El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la sentencia que emitió el pasado 5 de marzo a favor del abogado Miguel Gómez Cotera, en su juicio contra el Ayuntamiento de Santander por llevarle a una situación de discriminación.

De este modo, este martes el abogado ha conocido que se ha desechado el recurso del Consistorio santanderino, que solicitaba que se tumbase la anterior sentencia.

Miguel Gómez Cotera, abogado de la plusvalía

Ésta condenaba a la institución a anular la resolución municipal que obligó a Gómez Cotera a pagar 2.746,48 euros por la plusvalía frente a los 274,64 euros que tendría que haber abonado de haber podido acogerse a la bonificación, como sí pudo hacer por la misma situación otro familiar.

La plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) es el impuesto que recauda la administración local por la transmisión de viviendas en herencia, equiparable (y complementario) al de sucesiones en el ámbito autonómico.

La ordenanza de la plusvalía se modificó en Santander en el año 2015, para incluir bonificaciones del 90% siempre que se cumplan dos condiciones: que el inmueble constituya la vivienda habitual en los dos años anteriores a la muerte del familiar que genera la transmisión y que el valor catastral del suelo no supere los 60.000 euros.

El joven, que vivió en su casa hasta los 26 años, se marchó a Madrid a trabajar, cambiando el empadronamiento, aunque posteriormente regresó al domicilio cuando su padre enfermó. Pese a ello, él no pudo beneficiarse de la bonificación del 90% que sí disfrutó su madre.

EL AYUNTAMIENTO HA PUESTO TODO EN EL ASADOR

El Ayuntamiento anunció la presentación del recurso apenas dos días después de saberse la sentencia, amparándose en las recomendaciones de los informes técnicos municipales. Unos informes que ya fueron muy criticados por la primera sentencia del caso.

El exalcalde de Santander y actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, llegó a argumentar en un Pleno que el recurrente no vivía en la ciudad, algo que quedó desmentido por los certificados de empadronamiento que el Ayuntamiento expidió y que el propio alcalde había firmado. De hecho, el propio interventor llegó a tumbar un primer informe de un letrado municipal que la concejala de Hacienda, Ana González Pescador, había difundido en prensa al considerar que estaba hecho de encargo.

Tras esta sentencia, los partidos de la oposición –excepto los dos concejales que entonces militaban en Ciudadanos, David González y Cora Vielva- reclamaron que se modificara la Ordenanza de la Plusvalía antes esta sentencia, a lo que el Ayuntamiento se negó, asegurando que continuarían cobrando la plusvalía hasta que no hubiese una sentencia firme.

De echarse abajo por completo esta sentencia, el Ayuntamiento podría perder ingresos de hasta 7 millones de euros para la ciudad.