Empresa y trabajadoras, en el ORECLA por los despidos tras las elecciones de La Gallofa

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Trabajadoras de La Gallofa y la empresa están convocados este miércoles a un acto de conciliación en el ORECLA, el organismo de mediación extrajudicial para conflictos laborales.

Este organismo examinará los despidos que se produjeron la semana pasada en esta empresa del sector de la panadería y comercial, en pleno proceso de elecciones sindicales (en la que acabó siendo mayoría la suma de sindicatos críticos, CC.OO y USO).

Tienda de La Gallofa

Unos despidos que desde Comisiones Obreras enmarcaron en una política de persecución y hostigamiento a los trabajadores precisamente ante estas elecciones sindicales, con el despido de tres trabajadoras que eran compañeras de trabajo de una de las integrantes de la lista, entre otras medidas.

La Gallofa es la única empresa aspirante al merchandising del Año Lebaniego, en virtud de un pliego que introducía el producto agroalimentario y la red de tiendas como aspectos a valorar y en un concurso que sigue pendiente de cerrarse tras la dimisión del responsable de la empresa pública. Es una firma promocionada por Revilla en sus apariciones televisivas.

Según datos sindicales, la red de sociedades de La Gallofa (que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento) tiene 28 centros de trabajo y una plantilla global de unas 160 personas, de las que un 95% son mujeres, y ha habido momentos en que un 80% eran contratos temporales.

En un comunicado, Izquierda Unida de Cantabria exige a esta empresa que cumpla el convenio laboral firmado y “cese sus ataques hacia sus trabajadores”.

«En La Gallofa han de entender que las reglas del mercado laboral no son ajenas a su empresa, por mucho que tengan una relación «privilegiada» con el Gobierno autonómico», afirma Leticia Martínez, secretaria de Organización de IU Cantabria, que aseveraba que «a lo mejor desde la empresa creen que por su actual estatus de favor pueden actuar como quieran».

En ese sentido, desde IU también ponen en cuestión al Gobierno autonómico por «redactar unos pliegos que sobrevaloraban claramente el peso de los alimentos gastronómicos en la adjudicación”. “Les ha faltado incluir en los propios pliegos el nombre de la empresa a la cual querían encargar el merchandising», añadía.

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