Los problemas surgidos en los ayuntamientos y entre los contribuyentes por la sentencia que declara inconstitucional el impuesto sobre la plusvalía municipal ha despertado la preocupación de instituciones políticas y judiciales.

Los efectos de la sentencia del Constitucional se han interpretado de diferente manera en los juzgados.

Así se reflejará en una jornada que tendrá lugar, este miércoles, en la Facultad de Derecho de Cantabria y que ha organizado el Gobierno de Cantabria.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, abrirá la jornadas tras la cual habrá una mesa redonda que analizará el presente y futuro de este impuesto desde tres puntos de vista: el Poder Judicial, los ayuntamientos y la Universidad de Cantabria.

En ella intervendrá el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada; el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad, Juan Enrique Varona, y el jefe de Inspección de Tributos del Ayuntamiento de Santander, José Manuel Hurtado.

La inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana – conocido como plusvalía- ha generado problemas en los ayuntamientos, por ser una importante fuente de su financiación.

El impuesto de la plusvalía es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, y se aplica en la transmisión de la propiedad de los mismos.

Del mismo modo, los efectos que invalidan el impuesto no están claros y están siendo interpretados de forma contradictoria por los tribunales ordinarios, generando numerosos litigios e inseguridad jurídica.

A este foro, organizado por el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), asistirán más de medio centenar de técnicos y miembros de los ayuntamientos.

EN SANTANDER DESCUADRA LA PREVISIÓN DE INGRESOS ANUALES

Precisamente la aplicación de las diferentes sentencias, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, del Supremo y del Constitucional, descuadra las previsiones de los presupuestos en municipios como el de Santander.

Tal y como ha publicado recientemente EL FARADIO, el informe económico recogido en los documentos de los presupuestos para 2018, aprobados este mes de noviembre con el único apoyo del tránsfuga David González, refleja que la previsión de ingresos para el próximo año es de 700.000 euros menos que en 2017.

Todo ello, según aclara el informe, siguiendo el “principio de prudencia”, y “a la vista de los recursos interpuestos hasta la fecha”, ya que aunque la sentencia relacionada con las bonificaciones en Santander es firme, se está pendiente de lo que decida el Constitucional ante las múltiples quejas en todo el país que básicamente cuestionaban, con apoyo legal, que se aplicará un impuesto al incremento del valor de los terrenos en un momento en que estos estaban perdiéndolo.

De hecho, señala que “en el supuesto de que se produzca la estimación de todos ellos, el importe a devolver por el Ayuntamiento podría ser de 2.815.000 euros”.

Según otro informe, en este caso elaborado por el Interventor, la “contradictoria interpretación” de las sentencias judiciales provoca “incertidumbre jurídica” que se traslada a las previsiones del impuesto de la Plusvalía en “la seguridad de la recaudación de la misma”.

El riesgo es dejar de percibir el 6,02% de los ingresos corrientes municipales previstos para el próximo año si es que se paraliza “de manera radical” la aplicación del impuesto.