA ANTE LOS TRIBUNALES

Por el momento, la querella argentina es la única que actualmente está en activo contra los crímenes de la dictadura franquista. La ha impulsado y está sacando adelante el abogado madrileño Jacinto Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, junto al letrado argentino Carlos Slepoy Prada, quien fue vital en la acción legal contra Pinochet.

Este proceso judicial Lara admite que está lleno de obstáculos por parte de las instituciones españolas. “Han sido constantes y sistemáticos”, cuenta. Y narra diferentes obstáculos, como la no ejecución de órdenes de detención, la denegación de expedientes de extradición (tanto por la Audiencia Nacional como por parte del Consejo de Ministros), o incluso la circular que emitió la Fiscalía General del Estado en septiembre del pasado año para impedir que los jueces españoles ejecuten los exhortos que se cursaban desde el Juzgado argentino, para la declaración indagatoria de los imputados y la toma de declaración de las víctimas.

Este caso está suponiendo también un duro proceso para la jueza instructora argentina, que incluso ha solicitado que se le permita venir a España para interrogar a los imputados, protegidos por el Gobierno, a lo que el Ejecutivo también está poniendo trabas.

“LA LEY DE AMNISTÍA NO TIENE NINGUNA VALIDEZ DE CARÁCTER JURÍDICO”

“Pero nosotros no vamos a cejar en el empeño”, ha avisado Lara, cuya entereza en este caso es firme. El objetivo principal es acabar, de una vez por todas, con la impunidad que disfruta el franquismo en España, que sostiene que, además, va en contra de todas las leyes en defensa de los Derechos Humanos que dice suscribir el Gobierno español.

“La ley de amnistía no tiene ninguna validez de carácter jurídico”, defiende Lara, “desde una perspectiva de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional”, ya que “contraviene frontalmente, entre otras cosas, el Pacto Nacional por los Derechos Civiles y Políticos que fue suscrito y ratificado paradójicamente por el Gobierno español en abril de 1977, meses antes de aprobarse la Ley de Amnistía”.

De hecho, por este motivo las Naciones Unidas han amonestado a España hasta en catorce ocasiones por pretender amnistiar crímenes que son ‘inamnistiables’, como son los de lesa humanidad.

“No podemos olvidar que la Ley de Amnistía es preconstitucional”, insiste Susana Ruiz, Coordinadora del Comité Ciudadano del partido municipalista. “Esta ley no sólo transgrede de forma genérica los principios generales del derecho internacional, sino que vulnera pactos internacionales de obligado cumplimiento, suscritos por España antes de que fuera aprobada”, añade.

“LA MISMA GENTE QUE A MÍ ME JUZGÓ, OCUPÓ PUESTOS EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”

El éxodo de los republicanos españoles hacia Francia fue masivo.

En la querella argentina, impulsada el 14 de abril de 2010, se han unido ya 400 procesos, unidos en CeAQUA (Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes de franquismo,) que afectan aproximadamente a 9.000 personas, que sufrieron torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y robos durante la dictadura.

Uno de ellos es Chato Galante, miembro activo de CeAQUA y de La Comuna, asociación que une a presos del franquismo y de las más activas en la querella. Él fue detenido en cuatro ocasiones durante los últimos años de la dictadura por participar en huelgas estudiantiles y en organizaciones de izquierda; y pasó varios años en prisión por ello.

Dentro de la cárcel, sufrió torturas por parte del aparato policial del franquismo, entre los que estaba el sádico Antonio González Pacheco, conocido como Billy El niño; que hoy vive apenas a un kilómetro de él y ostentando, para colmo, reconocimientos policiales.

Él no espera nada del actual Ejecutivo y muy poco de la justicia española. “La justicia franquista se renovó y pasó a la democracia sin la menor depuración”, denuncia. “La misma gente que a mí me juzgó, ocupó después puestos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional”.

A él no le extrañan las actitudes de un aparato que “está constituido sobre esa base, con esos mimbres”, y cuyo resultado “no es una casualidad”. “Es una falta de una ruptura democrática con el aparato de Estado de la dictadura”, insiste.

Tanto Jacinto Lara como Chato Galante estarán este viernes en el acto, acompañados por miembros de Desmemoriados y de Santander Sí Puede, en el salón de actos del sindicato Comisiones Obreras de Santander, para presentar esta moción ante el Ayuntamiento de Santander.