Zuloaga se une al apoyo de la Ley de Vivienda Estatal de la PAH

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El secretario general del Partido Socialista de Cantabria (PSC-PSOE), Pablo Zuloaga se ha reunido con miembros representantes de la PAH, con los que ha analizado el problema de la emergencia habitacional y donde se ha comprometido a defender y promover la puesta en marcha de una Ley de Vivienda Estatal.

Revilla y Zuloaga son los últimos líderes políticos de Cantabria que se han unido a las propuestas de la PAH.

Así, el PSC-PSOE ha apoyado el texto de la PAH, con los que asegura que ha compartido sus objetivos, su espíritu y la mayor parte de sus ideas propuestas.

En el encuentro, Zuloaga ha agradecido a la PAH «la iniciativa de promover medidas que atiendan a las personas en casos de emergencia social», lo que considera una «acción encomiable» en defensa de «quienes peor lo están pasando».

Al igual que ha hecho Miguel Ángel Revilla, el líder del PSOE en Cantabria se ha comprometido a promover que en el Congreso de los Diputados pueda ser debatido el texto de la PAH, con el fin de crear una Ley de Vivienda Estatal.

Algo que ha recordado que es «importante» porque servirá para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que se tramite una ley de estas características «ya que en la actualidad el Gobierno ni está legislando ni está dejando legislar a las Comunidades Autónomas».

LAS CINCO DE LA PAH

El texto firmado por ambas organizaciones recoge las cinco reclamaciones de la PAH, entre las que destacan la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible, Stop Desahucios, impulso de la vivienda social y garantizar los suministros básicos.

Más concretamente, se busca que se apliquen mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda; así como fomentar la inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas y la eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.

En cuanto al alquiler social, la PAH pide que se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar una mayor seguridad y estabilidad; así como que se amplíe a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia; además de que se establezca un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.

También solicitan que haya una moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, así como la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio. También se reclaman más ayudas para pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor, y la obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación.

En los casos de realojos, piden que se asegura el Derecho de Arraigo, ofreciéndolos en el mismo municipio y barrio.

También la PAH reclama que se movilicen las viviendas vacías mediante incentivos y medidas que permitan que las mismas salgan al mercado, se incremente el parque público de vivienda y que se apliquen alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.

En cuanto a los suministros, solicitan un principio de precaución, que garantice no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las afectadas, así como una tarifa social, es decir, un pago en función de la capacidad adquisitiva.

Además, reclaman que no se asuman las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.

OFICINA DE EMERGENCIA HABITACIONAL

El Gobierno ha habilitado una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda

En Cantabria hay establecida desde 2016, una Oficina de Emergencia Habitacional qye el año pasado atendió 174 casos, de los cuales 82 se encontraban en una situación de emergencia que les impedía el acceso a una vivienda digna.

En concreto, 45 tenían el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado o finalizado y a 37 se les había abierto el trámite de desahucio de alquiler o era previsible por impago.

El año pasado se evitó que 26 familias fueran desahuciadas de sus viviendas, 5 por incumplimiento del pago de la hipoteca y 21 por impago de alquiler, y se alojó a 22 familias en el parque público de alquiler.

La oficina tiene habilitada una web http://emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es, mediante la cual se puede acceder a toda la información relativa al servicio público de asesoramiento, intermediación y orientación que desarrolla este departamento, integrado en Gesvican.

Igualmente, se han habilitado dos teléfonos, 942 318 980 y 942 318 982, en los cuales se puede solicitar cita previa para concertar una fecha de atención en la oficina, situada en la calle Juan de Herrera 2-4 5ª planta (Santander), junto con la dirección de correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es para aquellos que deseen utilizar este soporte.

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