Archivada una de las causas judiciales del Congreso del PP

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La Audiencia de Cantabria ha archivado de forma definitiva las diligencias que se abrieron tras la denuncia presentada ante la Guardia Civil por supuestos pagos irregulares en cuotas de unos 500 afiliados del PP en el proceso congresual de este partido, del que salió ganadora María José Sáenz de Buruaga.

Esta es una de las causas abiertas, por el expresidente del PP de Laredo, centrada en los pagos masivos de cuotas, pero quedan más, como la anulación del Congreso que reclamó en demanda civil Santiago Recio y otro grupo del sector crítico, que ha sido admitida a trámite (sin olvidar que Arenas, expresidente del PP pejino, se mostró dispuesto a ir al Defensor del Pueblo).

María José Sáenz de Buruaga e Ignacio Diego antes de la escisión de la formación por el Congreso regional.

Finalmente, en una resolución firme a la que ha tenido acceso la agencia EFE y ha publicado El Diario Montañés, no se ven indicios de delito en el pago de las cuotas de afiliados del PP y se archiva finalmente el recurso que presentó el exconcejal Ramón Arenas contra el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Laredo.

El pasado mes de marzo este Juzgado archivó las diligencias que se abrieron tras la denuncia que presentó el exconcejal por supuestos pagos irregulares de cuotas de afiliados del PP durante el proceso de primarias, y desestimó también el recurso de Arenas contra esta decisión.

La jueza consideró entonces que no está debidamente justificada la perpetración del delito, por lo que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. Arenas recurrió, denunciando que no se había hecho “nada” por investigar los hechos denunciados, que aseguró haberse enterado de que se habían pagado a través de transferencias bancarias por internet las cuotas de unos 500 afiliados para que pudiesen votar en las primarias del PP; que corresponderían a afines a la candidatura de Sáenz de Buruaga.

También anunció que si se archivaba su recurso, como ha pasado, acudirá al Defensor del Pueblo, pues su objetivo es que la Fiscalía investigue el caso “debidamente”.

UNA CAMPAÑA TENSA

La campaña del proceso pre Congreso que enfrentó a Ignacio Diego y a María José Sáenz de Buruaga estuvo cargada por una gran tensión interna que no ha mejorado tras la elección de Buruaga como nueva presidenta del PP de Cantabria, y que tiene al partido dividido.

Junto a esta denuncia que presentó Arenas se unió la declaración de la persona a través de quien se habrían ordenado los pagos, a quien aseguraba que habían suplantado la identidad, y que tiene una “importante discapacidad intelectual”.

Sin embargo, posteriormente Buruaga salió al paso diciendo que todo el procedimiento era legal, y que Arenas trabajaba para la candidatura de Diego en Laredo -cuestión que éste negó-, y le acusó de llevar “bajo coacciones” a la supuesta víctima a denunciar estos hechos; motivo por el cual ha sido denunciado por éste.

De hecho, en el auto de archivo de la causa, los magistrados avisan de que, de seguir los argumentos apuntados en este recurso, se podría llegar a que «un tercero, que ni ha presentado denuncia ni ha sido parte en el procedimiento», fuese citado para poder ejercer acciones legales contra el propio recurrente, de manera que «el recurrente estaría posibilitando su propia inculpación», por ésta denuncia por supuestas coacciones.

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1 Comentario

  • perry mason
    6 de julio de 2017

    Y la fiscalía tocándose los huevos morenos como casi siempre. Eso sí, llévate unos yogures del supermecado que igual te piden tres años de carcel. Vaya una banda de trabajadores incansables. O sea que un pago masivo de 500 afiliados a través de un discapacitado ni es delito ni se investiga…menuda justicia tenemos.

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