Absuelto un club cannábico acusado de delito contra la salud pública

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La Asociación Cannábica Bolera Besaya ha sido absuelta de los delitos que les acusaban contra la Salud Pública y Asociación Ilícita.

El Juzgado de lo Penal 4 de Santander ha sobreseído la causa contra tres de los responsables del club, concretamente el presidente, el secretario y el tesorero.

Los tres responsables de la asociación de consumo terapéutico han sido absueltos.

La sentencia, contra la que cabe apelación, fue emitida el pasado 26 de diciembre y ha sido difundida hoy mismo por el abogado que ha llevado el proceso, Antonio Bezanilla.

Bezanilla ha valorado, en declaraciones a EL FARADIO, la sentencia como “una buena noticia para el sector del asociacionismo cannábico”, sobre todo tras las últimas suspensiones de legislaciones autonómicas.

No obstante, lamenta que se elude un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, es decir, el hecho de que estas asociaciones “no tienen una incidencia sobre la salud pública” sino que se enmarcan dentro de la responsabilidad y la mayoría de edad de sus miembros para tomar sus propias decisiones.

Los tres acusados se enfrentaban a penas de 4 años de cárcel y a multas de 17.400,62 euros por un supuesto delito contra la salud pública cada uno, además de otra de 15 euros diarios durante 14 meses por un supuesto delito de Asociación Ilícita.

El Ministerio Público también solicitaba la disolución de la Asociación Cannábica, que cuenta con unos 250 socios. De hecho, una de las cuestiones que planteaba la acusación como agravante es que la entrada al club no está cerrada, sino que cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos en los estatutos podía entrar.

En diversas actuaciones policiales se encontró una plantación situada en los bajos de un local propiedad de la suegra de uno de los acusados, que servía para proveer a los socios, mayores de edad que utilizan el cannabis de forma terapéutica.

Sin embargo, la sentencia recalca que aplicar la doctrina del Tribunal Supremo sobre los delitos contra la salud pública en referencia al consumo de drogas es muy difícil en el caso de iniciativas asociativas.

“El cultivo para el exclusivo consumo personal es contrario a la legalidad, pero carece de relieve penal”, apunta la sentencia, que también considera que “es obvio que el cannabis cultivado no estaba destinado a fines industriales”.

Además, recuerdan que en 2014 se sobreseyó un auto sobre hechos que ocurrieron el 7 de enero donde se interceptó al tesorero de la asociación en un vehículo transportando 400 gramos de cannabis procedentes de la asociación.

Ante esto, la sentencia considera que “los encausados racionalmente pudieron entender” que “su actividad era lícita”.

«ES UN NUEVO TRIUNFO PARA AQUELLOS QUE TRABAJAMOS POR UNA DESPENALIZACIÓN»

En Cantabria, el político que ha puesto en el marco público la injusticia de la persecución a los enfermos que usan cannabis terapéutico ha sido el portavoz del PP en el Parlamento, Eduardo Van den Eynde.

En declaraciones a EL FARADIO, el diputado cántabros se ha mostrado “muy contento porque se hace justicia con un colectivo que no solo no ha atentado contra la salud pública, sino todo lo contrario”.

Y es que defiende que desde estas asociaciones se ofrece “atención desinteresada a decenas de pacientes que utilizamos cannabis terapéutico”. También cree que este es un “nuevo triunfo para los que trabajamos por una despenalización y una regulación responsable”, ya que “se reconocen además sus derechos personales a usar el cannabis como sustancia lúdica en un entorno privado y con garantías sanitarias”.

Van den Eynde fue uno de los participantes este año en unas jornadas sobre cannabis organizadas por Podemos, a la que acudieron, entre otros, la presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, Carola Pérez. 

Y el pasado mes de abril el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad pedir al Gobierno central que regulara el uso terapéutico del cannabis.

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