Según el Ayuntamiento de Santander, los técnicos del departamento de Disciplina Urbanística, responsable de imponer las sanciones ante incumplimiento de las normas urbanísticas y de obras, se encontraban de vacaciones justo cuando se ordenó la paralización inmediata de las obras en Sol 57 (el edificio que sufrió un derrumbe parcial el pasado 19 de julio) que incumplían la licencia y que nunca llegaron a ser paradas.

Así lo asegura el arquitecto municipal Ramiro Amorrortu de Mesones en la documentación del expediente de investigación abierta tras el derrumbe, a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

En consecuencia, fue él quien, “como es habitual”, autorizó que se reanudaran las obras, ya que en el intervalo en que se había ordenado que se pararan ya se le había concedido la licencia de obra mayor que estaba incumpliendo, tal y como habían advertido los propios vecinos.

En el documento en el que asume la responsabilidad de ordenar que volvieran las obras, también admite que esos trabajos “podrían ser o haber sido objeto de un expediente de disciplina”.

Ese expediente nunca se abrió pese a comprobarse que no se cumplió la licencia, como comprobó la Policía cuando acudió a parar las obras (notificando una resolución que le había llegado días después de ser emitida pese a llevar la palabra «inmediata»). Más aún, César Díaz, el concejal de Obras, previos informes jurídicos y de arquitectura, archivó el expediente de obra ilegal abierto.

EL EMPRESARIO SABÍA QUE TENÍA LA LICENCIA; POLICÍA Y TÉCNICOS, NO

Cuando la policía fue a parar las obras, la empresa que les ejecutaba les dijo que ya tenían licencia. La llamada de la policía informando de que había aparecido la licencia fue contestada por Simone Kunz, del departamento de Fomento de la Concejalía de Obras, quien dijo desconocer que existía la licencia de obra mayor.

Esta técnico municipal hizo varias consultas, y después de realizarlas, estableció que podían reanudarse los trabajos, y eso que había mostrado, según la  Policía, «un gran interés» en que se paralizaran.

Ni la policía ni esa técnico de obras conocían que ya se había concedido la licencia, pero quien sí que lo sabía era el propio empresario que promovía la reforma, Guillermo Vega.

De hecho, según una cronología de los trámites realizada por la Policía, la comunidad de vecinos fue notificada tres días después que la empresa de que los trabajos podían seguir.

Fue ese mismo día cuando se activaron todos los informes necesarios para la resolución que ordenaba seguir las obras, que llegó al día siguiente. Es decir, la continuidad de las obras se había ordenado, telefónicamente, sin tener una resolución escrita.