Izquierda Unida llevará a los ayuntamientos la búsqueda de un “pacto político” para combatir la pobreza energética con fondos económicos procedentes de una tasa que se aplicaría a empresas del sector por el uso del suelo o recursos municipales.

La formación de izquierdas recoge así el guante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que había lanzado esta propuesta de implantar una tasa en los ayuntamientos para conseguir recursos con los que ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, ahora que el Tribunal Constitucional avala este tipo de medidas.

Francisco Antolín, de la Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes, Luis Cuena, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Miguel Saro, portavoz de IU en Cantabria.

De modo que se trasladará esta propuesta en forma de mociones a los municipios en los que tiene representación, en concreto, casi una veintena de cargos públicos en ayuntamientos que representan a más del 60% de la población de Cantabria, y con concejales en equipos de Gobierno como en Cabezón de la Sal o San Vicente de la Barquera.

El portavoz de Izquierda Unida en Cantabria, Miguel Saro, apela a la “voluntad política” de los representantes en los municipios para que saquen adelante estas propuestas, que se harán llegar a otros grupos políticos, tras descartar que haya obstáculos jurídicos, al estar respaldada ya por ley, o económicos, al tratarse de una propuesta “rentable” para los ayuntamientos.

“Se trata de elegir si quieres beneficiar al lobby energético o si quieres beneficiar a tus vecinos”, asevera, reivindicando que el papel de los poderes públicos es conseguir un mínimo que garantice la supervivencia. “Si no lo hace el Estado, lo tendrán que hacer los ayuntamientos”, añadía.

LA PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO APELA A LA “VOLUNTAD POLÍTICA”

Saro ha comparecido junto al representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Luis Cuena, quien ha criticado el “absoluto desacoplamiento” en los últimos años entre la situación de las familias por la crisis y la subida de los precios de los suministros energéticos, que les ha “machacado” cuando peor estaban.

Cuena ha apelado a la “voluntad política”, poniendo el ejemplo de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, que ya establecía que los beneficios de la tasa al servicio de agua se destinaran a colectivos en riesgo, o exenciones para estas situaciones.

En este caso, la tasa se liga a la ocupación del suelo o el uso del espacio municipal, después de que el Constitucional las respalde. Ya hay ayuntamientos en Cantabria que la están implantando. La principal novedad es que se ligan las tasas a la lucha contra la pobreza energética.

Finalmente, desde la Plataforma por lo Público y Sin Recortes, Francisco Antolín mostraba su apoyo a esta iniciativa que pretende “que la gente más desfavorecida pase al primer plano”, y anunciaban que realizarán actividades didácticas para hacer llegar al conjunto de la sociedad este asunto.

EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA ESTAS TASAS

La posibilidad de cobrar una tasa a las empresas energéticas por el uso que hacen del suelo, el aire u otros recursos público ya venía recogida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en su artículo 20.

Sin embargo, pese a ser una posibilidad contemplada en la legislación estatal, no se había venido aplicando ante las trabas de las empresas del sector.

Hasta que, atendiendo a recursos judiciales de ayuntamientos que querían implantarlas, el Tribunal Supremo ha legitimado estas prácticas, lo que ha abierto la puerta a que los municipios que así lo dedican.

EN CANTABRIA, ENTRE UN 10 Y UN 23% DE LOS HOGARES SUFREN POBREZA ENERGÉTICA

Se entiende como pobreza energética la situación de un hogar que no puede pagar el coste de los servicios de energía para satisfacer sus necesidades básicas de consumo.

Según el último estudio de Asociación de Ciencias Ambientales-ACA-sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5,1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos años – desde 2012 a 2014.

Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética.

Para el caso de Cantabria, el estudio arroja un porcentaje de entre un 10 y un 23% de pobreza energética,  con una incidencia más acusada en las zonas rurales.

Estas situaciones tienen efectos en la salud de los afectados –y viceversa, las personas con problemas de salud son más susceptibles de sufrir pobreza energética–.

El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7.000 personas en esa época del año en todo el país.