La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha acordado este miércoles que presentará una reclamación patrimonial por los daños derivados de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, que se debió a la deficiente evaluación ambiental del bitrasvase del Ebro.

Por ello, y siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales, han acordado reclamar a la Comunidad Autónoma de Cantabria, a la Administración General del Estado y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), ya que entienden que recae en ellas la “responsabilidad por los perjuicios ocasionados a la ciudad”.

Creen que la mala evaluación del bitrasvase ha provocado daños en la ciudad que cifran en más de 3 millones de euros.

Insisten en que la anulación del Plan General se debió a una causa “externa y sobrevenida”, tal y como llevan meses denunciando la alcaldesa Gema Igual y el concejal de Urbanismo César Díaz.

La Junta de Gobierno se reunió este martes y ha encomendado a los servicios jurídicos a que presente las correspondientes reclamaciones ante cada una de las administraciones y organismos afectados, a los que ya se comunicó con anterioridad, en el mes de julio, cuáles podrían ser los efectos de la anulación del PGOU.

CIFRAN LOS DAÑOS EN MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS

Según señala el informe que han emitido los servicios jurídicos municipales, la elaboración del documento urbanístico fue un proceso que requirió más de ocho años de trabajo en los que el texto tuvo que ir adaptándose a diferentes leyes sectoriales que vieron la luz durante ese tiempo.

Con su anulación, todo ese trabajo de elaboración del plan y el coste que supuso para las arcas municipales “devinieron inútiles”, ya que “la redacción y tramitación de un nuevo plan deberá partir de cero”, tal como sostienen los servicios jurídicos municipales.

En su informe, explican que esto supone un daño “real” y “efectivo” para la ciudad que deriva de los “vicios intrínsecos” del proyecto del bitrasvase, que llevaron a su anulación por sentencia firme del Tribunal Supremo el 18 de diciembre de 2013.

Los servicios municipales cifran en 3.084.604 euros el daño causado, y creen que “si se hubiese motivado convenientemente la evaluación de impacto ambiental del bitrasvase, éste no se habría anulado. Y de no haberse anulado dicho proyecto de obra, el PGOU tampoco habría sido declarado nulo”.

Por ello, los servicios jurídicos municipales consideran que la responsabilidad patrimonial recae, en primer lugar, en la Administración regional, que fue quien actuó como autoridad ambiental en el procedimiento.

Además, recuerdan que la comunidad autónoma es también quien ejerce la supervisión en la aprobación de los planes generales de ordenación urbana y, a lo largo de la tramitación del PGOU de Santander, emitió cuatro informes avalando la garantía del abastecimiento a través del bitrasvase.

El informe alude, asimismo, a la responsabilidad de la Administración General del Estado, como autoridad sustantiva en el procedimiento de aprobación del proyecto del bitrasvase y al ser inicialmente competente sobre los espacios protegidos objeto de evaluación ambiental.

Y apunta, en tercer lugar, a la responsabilidad patrimonial de la CHC, por los informes previos y vinculantes que emitió certificando la suficiencia de recursos hídricos para Santander, sin que se comunicara con posterioridad contingencia alguna al respecto.

EL AYUNTAMIENTO NEGÓ QUE HUBIERA CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA CIUDAD

A pesar de tomar esta iniciativa, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander negó, durante los primeros meses tras conocerse la sentencia de la anulación del PGOU, que esto tuviera repercusiones económicas para la ciudad.

Durante la aprobación de los presupuestos de este años, la concejala de Economía, Ana González Pescador, negó que la anulación del Plan General de Ordenación Urbana fuera a tener efectos en las previsiones de ingresos y gastos hechas para este año.

Algo que llamó la atención ya en su momentos, pues este mismo PGOU preveía ingresos de hasta 500.000 euros durante los primeros 4 años de implantación, es decir, del periodo de 2012 a 2016. Así que quizá esta afirmación de la concejala de Economía, Ana González Pescador, no deja de ser una confesión de que el PGOU no tenía previsiones realistas.

En más de una ocasión el Ayuntamiento ha asegurado que la causa de la anulación es «externa y sobrevenida», e incluso han defendido que la sentencia que declaraba ilegal el bitrasvase fue posterior a la aprobación del PGOU. Sin embargo, lo cierto es que éste se aprobó un año después de que el bitrasvase del Ebro, que regula el abastecimiento de agua a la capital, tuviera una sentencia contraria de la Audiencia Nacional.

SIN NORMAS URBANÍSTICAS TRANSITORIAS

Por el momento, tampoco el Parlamento de Cantabria ha aprobado las normas urbanísticas transitorias que exigió el Ayuntamiento y el Partido Popular para dar cabida a algunos proyectos del Plan General, que quedaban anulados al volver a estar vigente el PGOU de 1997.

No ha habido progreso en la iniciativa, que rechazaban PSOE y Podemos y que el PRC había dejado entrever que no descartaba (este partido aprobó, junto al PP, el Plan General de 2012).

Estas normas se llevarían a cabo mediante una modificación de la Ley autonómica del Suelo, y se barajó la idea de introducirla en los presupuestos autonómicos de 2017, algo que solo apoyaban los populares.