A principios de agosto de 2016, la plataforma Stop-Desahucios denunciaba el desahucio sin orden judicial de una familia santoñesa practicado el 29 de julio.

Activistas antidesahucios en un desahucio en Santander (noviembre 2015)

Esta familia, asesorada por esta plataforma antidesahucios, presentó posteriormente una demanda de nulidad. El pasado 3 de marzo de 2017, el Juzgado de Santoña emitía auto judicial en donde anulaba el desahucio y daba la razón a la familia desahuciada.

En un comunicado, la plataforma celebra esta resolución del Juzgado de Santoña, por el cual se anula el lanzamiento de la vivienda de una familia santoñesa el 29 de julio de 2016.

En el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña,, de fecha 3 de marzo de 2016, se declara la nulidad del desahucio por infracción de varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) e incumplimiento de las obligaciones de la entidad ejecutante (Bankia).

En concreto, ell auto judicial explica que se han incumplido los artículos 675 y 661 LEC, prescindiéndose “de una norma esencial del procedimiento generando, así, indefensión en los recurrentes”.

El contenido de los preceptos se refiere a la obligación del adquiriente (Bankia) de comunicar al Tribunal la existencia de ocupantes de la vivienda, cosa que no hizo la entidad bancaria.

MÁS DESAHUCIOS PARADOS

Además, la plataforma Stop Desahucios informa sobre otros dos desahucios suspendidos o anulados, que iban a practicarse el 22 y el 31 de este mes.

Se trata de dos familias de Santander y las peticiones de lanzamiento fueron producto de sendas ejecuciones hipotecarias promovidas por Liberbank y La Caixa, respectivamente.

Estas suspensiones han sido fruto de la colaboración de la plataforma con la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria, puesta en marcha esta legislatura por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, cuyo trabajo de mediación con bancos y asesoría elogia este colectivo.

El Gobierno de Cantabria tiene habilitada una web http://emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es, mediante la cual se puede acceder a toda la información relativa al servicio público de asesoramiento, intermediación y orientación que desarrolla este departamento, integrado en Gesvican.

Igualmente, se han habilitado dos teléfonos 942 318 980 y 942 318 982 en los cuales se puede solicitar cita previa para concertar una fecha de atención en la oficina, situada en la calle Juan de Herrera 2-4 5ª planta (Santander), junto con la dirección de correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es para aquellos que deseen utilizar este soporte.

PARALIZAR TODAS LAS EJECUCIONES

Por último, la plataforma también hace un llamamiento a los Juzgados de Cantabria para que, al igual que se ha hecho en otras comunidades como la de Madrid, “se paralicen todas las ejecuciones hipotecarias en curso”.

El Gobierno ha habilitado una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda

El colectivo de afectados entiende que después de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), deberían anularse o, como mínimo, suspenderse todos los procedimientos de ejecución hipotecaria.

De hecho, en la plataforma existe “una gran cantidad de afectados” a los que se ha sobreseído el procedimiento y ya hace meses que hubo incluso dos autos de la Audiencia Provincial en relación con las apelaciones de las entidades bancarias. Dichos autos, de junio y diciembre de 2016, desestimaban sendos recursos de Bankia y de BBVA.

Para la plataforma, estas resoluciones judiciales obedecen en gran medida a la iniciativa del actual juez decano, Jaime Anta, el cual elevó cuando era titular del Juzgado de primera Instancia nº 2 al TJUE varias cuestiones prejudiciales sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y de las cláusulas abusivas en general.

Esa iniciativa tuvo como respuesta el auto de 11 de junio de 2015 y, sobre todo, la sentencia de 16 de enero de 2017, ambas del TJUE.

Según la plataforma, estas sentencias “van a ser un punto de inflexión de cara a los procedimientos de ejecución hipotecaria a partir de ahora, los cuales podrán ser anulados si existen cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado. De hecho, se podría decir que una gran parte de las ejecuciones hipotecarias desde 1995 podrían ser consideradas ilegales y contrarias al derecho comunitario”.

Esta misma semana se conocía otra victoria, difundida en este caso por la otra plataforma antidesahucios, la PAH de Santander: la Audiencia anulaba un caso de hipoteca con cláusulas de vencimiento anticipado, en un fallo que abre la puerta a paralizar más desahucios al ser estas cláusulas la razón de la mayoría de ellos.