La expresidenta y el extesorero de la Junta Vecinal de Soto de la Marina, ambos elegidos en representación del Partido Popular, acusados de sustraer fondos de esta entidad local han devuelto los 43.148 euros sustraídos.

El grupo municipal socialista de Santa Cruz de Bezana, personado en la causa contra la ex presidenta y el ex secretario-tesorero de la Junta Vecinal de Soto de la Marina, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, aceptando la reducción de condena para los acusados a cambio de la devolución íntegra del dinero.

En concreto, la parte socialista ha acordado el sobreseimiento para la ex presidenta en atención a su edad, y la reducción de condena a seis meses y sanción económica para el ex tesorero que se inculpa de la totalidad de la autoría.

Los cerca de 43.148,78 euros sustraídos de la Junta Vecinal de Soto de la Marina han sido devueltos por los acusados, siendo la pasada semana consignados en los juzgados.

Este dinero será entregado a la Junta una vez el acuerdo entre las partes se concluya en sentencia judicial firme.

El grupo municipal socialista muestra su satisfacción por la recuperación del dinero ya que siempre ha sostenido que «si la expresidenta hubiera actuado como le exigía la obligación de su cargo, y el Partido Popular de Santa Cruz de Bezana hubiera actuado bien, se hubieran evitado estas graves consecuencias económicas para la Junta Vecinal, pues desde un primer momento se hubiera detectado el fraude, y nos habríamos ahorrado esta denuncia»

EL PROCESO

Entre los años 2009 y 2011, el tesorero de la Junta Vecinal de Soto de la Marina, José Manuel Pintado –empresario hostelero en Santander– derivó a través de banca electrónica más de cuarenta mil euros hacia una cuenta particular, que utilizaban él y la presidenta, como caja B, desde la cual realizó algunos pagos en efectivo quedándose el resto -según declaró ante el Juzgado de instrucción nº1-.

En su declaración, el extesorero aseguró que esta contabilidad paralela era manejada «de forma directa y exclusiva» por la presidenta y que, por tanto, desconocía para qué se empleaba.

Además, el propio extesorero apuntó en su día que la cuenta fue posteriormente cancelada con el ánimo de «ocultar» ese desvío de fondos. Esta ‘contabilidad B’ estaba registrada, según su versión, en un segundo libro de cuentas, ajeno al oficial, que estaría en manos de la presidenta.

Según la declaración del entonces tesorero, ambos dirigentes populares de la Junta vecinal solicitaron ayuda al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, entonces también gobernado por el PP y encabezado por Juan Carlos García, quien organizaría una reunión con el interventor del municipio.

Para solventar el desfalco entre la tesorería real de la Junta y la registrada en los Libros, el extesorero decidió agrupar en varios conceptos los descuadres.

En concreto, 18.000 euros realizados a la Parroquia en concepto de «reparación templo, 2ª entrega»; 950 euros por «gastos generales»; 8.500 en «gastos de difícil justificación» y 15.000 en «gastos de provisión campaña electoral 2011». En la instrucción del caso, se documentan las operaciones.

Tras las elecciones de 2011, la presidenta de la Junta, Maria del Carmen Anievas, dejó de convocar juntas, incluso las obligatorias por ley, para aprobar las cuentas de cada ejercicio y el balance económico.

Esta inactividad despertó las sospechas de algunos de los miembros de la pedanía, entre ellos el vocal socialista, quien en diciembre de 2013 solicitó la convocatoria de una Junta extraordinaria y urgente con el fin de tratar el estado de las cuentas y la liquidación de los ejercicios anteriores.

Tras varios requerimientos más por parte del grupo socialista, finalmente la sesión se celebró en marzo de 2014 y la presidenta informó entonces que los 42.800 euros que la Junta había acordado en 2009 disponer en un plazo fijo no figuraban en las cuentas bancarias. La presidenta señaló directamente al extesorero como supuesto autor material del robo.

Según la versión de la expresidenta, el tesorero retiró los 42.800 euros para la contratación del depósito, pero en su lugar dispuso de la cantidad para sus propios fines, entregando en la Junta Vecinal un certificado falso.