Con la «conciencia tranquila», pero también con escepticismo, intranquilidad o sensación de desprotección, así afrontan los miembros de Preguntar No Es Delito el juicio de este miércoles.

Hace tras años, para ellos empezó un proceso que hizo que una protesta tras un acto en la Universidad de Cantabria al que asistió el expresidente Ignacio Diego (PP) pasara de de ser una protesta por los recortes en educación -como tantas esos años– a un acto al que se les negó la entrada, a unos incidentes en los que algunos fueron agredidos por la escolta de Diego en lo que, paradójicamente, se acabó tornando en una denuncia contra ellos.

La que les lleva a juicio esta semana -en el que no estará como acusación ni el Gobierno de Cantabria ni el expresidente Ignacio Diego–, pero también a recibir numerosas muestras de apoyo.

Son siete acusados. Tres de ellos, Silvia Agudo, Diego San Gabriel o Mario Prado, recordaban la experiencia en una entrevista en EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM (103.2).,

DE LA PROTESTA AL ACTO QUE LES EXCLUYÓ

Imagen del vídeo

Cada uno acudió por varios motivos: Diego San Gabriel o Silvia Angulo al ver el acto del presidente o la convocatoria de protesta.

Pero Mario Prado estaba allí “de casualidad”, “haciendo gestiones” y se sumó al ver la “injusticia” de que no se dejaba pasar a estudiantes a un acto público en la universidad pública en base a un “veto selectivo” del que años después aún no se les ha trasladado el criterio.

Para Diego San Gabriel, quedó en evidencia que “el presidente no atendía a la comunidad universitaria: era un acto propagandístico”.

Y eso fue lo que detonó la protesta posterior. “Estábamos debajo, con ganas de protestar, de que se nos escuchara, nos limitamos a decir una serie de lemas”, recordaba Silvia Angulo.

DE AGREDIDOS A DENUNCIADOS

Imagen del vídeo

“Ellos hicieron un relato de guerra de que nuestra intención siempre era agredir al presidente, pero nosotros vimos como la escolta del presidente agredió a compañeros: yo lo vi, frente a mí”, narraba.

San Gabriel también se refiere a ese aspecto: “hay dos agresiones, de policías, primero pensábamos que era la escolta, se ve en los vídeos, no entiendo como agreden por la espalda, y además la segunda es cuando el presidente ya se ha ido”.

Sin embargo, meses después, les llegó la notificación de que comenzaba el proceso judicial, algo que Silvia recibió con “intranquilidad” y “sorpresa” por las alusiones a los daños y coacciones.

A partir de ahí, han vivido la “intranquilidad” con la sensación de “desprotección” dentro del sistema judicial, hasta el punto de que su compañero Mario cree que la instrucción previa no ha sido “imparcial”, achacándoles desde un primer momento “intenciones” sin tener “pruebas o argumentos”.

EL PAPEL CLAVE DEL VÍDEO

Mario relata una serie de imágenes, vídeos y declaraciones “contradictorios” por parte de la acusación, hasta que llegó el vídeo que desmonta la versión policial que siempre ha tratado de situarles a ellos como los agresores.

El vídeo que desmonta las acusaciones resultó clave en el proceso ya que, como recuerda Diego San Gabriel, “primero se desproporcionó”, hasta el punto de que en la primera petición de penas sumaban entre todos 12 años de prisión, y contra alguno de ellos se llegó a pedir dos. “Si no fuera por los vídeos, estaríamos peor”, añade.

“Intentaron montar un castillo, con el vídeo se les cae y tratan de seguir adelante para que no quede impune”, opinaba Mario en la entrevista en EL FARADIO.

ACCIONES DE APOYO

En el proceso han encontrado el apoyo de colectivos en defensa de la educación público, “que lo han hecho suyo”, ya que, recuerda, el objetivo de la protesta siempre fue denunciar los recortes educativos.

También les respaldan movimientos en defensa de las libertades, como Libres: “algo tiene que cambiar en el sistema judicial para que no se puede montar algo así desde la nada”, reflexionaba San Gabriel.

Además de la firma del manifiesto de apoyo, durante toda la semana hay varios actos

-Esta misma tarde una concentración en la plaza del Inter, a las 20 horas

-La propia asistencia al juicio, a las 8.30 del miércoles en los juzgados de la calle Alta.

-Una jornada de huelga en la comunidad educativa ese mismo día

-Y, dentro de ella, una manifestación frente a la consejería de Educación (en la calle Vargas, en el edificio de Ministerios), a las 12.00 horas.